En octubre de 2021, la Junta Departamental de Colonia conformó una comisión investigadora para analizar los hechos de corrupción en el municipio de Florencio Sánchez que culminaron con las condenas del exalcalde Alfredo Sánchez, de varios familiares suyos y de un empresario ligado a la construcción, en el marco de una investigación a cargo de la fiscal letrada de Rosario, Sandra Fleitas.
Dicha comisión sesionó entre noviembre de 2021 y abril de este año. Estuvo integrada por cuatro representantes del Partido Nacional (PN), dos del Frente Amplio (FA) y uno del Partido Colorado (PC). Los ediles analizaron las pruebas documentales -sentencia judicial, investigación de la Intendencia de Colonia, acta de sesiones del municipio, entre otras- y entrevistaron a los restantes concejales de Florencio Sánchez, y a los directores de Obras, Hacienda y Jurídica de la comuna coloniense.
El informe de la bancada del PN lleva las firmas de los ediles Julio Basanta, Agustina Durquet, Alejandro Fioroni y María Isabel Roselli, y subraya que “sin la comprensión cabal de la aplicación y alcance” de la Ley de Descentralización y las normativas que regulan el funcionamiento y la gestión del Estado resulta “complicado valorar la magnitud del quebrantamiento contumaz que el jerarca involucrado realizaba recurrente y sistemáticamente de la normativa administrativa”.
Según este documento, el exalcalde actuó “estimulado en una suerte de continuidad en el tiempo” debido a la “actitud pasiva de los restantes integrantes del municipio” que “no estuvieron involucrados en los hechos que se investigan” pero fueron “renuentes en ejercitar los controles que les atribuye la ley”.
Los ediles nacionalistas aseguran además que las autoridades de la intendencia se enteraron de las irregularidades “a través de la prensa”. Entre las irregularidades, los ediles blancos destacaron la aparición de órdenes de compra en blanco firmadas por el exalcalde, entre otras.
Si bien la condena de Alfredo Sánchez también estuvo propiciada por irregularidades en el manejo de la obra pública financiada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), los ediles blancos establecieron que esa oficina del gobierno central “no hizo objeciones a las obras desarrolladas y enviaba el dinero a Florencio Sánchez”, a pesar de que el exalcalde manejaba esos recursos de manera discrecional.
Sánchez cometió un “apartamiento recurrente de los preceptos del Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera) y de las normas de la buena administración” y “no hacía llamados a licitación pública”, agregan en el documento.
El exalcalde Sánchez, “secundado por dos integrantes concejales de dicha corporación”, desarrolló “el manejo de la hacienda pública y la gestión del municipio” en un “ámbito de discrecionalidad donde la voluntad del jerarca era la regla de derecho y la excepción, la aplicación de las normas de buena administración”.
Los ediles oficialistas reclamaron la intervención del Tribunal de Cuentas para dimensionar “los daños y perjuicios originados a la hacienda pública”.
La postura en el Frente Amplio
Desde el inicio de la actual gestión de gobierno departamental, la bancada de ediles del FA de Colonia muestra señales de fractura interna. La situación también quedó al descubierto al momento de abordar las irregularidades en el municipio de Florencio Sánchez, donde los ediles actuantes por la coalición de izquierda presentaron informes por separado.
Por un lado, el edil comunista Carlos Fernández estableció que el ejecutivo departamental “tiene grandes problemas con los mecanismos de contralor”, mientras que el exalcalde Sánchez “utilizó beneficios que otorgaba la intendencia para conseguir votos”. Fernández dice que el funcionario investigado por la Justicia “tenía ese apodo de hombre de las mil gauchadas que en definitiva era para beneficiarse él y algunos más”.
Fernández comentó, además, que “no debería pasar” que la empresa del hombre condenado por este caso, así como otras dos vinculadas a familiares directos suyos, continúen siendo contratadas por la Intendencia de Colonia.
Por su parte, el edil socialista José Manuel Arenas puso el foco en las maniobras irregulares pergeñadas por Sánchez, sus familiares y otros funcionarios municipales.
La contratación de empresas monotributistas “creadas para trabajar a la orden del alcalde” generaron “una maquinaria llena de vinculaciones cargadas de opacidad, lo que abona la tónica poco transparente que impulsaba su accionar”, cuestionó . “No se trataba de emprendedores preestablecidos dedicados a ciertos giros que el municipio contrataba para realizar tareas puntuales, sino que eran empresas que se creaban en acuerdo con Sánchez para ser contratadas”, subrayó Arenas.
El edil opositor concluyó que “indudablemente todo el accionar delictivo constatado, que tiene como bien jurídico dañado la administración pública, implicó un funcionamiento del municipio de Florencio Sánchez totalmente irregular, despreocupado por el cumplimiento de las normas que deben regir el desempeño de las funciones públicas”.
La visión del Partido Colorado
El edil colorado Gabriel Gabbiani estableció que Sánchez y su secretaria “planificaban todas las actividades que pudieran realizarse con recursos del municipio y procuraban que parte del mismo quedara en sus manos para emplearlo en beneficio personal”.
El alcalde entregaba órdenes de traslado “únicamente a determinados funcionarios” y “distribuía materiales y canastas de alimentos adquiridos por el municipio o la intendencia de Colonia a determinados ciudadanos a cambio de que lo votaran”, subrayó el edil colorado. Además, el “hombre de las mil gauchadas” ordenó el pago de compensaciones “por funciones que no realizaban”, entregó materiales de construcción y facilitó el uso de maquinaria municipal a su secretaria y a su nuera, que también era concejala en ese municipio.
Al igual que los restantes ediles, Gabbiani cuestionó la falta de contralor a los restantes concejales del municipio de Florencio Sánchez, al ejecutivo comunal y también a la Junta Departamental de Colonia.
“Independientemente de las acciones a nivel judicial, las pruebas diligenciadas constatan la imputación de faltas administrativas graves de los actores mencionados, que corresponde sean sancionadas con la rigurosidad acorde, sin perjuicio de desprolijidades administrativas a subsanar en lo que hace a la común actuación de los alcaldes del departamento”, concluyó el edil colorado.