Esta columna es la continuación de Agrotóxicos: la denuncia en su laberinto
Son las diez de la mañana del lunes y estamos un grupo de diez vecinos en la casa de Hugo, esperando a que tenga lugar la visita de los funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Desde el MGAP habían avisado que vendrían por aquí a constatar la denuncia realizada hacía poco sobre una fumigación aérea de agrotóxicos que había causado malestares físicos en varias personas, debido no sólo a la deriva sino también a que sobrevoló casas y fumigó autos que circulaban sobre la ruta 50. A las once de la mañana llegan cuatro personas en dos camionetas. Se juntan con nosotros y dos de ellos se presentan; los otros dos se quedan callados, en segundo plano. Nos explican que vienen hasta aquí a labrar un acta de lo sucedido y a tomar muestras para su análisis.
Se arma una ronda y todos participamos: explicamos, denunciamos, preguntamos, proponemos. Los funcionarios se limitan a explicar la normativa vigente, a hablar de los planes y pruebas piloto que está llevando a cabo el ministerio desde hace unos años, y a explicitar su absoluta imposibilidad de cambiar algo. Sin embargo, una conversación completamente inútil se extiende sin rumbo, entre indignaciones, incomprensiones y contradicciones. En un momento, uno de ellos dice que el ministerio tiene control de todas las fumigaciones del país. Le preguntamos si tienen los datos del arrendatario de las tierras fumigadas y de la empresa responsable. Afirman que sí, y señalan a los dos señores que hasta ese momento se habían mantenido en silencio.
La actitud de los referentes públicos hacia los vecinos genera un incómodo y tenso silencio. Para sorpresa de todos nosotros, nadie los había presentado. Comenzamos a increparlos y a pedirles explicaciones. Frente a cada pregunta, la respuesta es la misma: hicieron todo de acuerdo con la reglamentación vigente, según ellos mismos, y si fuera necesario volverían a hacerlo. No hay forma de comprobar si cumplieron o no con la reglamentación: no tenemos el plan de vuelo, no hay ninguna documentación ni control público que permita corroborar qué es lo que fumigaron, no hay facturas que permitan saber dónde se compraron los productos (el avión vino a Colonia desde Rivera).
La conciliación no prospera y el conflicto de intereses aflora claramente. Al arrendatario lo que le importa es el negocio, no la salud de la gente ni del ambiente.
El arrendatario del campo presenta los hechos como si fueran la verdad. Los funcionarios no saben cómo comportarse, piden disculpas por todo y sobre todo por no saber qué hacer. Ya es sabido que para las viviendas rurales no hay límites de distancia para fumigar. Un absurdo. La conversación se va calentando y el arrendatario se va poniendo violento. El diálogo no avanza, así que después de más de dos horas los vecinos les pedimos a los funcionarios que hagan lo que vinieron a hacer. De una carpeta uno comienza a sacar formularios y más formularios, mientras el otro está entretenido conversando con una señora. La escena es absurda. Parece más un día de campo que representantes de un ministerio apoyando a los ciudadanos. No saben explicar el procedimiento, no lo conocen. Da la impresión de que no han sido capacitados para situaciones como esta.
Uno de ellos, en el afán de pacificar la tensión, le solicita al arrendatario que, en aras de ser buen vecino, la próxima vez que fumigue les avise a los vecinos para que puedan protegerse metiéndose en sus casas. La respuesta es un “no” rotundo. No es responsabilidad de él avisar. Yo me ocupo de mi negocio, que otros se ocupen de ustedes. La conciliación no prospera y el conflicto de intereses aflora claramente. Lo que le importa es el negocio, no la salud de la gente ni del ambiente. El otro funcionario sigue llenando papeles con la mano temblorosa, confundido, superado. Uno no puede dejar de preguntarse acerca de cuál es el rol del Estado.
Finalmente, termina el labrado de actas a denunciante y denunciados, el piloto y el arrendatario. Con dos bolsas plásticas se aprestan a extraer muestras. Esto sucede 15 días después de la denuncia y luego de haber caído 160 mm de lluvia. Difícil que encuentren algo en las muestras. Los funcionarios nos preguntan de dónde tienen que extraer las muestras. Eso deberían saberlo ustedes, les respondemos sorprendidos. El arrendatario los convence de que no tiene sentido ir al campo fumigado, ya que seguramente no encontrarán rastros de lo fumigado, mientras nosotros insistimos en que sí deben sacar muestras del campo fumigado. Los funcionarios no van, y así nos perdemos la posibilidad de saber si efectivamente es cierto lo que dicen acerca del producto con el que han fumigado. Recogen yuyos del suelo de la casa de Hugo. Los ponen en unas bolsas y dicen que gracias por todo, que la reunión terminó allí. Todos los vecinos nos vamos. El arrendatario se aleja con ellos y continúan conversando, violando todo código de ética. ¿Querrá convencerlos de algo? Imposible saberlo. En algunos días el ministerio emitirá un dictamen de acuerdo con las actas labradas. No es difícil imaginar el resultado.