La Intendencia de Colonia canceló la deuda que mantenía con los antiguos propietarios del terreno donde se construyó el hospital Samuel Bertón de Colonia del Sacramento, según anunció el jefe comunal Carlos Moreira. “La intendencia ha cumplido con todas sus obligaciones. El 20 de agosto pagamos la cuota número 12 y abonamos con fondos propios exclusivamente unos 2,3 millones de dólares”, explicó.
El jefe comunal coloniense destacó “el esfuerzo que ha hecho la comuna para honrar la deuda que se contrajo en la administración anterior”, encabezada por el exintendente Walter Zimmer. Tras cancelar esa deuda, la Intendencia de Colonia procura realizar la escrituración de ese terreno, mientras negocia con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y con la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) el traspaso del antiguo edificio del hospital coloniense, ubicado en el centro de esa ciudad, al ámbito municipal “para luego evaluar su destino”. Moreira dijo que, en caso de tomar el control del edificio, la comuna coloniense ordenaría su demolición dado el mal estado en que se encuentra.
Una larga historia
En junio de 2021, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) avaló el reclamo de los antiguos propietarios del terreno donde se construyó el hospital Samuel Bertón, la familia Porras, que reclama un pago superior a los dos millones a la Intendencia de Colonia.
Varios mojones precedieron a este desenlace. En el primer período de gobierno nacional del Frente Amplio (2005-2010) el Poder Ejecutivo resolvió construir un nuevo hospital público en Colonia del Sacramento dadas las pésimas condiciones en las que se encontraba el nosocomio que funcionaba en el centro de esa ciudad. Las negociaciones desarrolladas entre ASSE y Zimmer determinaron que la comuna haría frente a los costos de expropiación para levantar un nuevo hospital público. A cambio recibiría el viejo inmueble donde funcionaba el centro de salud.
Para concretar ese objetivo, la intendencia optó por expropiar un extenso predio ubicado frente a la avenida Batlle y Ordóñez, que durante muchos años había usufructuado el Ministerio de Defensa Nacional, pero cuya propiedad correspondía a privados, sucesores de la familia Porras.
En ese terreno también fueron construidas medio centenar de viviendas en el marco del programa de realojo de la denominada Villa Ferrando, desarrollado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en acuerdo con la Intendencia de Colonia.
En 2009, siguiendo los lineamientos de la Dirección de Catastro, la comuna coloniense depositó en la sede judicial 150.000 dólares correspondientes a la expropiación del terreno. Esa cifra estaba muy alejada del millón de dólares solicitado por los propietarios del predio para concretar la transacción, por lo cual resolvieron demandar a la comuna coloniense en la esfera judicial.
Desde entonces, los sucesivos fallos de primera instancia, de apelación y de la SCJ no sólo le dieron razón al reclamo efectuado por los particulares, sino que le otorgaron mayor valor económico al predio en disputa. En efecto, el fallo emitido por la SCJ determinó que la Intendencia de Colonia debería pagar 2,5 millones de dólares por el valor del terreno más un interés legal de 6% anual durante 11 años. Tras la promulgación de esa sentencia, la comuna coloniense y los propietarios del terreno acordaron el pago de 12 cuotas sucesivas de 193.000 dólares. Ese acuerdo fue refrendado, finalmente, por la Junta Departamental de Colonia, quien autorizó al Ejecutivo a efectuar la cancelación de esa deuda, con los votos de las bancadas de los partidos Nacional, Colorado y siete de los 11 ediles del Frente Amplio.