La semana pasada la bancada de ediles del Frente Amplio (FA) en la Junta Departamental de Colonia presentó una moción para convocar a sala a los concejales y a la alcaldesa de Miguelete, María Elena Martín. El objetivo de la bancada frenteamplista apuntaba a que los integrantes de ese municipio coloniense “informen lo que ha acontecido en esa localidad y sobre las denuncias que son importantes desentrañar”, entre ellas, el acarreo de tierra realizados con maquinaria municipal hacia un campo que es propiedad del padre de la alcaldesa.
En principio, los ediles frenteamplistas contaban con el tercio de votos exigidos por el reglamento para efectuar un llamado a sala a los miembros del municipio de Miguelete según el criterio establecido en instancias anteriores. Sin embargo, la bancada del Partido Nacional (PN) planteó que a diferencia de lo que acontece con el llamado a sala a un intendente, para lo que se requiere un tercio de los votos, para convocar a los miembros de un consejo municipal resulta necesario contar con mayoría simple, es decir, la mitad más uno del total de ediles, una cifra que no puede alcanzar el FA con sus integrantes en la Junta Departamental. De ese modo, el PN cambió el criterio que utilizó hace unos meses cuando el deliberativo comunal aprobó el llamado a sala a los integrantes del municipio de Colonia Valdense.
Para el edil José Manuel Arenas (Partido Socialista, FA), la interpretación de la reglamentación efectuada por los ediles nacionalistas en esa instancia resulta “irracional e increíble”. La Constitución establece que “un tercio de los integrantes de la Junta Departamental puede convocar a sala a un intendente”, mientras que la Ley de Descentralización determina que los ediles departamentales “con los municipios pueden ejercer los mismos mecanismos de contralor que ejercen con el intendente”, dijo Arenas a la diaria. Por lo tanto, “ese artículo prevé que con un tercio de los votos pueda llamarse a sala a los integrantes de un municipio, tal como ya aconteció cuando fueron citados los concejales del municipio de Colonia Valdense”, interpretó el edil socialista.
La bancada del PN “impuso su mayoría y, por lo tanto, prevaleció una interpretación de la ley que, a nuestro juicio, es violatoria de la Ley de Descentralización y de los principios republicanos que rigen al país, por lo cual es una afrenta para los derechos de las minorías”, aseveró Arenas. Este diferendo surgido entre el oficialismo y la oposición a la hora de leer la reglamentación será zanjado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, según se resolvió en esa misma sesión de la Junta Departamental.
El cambio de criterio interpuesto por el oficialismo determinó la “imposibilidad” de que la alcaldesa de Miguelete concurra al plenario de la junta coloniense en los próximos días “resulta inconveniente para la involucrada, dado que se le ha puesto en el ojo de la tormenta con estos hechos y no podrá dar su posición al respecto”.
Arenas comentó que él ha estado en Miguelete. “He conversado con mucha gente que apoya a la alcaldesa, porque su accionar pudo haber ido contra la reglamentación, pero fue hecho con buena voluntad”, señaló. Sin embargo, “ahora la actitud del PN termina arrojando un manto de dudas y sospechas sobre un panorama que, en principio, yo tenía claro”, disparó el edil frenteamplista.
Múltiples investigaciones
Tras los fallidos intentos de convocar a sala a las autoridades del municipio de Miguelete, la bancada del FA presentó una denuncia sobre supuestas irregularidades en la Fiscalía de Rosario a principios de febrero. Lo mismo hizo días atrás el concejal colorado Héctor Rodríguez en la Fiscalía de Colonia, donde finalmente estarán concentradas ambas denuncias.
El diputado nacionalista Mario Colman cuestionó que el FA no votara la creación de una comisión investigadora en la Junta Departamental sobre ese caso y que optara por efectuar una denuncia penal, en una entrevista publicada por la diaria en la edición del 24 de febrero.
El edil comunista Carlos Fernández dijo a la diaria que su bancada votó en contra de la conformación de una comisión investigadora porque el PN “conduciría la línea” de la pesquisa y “bloquearía cualquier otra que proponga la investigación” para “terminar durmiéndola”. Agregó que “la idea” del PN radica en “posicionar a Martín como una persona de bien, que no fue cuidadosa pero que no tuvo beneficios propios” en el acarreo de la tierra al campo de su padre. “Eso no es cierto, porque esa tierra se utilizó para tapar un gran zanjón que existía en ese campo”, lo cual “cambió las condiciones de ese suelo y aumentó su valor económico”, señaló Fernández. Dijo, además, que el ejecutivo departamental no ha respondido pedidos de informes realizados al respecto por la bancada de la oposición, que “es el mecanismo que tenemos para hacer los controles”. “Si no nos dan la información ni tampoco dan el cuórum para hacer las sesiones, es imposible hacer el contralor del ejecutivo y de los municipios”, sostuvo el edil.
En paralelo, en el marco de la investigación administrativa que ha encarado la Intendencia de Colonia “no se ha comprobado que la alcaldesa Martín haya obtenido beneficios personales”, según adelantó el diputado Colman en una entrevista realizada por Radio del Oeste.
Por su parte, y tras un prolongado silencio, la alcaldesa Martín se refirió a las denuncias realizadas en su contra, en el marco de la presentación pública del informe de gestión de ese municipio, al cual no concurrieron los restantes miembros de ese concejo. Allí la alcaldesa del municipio de Miguelete dijo estar “tranquila ante las acusaciones y denuncias que se han hecho”.
No obstante, expresó sentirse “preocupada” por su familia y “por mi pueblo, porque yo no entré al municipio para sacar nada, porque no preciso nada, lo hice porque siempre trabajé por el pueblo, que fue quien me eligió. La alcaldesa de Miguelete lamentó que a ese acto “no hubiera ido más gente y que no estuvieran mis compañeros concejales para que me escucharan”