En una audiencia que se desarrolló el martes 25 en el Juzgado Letrado de Carmelo, la jueza subrogante de tercer turno, Judith Álvarez, intimó a los padres de una niña de dos años a vacunarla, bajo apercibimiento de perder la patria potestad y enfrentar acciones penales, de acuerdo a una resolución que fue dada conocer por el periodista Eduardo Preve en la red social X.
Además, Álvarez informó a los padres que en caso de no cumplir con esa resolución en un plazo de diez días, la niña podría ser derivada a un centro dependiente del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU).
El expediente digital de este caso se encuentra en reserva, por lo que la diaria no pudo acceder al origen de la denuncia, algo que tampoco fue informado por la sede judicial.
El caso Borgogno
En 1994 se registró un caso de similares características en el departamento de Colonia con integrantes de la familia Borgogno Arce, radicada en una zona rural cercana a Tarariras y cuyos hijos no habían sido vacunados. En este caso, los integrantes del matrimonio fueron intimados a inocular a sus hijos con la amenaza de que fueran expulsados del sistema educativo. El matrimonio se mantuvo en su posición contraria y la familia finalmente se trasladó a Argentina para que los menores continuaran con los estudios. En 2005, el Ministerio de Salud Pública [MSP] finalmente aceptó los informes médicos que recomendaban la no vacunación de esos menores y la familia Borgogno Arce retornó al país.
En 2014, a 20 años de aquella intimación, la familia Borgogno Arce emitió una carta abierta en la que aseguraban que “nunca un Estado democrático había quitado todos los derechos civiles a cinco niños”, que “se quedaron sin derecho a la educación, a la salud, a la asistencia social, al deporte y la recreación”, y durante más de 11 años fueron borrados de la sociedad”.
Asimismo, expresaron que “tal vez muchos lo recordarán como el ‘caso Borgogno’ o el ‘caso de las vacunas’, o como el caso de ‘los padres que se niegan a vacunar a sus hijos’, como falsamente quisieron imponer en la opinión pública los responsables de este vergonzoso y aberrante hecho de nuestra historia”. No obstante, “tras una tenaz lucha de más de 11 años, el 7 de marzo de 2005 el Ministerio de Salud Pública debió acatar la ley y exonerar a nuestros hijos de las vacunas, tal y como nuestros médicos lo habían pedido durante todo ese tiempo”, y “con ello, nuestros hijos recuperaron sus derechos”.
“La parte que pocos conocen es que a partir de esta devolución de los derechos de nuestros hijos, nuestra vida particular, familiar y social había quedado devastada al haber padecido por parte del Estado y por tan extenso lapso de tiempo la difamación pública, denuncias judiciales, intentos de quitarnos a nuestros hijos y vacunarlos por la fuerza, forzándonos a un exilio”, añadieron los integrantes de esa familia.
También señalaron que “lamentablemente, lo advertido ocurrió, y nuestra pequeña hija Yasimara, desarrolló un cáncer letal, que le arrebató la vida a sus 13 años”. “El informe médico incorporado al expediente señalaba el origen y desarrollo de esta enfermedad como consecuencia directa de la persecución por parte del Estado, de todas y cada una de las situaciones vividas desde su nacimiento”, aseguraron en esa misiva.
Este caso “fue, es y será un vivo ejemplo de esto, no sólo por los daños ocasionados, sino también por la resolución del mismo, donde justamente, cada uno, asumiendo el rol que le correspondía, lograron liberar a nuestra familia de tan trágico hecho”, subrayó la familia en esa nota.