En junio de 2022, la Junta Departamental de Colonia aprobó por unanimidad conformar una comisión investigadora para analizar las denuncias de supuestas irregularidades ocurridas en el ámbito de la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Colonia presentadas por el inspector Walter Espino ante la Fiscalía Letrada de Colonia del Sacramento, en la Intendencia y en la Junta Departamental de Colonia.
Además, Espino emitió una carta pública en la cual aseveró estar “cansado de las arbitrariedades, destratos y malas prácticas en la función pública” a cargo de “los jerarcas” en la Dirección de Tránsito, encabezada por el director Luis Carlos Pereira, “y de los cuales no queremos ser cómplices o rehenes de esta situación”. El jefe de la zona oeste, Daniel Scayola, es otro de los funcionarios de la comuna coloniense implicado en las denuncias de Espino.
Entre otras cosas, Espino denunció hechos que “conllevan pérdidas para el erario público”, como el pago de diferencias salariales injustificadas a una trabajadora durante un año, o “inventar un cargo que no existe en el escalafón y trabajos que nunca se realizaron”. También señaló que “una de las perlas del caos administrativo que hay en la Dirección de Tránsito y que roza con la corrupción es el caso de un funcionario que, habiendo sido condenado por la Justicia, siguió cobrando sueldo, viáticos y horas extras”, subrayó.
Espino dijo que en esa repartición también se abonaron porcentajes de cobros de multas a personas que no revestían como inspectores de tránsito.
Por otro lado, el inspector aseguró que existen “graves irregularidades posteriores a la incautación de vehículos”: “Hemos podido comprobar que motos que aparecían en el sistema como desguazadas” en realidad “estaban en un depósito municipal”, así como vehículos “que han sido entregados sin ningún tipo de documentación por ser el titular familiar de un jerarca de la intendencia”.
Espino denunció “la desaparición” de “equipos para inspectores, hidrolavadora, muebles, pintura, aspiradora industrial”, entre otras cosas, “sin que se haya hecho ningún tipo de investigación administrativa al respecto”.
La denuncia presentada por el funcionario apunta a “un grupo de jerarcas que, desde hace muchos años, hacen y deshacen a su antojo, violando toda normativa de la función pública, sosteniendo estos procedimientos en otros funcionarios que realizan tareas contraviniendo las normas administrativas y que luego de una u otra manera reciben prebendas o beneficios de otra naturaleza”.
Finalmente, tras dos años de labor, la comisión designada por la Junta Departamental elaboró tres informes -uno por cada bancada partidaria-, a los cuales tuvo acceso la diaria, que, no obstante, concuerdan que algunas situaciones planteadas por Espino ameritan la realización de denuncias en Fiscalía.
Para llevar a cabo ese trabajo, los ediles que integraron esa comisión realizaron numerosas entrevistas a funcionarios municipales, jerarcas de la Dirección de Tránsito, además del análisis de la prueba documental.
Informes de bancadas
Según el extenso informe elaborado por ediles del Frente Amplio (FA), se puede “decir que de lo denunciado” por Espino se ha “podido confirmar gran parte de los hechos”.
Entre esos eventos “comprobados” aparecen: “Que se han pagado diferencias de sueldos a ciertos funcionarios generando un gasto importante que no está contemplado”; “entrega de libreta de conducir en forma indebida por espirometrías positivas”; “situaciones de acoso laboral y persecución a trabajadores”; “entregas de motos sin el debido proceso administrativo”; “hurto de dinero”; “multas a personas que conducen autos de alta gama”; “pagos de sueldos indebidos a un funcionario privado de libertad”; “circulación de documentación falsa”, y “artefactos eléctricos propiedad de la comuna en domicilios particulares”, entre otros.
Con relación a la situación del director de Tránsito, para los ediles del FA “quedó evidenciado que tiene actitudes que no son compatibles con su responsabilidad, ya que debería velar por la transparencia, el buen funcionamiento de la dirección que representa, en la que no podría apañar prácticas o acciones que ha tomado el jefe de zona, Daniel Scayola”, señalaron los ediles frentamplistas.
Así las cosas, los representantes del FA en la Junta coloniense solicitaron al intendente Carlos Moreira (PN) la remoción de Pereira y Scayola de sus cargos “por ser las jerarquías responsables del apartamiento de las normas y los procedimientos marcados por la normativa legal vigente”.
En tanto, los ediles nacionalistas que conformaron esa comisión investigadora concluyeron que algunas denuncias presentadas por Espino “ya habían sido origen de investigaciones administrativas y sumarios por parte de la intendencia”, “otras fueron corroboradas y constituyen faltas administrativas o desprolijidades administrativas sin tener mayores incidencias legales, pero que deberán ser corregidas”, mientras que algunas de ellas “fueron controvertidas por las declaraciones de otros testigos de igual credibilidad y no fueron confirmadas”.
Al analizar esas denuncias, los ediles blancos concluyeron que “quedó en evidencia la existencia de una 'cultura de la multa' que tiñe todo el accionar de la Dirección de Tránsito y es fuente de la mayoría de los conflictos, por lo que hay que erradicarla como forma de retribución”, y que “existe una falta de liderazgo en la Dirección de Tránsito por parte de Luis Pereira que genera un desconcierto en el funcionamiento por falta de políticas claras y procedimiento de funcionamiento, lo que da lugar a confusiones y discrecionalidades que afectan el buen relacionamiento entre los funcionarios”.
Según los ediles oficialistas, “existe un episodio sobre el pago de horas extras no trabajadas que tiene visos de ilegalidad”, que “debería investigarlo” la Intendencia de Colonia y “noticiar a la Fiscalía, que ya ha recibido la denuncia que diera inicio a esta investigación”.
Finalmente, para la representante del Partido Colorado (PC) en esa comisión investigadora, la edila Malvina Saret, “el accionar, tanto del director de Tránsito y Transporte como del jefe de la zona oeste, no es el adecuado en el cumplimiento de su función, por lo que se pide la investigación administrativa y posterior destitución si se entiende pertinente, adoptándose las medidas que de la misma resultare en razón de la gravedad de la imputación”.
Pereira y Scayola “han demostrado que no se encuentran capacitados para desempeñar un cargo en la administración pública, como así también haciendo abuso de sus funciones en provecho propio y de aquellas personas que los secundan”, estableció la edila colorada. Asimismo, “se firmaron resoluciones que avalaban sobresueldos”, que “no cuentan con ejecución correcta de gestión, por lo que han cometido errores en el proceder del manejo y la operativa de la oficina a cargo”. Por esos motivos, “se sugiere enviar al ejecutivo departamental y a la fiscalía correspondiente los informes elaborados por las distintas bancadas”, concluyó la edila del PC.
La juntas departamentales no cuentan con potestades para destituir a funcionarios de las comunas por iniciativa propia. No obstante, con la mitad de los votos favorables de los ediles presentes en la sesión que se realizará en la noche del miércoles 17, la junta coloniense podría reclamar al intendente Moreira el apartamiento de Pereira de ese cargo de designación política. Pero para que eso finalmente ocurra, el reclamo de las bancadas opositoras deberá contar con el apoyo de un par de ediles nacionalistas.