En el período 2021-2025 la Intendencia de Colonia recaudaría 980 millones de pesos por el impuesto al alumbrado, que los contribuyentes abonan junto a la factura de UTE. De ese monto, la comuna invertiría 750 millones de pesos en el pago de los salarios de los funcionarios de la Dirección de Electrotecnia, de la energía eléctrica y en el mantenimiento de la red lumínica.
Esos números se desprenden de un análisis que la bancada del Partido Socialista del Frente Amplio (FA) ha hecho del proyecto de presupuesto que ingresó a la Junta Departamental. De acuerdo a la opinión de ese sector político, la ley que dio origen a ese tributo impide que las comunas destinen el dinero recaudado por ese concepto a otras actividades, explicó el edil José Manuel Arenas.
El edil recordó que “a diferencia de otros tributos que cobra la intendencia”, el impuesto al alumbrado “estaba incluido en la ley de presupuesto de 2015 y fue el corolario de un acuerdo histórico entre el gobierno nacional encabezado en ese entonces por el FA y las intendencias”. Este entendimiento permitió “dar por finalizadas las millonarias deudas que los gobiernos departamentales mantenían con UTE” y “asegurar que no se registraran en el futuro”, según dijo.
Arenas explicó que la creación de ese tributo impuso una condición: “Que la recaudación por el alumbrado tiene que tener una razonable equivalencia con el consumo, el mantenimiento y la extensión de ese servicio”, lo cual no se aplicaría en el presente período en función de las estimaciones previstas en el proyecto de presupuesto quinquenal de la Intendencia de Colonia.
El edil socialista explicó que en el último quinquenio no se registró un excedente favorable a la comuna coloniense por la recaudación de este impuesto, ya que se realizaron millonarias inversiones en el recambio de luminarias a la tecnología LED, que permitieron “ubicar a Colonia en una posición de vanguardia a nivel nacional”.
“Hasta el momento la Intendencia de Colonia no se había quedado con un excedente considerable a partir de lo recaudado con ese impuesto”, indicó.
Arenas dijo que “para corregir” esa situación, “existen tres caminos de solución”. “El primero es bajar el monto del impuesto de modo general, lo cual llevaría a una injusticia tributaria, porque no se puede tratar igual a todo el mundo”; “otra solución sería exonerar del pago del impuesto a determinado sector de la población (complejos habitacionales, viviendas Mevir, por ejemplo)”; y “el tercero sería aumentar la inversión en iluminación”.
Arenas considera que cuando las bancadas analicen el proyecto de presupuesto quinquenal “habría que empezar a conversar sobre las posibles soluciones a este tema, que podrían ser exoneraciones específicas, pero que finalmente son de iniciativas privativas del intendente” Carlos Moreira.
“Nosotros creemos que debería haber un tratamiento diferencial para las cooperativas de viviendas, que deberían ser exoneradas total o parcialmente de ese impuesto, al igual que los complejos habitacionales o los barrios en los viven personas que fueron realojadas”, dijo Arenas, quien recordó que actualmente los beneficiarios de los programas del Ministerio de Desarrollo Social y quienes no cuentan con un pico de luz a menos de cien metros de sus viviendas están exoneradas del pago de ese tributo.