En agosto de 2021 la Suprema Corte de Justicia emitió una acordada en la que se determinaba el cierre de 20 juzgados en el interior del país. Una semana después ese órgano dejó en suspenso esa decisión, que había sido criticada por los funcionarios del Poder Judicial y legisladores de la oposición y el oficialismo de las zonas afectadas.
Si bien los legisladores oficialistas coincidieron en la importancia de los juzgados de paz, no ha aparecido el dinero necesario para mantenerlos abiertos. En efecto, la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores no incorporó al proyecto de Rendición de Cuentas los recursos para evitar el cierre de los juzgados de paz de Nueva Helvecia, Castillos, Sauce y Villa Rodríguez, según informó la diaria en octubre.
El Poder Judicial solicitó 17.025.301 pesos con destino a Juzgados de Paz Seccionales del interior del país “para financiar su continuidad”, pero el Poder Ejecutivo no contempló este pedido en el proyecto que se está estudiando en la Cámara de Diputados, según explicó el presidente de la SCJ, John Pérez, en una reunión que mantuvo con integrantes de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, en el marco de la discusión por la Rendición de Cuentas.
Tras ese encuentro, el diputado del Frente Amplio por Colonia, Nicolás Viera, dijo que “los juzgados de paz en el interior del país están en riesgo porque el Poder Ejecutivo decidió no darle recursos al Poder Judicial para detener el cierre”.
“Si los recursos no aparecen, a partir del 1° de enero de 2023 seguramente la Suprema Corte de Justicia no tendrá otra alternativa que suprimir estos juzgados de paz, entre ellos el de Nueva Helvecia”, agregó el diputado coloniense. “Asumimos el compromiso de poder conseguir ese dinero porque es imprescindible para la vida de las comunidades del interior del país. Conseguir estos recursos depende de la voluntad política del gobierno”, concluyó el legislador.
“Un problema horrible”
En una entrevista realizada en agosto, el presidente del Colegio de Abogados de Colonia, Sebastián Landechea, dijo a la diaria que los cambios propuestos por la SCJ generarán “un problema horrible” en las localidades afectadas. El abogado, que tiene su estudio en Tarariras, explicó que esa situación “no sólo perjudicará a los profesionales que trabajamos en esas localidades, sino, sobre todo, a los sectores más vulnerables de la población”.
Landechea puso como ejemplo la labor que hasta el momento realizan los juzgados de paz en la atención a los problemas de violencia doméstica y de género, así como a menores que se encuentran en desamparo.
“En esas situaciones muchas veces las denuncias se realizan en los juzgados de paz, y cuando la realizan a la Policía, esta avisa al juzgado de paz y toma las primeras medidas. En este momento estamos viviendo una pandemia oculta, con los femicidios, la violencia doméstica y menores en situaciones de desamparo, y al no tener un juez cerca no hay quien tome las primeras medidas ni quien pueda tomar las declaraciones de forma rápida”, argumentó el profesional.
Según el abogado, “no se le puede pedir” a una mujer que está siendo agredida “que tome un ómnibus y se traslade a más de 40 kilómetros para hacer una denuncia judicial cuando, a veces, no se anima hacerla en la Policía”.