El Juzgado de Rosario aplicó medidas de restricción por violencia al alcalde de La Paz - Colonia Piamontesa, Walter Miranda, del Partido Nacional, tras haber sido denunciado por su cónyuge en la seccional policial de Colonia Valdense. Miranda accedió a la titularidad de ese municipio, en representación de las listas que responden al actual intendente de Colonia, Carlos Moreira.
De acuerdo a la sentencia, a la cual accedió la diaria, el 10 de setiembre la cónyuge de Miranda concurrió a la seccional “denunciando hechos de violencia de género”, lo cual ameritó la realización de una audiencia en la sede judicial de Rosario el miércoles 11.
En esa instancia, ambos admitieron que “no existe vida marital, que el diálogo que mantienen es escaso y el estrictamente necesario para la convivencia, que dista de ser armónica”, y que “en definitiva los dos coinciden en que se ha deteriorado el vínculo” debido a que “el carácter de cada uno hace difícil una convivencia en armonía y tolerancia”.
“A los efectos de prevenir la ocurrencia de nuevos hechos de violencia”, y con el obetivo de proteger a “las personas en condiciones de vulnerabilidad”, la Justicia dispuso “medidas adoptadas en competencia de urgencia”. La sentencia sostiene que existieron “hechos que implican la amenaza y vulneración de derechos de la denunciante”, por lo cual “se debe proteger la vida, la integridad física o emocional de la victima, su libertad, su seguridad personal y la asistencia económica e integridad patrimonial”.
Así las cosas, la Justicia resolvió intimar al alcalde Miranda al “inmediato cese y abstención de ejecutar cualquier acto de intimidación o perturbación respecto de la denunciante, bajo apercibimiento de incurrir en delito”, y mantuvo las medidas ordenadas en competencia de urgencia telefónica “por el plazo de 180 días y se reduce el radio a 100 metros atento al lugar donde viven”, en referencia al tamaño de la localidad.
Además, Miranda deberá abonar una pensión alimenticia y abonar el 75% del consumo de los servicios básicos del hogar conyugal, del cual deberá retirarase, por un plazo de 180 días, antes del sábado 14.
Al alcalde de La Paz también se le prohibió “el uso, tenencia o porte de armas de fuego hasta nueva resolución judicial”.