En setiembre de 2021, a pedido de la entonces fiscal letrada de Rosario, Sandra Fleitas, la Justicia condenó a nueve personas por distintos casos de corrupción ocurridos en el Municipio de Florencio Sánchez. En la lista de personas que terminaron siendo conducidas a distintos establecimientos de reclusión estuvieron el alcalde de esa localidad, Alfredo Sánchez, y el empresario Gustavo Tago, oriundo de Juan Lacaze y activo militante del Partido Nacional [PN], entre otros.
Tago fue condenado por realizar distintas maniobras de sobrefacturación en acuerdo con Sánchez, que perjudicaron a las arcas de la Intendencia de Colonia.
Hasta ese momento, el empresario sabalero había ganado licitaciones y había sido beneficiado con numerosas compras directas por parte de la comuna coloniense a través de la contratación de distintas firmas -un par de ellas registradas a nombre de sus hijos-, que giran en rubros vinculados a la construcción, bacheo de calles, arrendamiento de maquinarias y servicios de limpieza.
De acuerdo a lo publicado por el portal Compras Estatales, la comuna de Colonia no aplicó ningún tipo de penas al empresario infractor ni a su círculo más cercano, y, por el contrario, le adjudicó obras de bacheos, arrendó máquinarias de su propiedad y lo contrató para realizar tareas de limpieza, ya sea mediante procesos de licitación, concurso de precios y compras directas, por un monto cercano a los 15 millones de pesos desde 2022 al presente.
El 25 de julio de 2023, el edil Carlos Fernández presentó un pedido de informes ante la Intendencia de Colonia para conocer si Tago seguía prestando servicios a la comuna, algo que no ha sido respondido hasta el momento por parte del ejecutivo coloniense.
En diálogo con la diaria, Fernández dijo que “nosotros sabemos que un empresario que fue condenado por hechos de corrupción contra la administración pública sigue trabajando para la Intendencia de Colonia”, a pesar de que “la propia comuna” resultó perjudicada por esas maniobras.
Además, “nosotros sabemos que este empresario hizo maniobras de sobrefacturación, y queremos saber con qué empresas realizó esas acciones que fueron condenadas por la Justicia”, añadió Fernández y lamentó que “la intendencia siga sin ofrecer información al respecto”.
El edil frentamplista formó parte de la comisión investigadora que analizó los hechos de corrupción en el Municipio de Florencio Sánchez. No obstante, “en esa tarea no pudimos acceder a esas boletas utilizadas en esas maniobras, porque estaban en mano de la Justicia.” “En su momento nos reunimos con la fiscal Fleitas , y ella nos comentó que, a partir de las pruebas recabadas en esa investigación, podrían haber nuevas derivaciones y procesamientos”, recordó Fernández.
Carlos Fernández, durante una sesión de la Junta Departamental de Colonia (archivo, abril de 2022).
Foto: Ignacio Dotti
Empresas sabaleras
Una de las empresas vinculadas al empresario condenado por corrupción en 2021 está a nombre de una hija suya que integró la lista a concejales de la lista moreirista del PN que encabezaba el candidato a alcalde Mario Clara, recordó Fernández. “Fue llamativo lo que ocurrió con los integrantes de esa lista: Clara fue contratado por la intendencia como gerente del Parque Industrial de Juan Lacaze, mientras que otros, que son dueños de empresas, han sido contratados sucesivamente” por la comuna coloniense, comentó el edil frenteamplista.
Las licitaciones “más grandes” que realiza la Intendencia de Colonia “generalmente son ganadas por empresas que pertenecen a militantes del PN, mientras que licitaciones de menor porte se van intercalando los nombres de las empresas ganadoras”, estableció. “Eso está vinculado a lo que ha pasado con los integrantes de la lista moreirista al municipio de Juan Lacaze, donde todos sus integrantes están con trabajo, ya sea porque fueron designados como funcionarios o porque ganaron licitaciones en la intendencia”, aseguró.
Además, Fernández recordó que el informe de Tribunal de Cuentas sobre la rendición de cuentas de la Intendencia de Colonia de 2021 “observó la forma en la cual se realizan las licitaciones, que no son los suficientemente difundidas, lo que impide que participen otras empresas más allá de esas 20 que generalmente resultan beneficiadas”. “Nosotros no estamos en contra de las empresas, sino que estamos contra que se beneficien a los militantes nacionalistas y a los amigos de los jerarcas de la intendencia de Colonia”, subrayó Fernández.