El Partido Nacional (PN) impulsa en la Junta Departamental de Colonia un proyecto para modificar la normativa que regula la forestación en el departamento, con el objetivo de eliminar el límite que actualmente restringe las plantaciones en los suelos de mayor productividad agropecuaria. La iniciativa propone sustituir dos numerales del artículo 15 de las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, aprobadas en 2013, y adoptar como referencia los criterios establecidos en el Decreto nacional 405/021.
La propuesta abrió una discusión sobre las posibles consecuencias de modificar las condiciones que Colonia estableció para regular la expansión forestal. El edil del Frente Amplio (FA) Martín Collazo, integrante de la Comisión de Legislación y Régimen de la Junta, cuestionó, en diálogo con la diaria, que la iniciativa se haya elaborado sin considerar suficientemente su impacto sobre el sistema productivo departamental y sin desarrollar instancias de consulta con las organizaciones vinculadas a las actividades agropecuaria y forestal.
Collazo, que integra la comisión en la que se originó el proyecto, manifestó que no está de acuerdo con la modificación y señaló que “en su enorme mayoría, los integrantes del FA tampoco comparten la iniciativa”, aunque la bancada todavía intercambia posiciones para alcanzar una definición pública.
En tanto, el tratamiento del proyecto volvió a postergarse. La Comisión de Ganadería, Agricultura, Pesca y Bienestar Animal, que tenía previsto avanzar el pasado viernes 6 hacia una definición, finalmente no se pronunció. Según supo la diaria, durante esa reunión el PN solicitó extender el plazo para continuar discutiendo la propuesta, en un contexto de diferencias entre los integrantes de la comisión.
El cambio normativo supone retirar una de las principales restricciones que Colonia estableció para regular la expansión forestal: la disposición que permite plantar hasta 100 hectáreas, siempre que la superficie forestada no supere el 8% de los suelos de la unidad productiva cuyo índice Coneat sea superior a 88. La normativa vigente establece que, cuando se pretende superar ese porcentaje, el proyecto debe obtener una autorización excepcional de la Junta Departamental, previo estudio técnico de un ingeniero agrónomo especializado en el área forestal del Ejecutivo departamental.
Unificación de criterios
El proyecto, al que tuvo acceso la diaria, ingresó a la Junta el 24 de setiembre, en el ámbito de la Comisión de Legislación y Régimen. La iniciativa, impulsada por el PN, propone sustituir los numerales 3 y 4 del artículo 15 de las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Colonia.
En concreto, plantea que el numeral 3 del artículo 15 quede redactado de la siguiente manera: “La forestación cuya superficie no supere las 100 hectáreas se regirá estrictamente por los términos, condiciones y requisitos establecidos en el Decreto 405/021 y sus modificativos”.
El decreto nacional creó el Registro Ambiental de Plantaciones Forestales, que funciona bajo la órbita de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), del Ministerio de Ambiente. Para las nuevas plantaciones de entre 40 y 100 hectáreas en un establecimiento o unidad productiva, establece la obligación de solicitar la inscripción del proyecto antes de comenzar los trabajos.
También fija restricciones relacionadas con la concentración de plantaciones en las cuencas hidrográficas y la protección de ecosistemas prioritarios, como montes nativos, humedales, palmares, roquedales y arenales. A su vez, establece distancias mínimas de protección respecto de cursos de agua y otros ambientes sensibles.
Por otra parte, las nuevas plantaciones forestales de más de 100 hectáreas en un establecimiento o unidad de producción requieren Autorización Ambiental Previa, de acuerdo con el régimen general de evaluación de impacto ambiental.
Sin embargo, la comparación entre ambas normativas muestra una diferencia relevante: el registro específico creado por el Decreto 405/021 comprende plantaciones de entre 40 y 100 hectáreas, mientras que la propuesta de Colonia incluye todas las forestaciones de hasta 100 hectáreas. Por tanto, los proyectos menores a 40 hectáreas no quedan comprendidos en ese registro específico. La redacción propuesta no especifica qué procedimiento adicional, si alguno, correspondería aplicar a esas plantaciones en el ámbito departamental.
“Falta de estudios y consultas”
Para el edil frenteamplista, el proyecto no contempla las particularidades productivas de Colonia ni las consecuencias que podría tener modificar las restricciones vigentes. “A instancias de una edil del PN [por Agustina Durquet], la Comisión de Legislación, que es quien promueve esto, no tomó más que la referencia del decreto nacional en materia de forestación, pero no tomó en cuenta las dimensiones del impacto que un cambio de estas características tendría sobre los suelos del departamento”, señaló.
Collazo sostuvo que los suelos de Colonia tienen índices Coneat elevados, con promedios que ubicó entre 120 y 150, y características especialmente aptas para la agricultura y la lechería. En ese sentido, consideró que “adaptar la normativa departamental a la nacional únicamente con el argumento de armonizar ambas regulaciones puede parecer razonable desde el punto de vista legislativo, pero no contempla las consecuencias que la modificación podría tener sobre la producción y el desarrollo del departamento durante los próximos años”.
El edil también cuestionó que la iniciativa no haya sido precedida por un proceso de consulta con los actores vinculados a la actividad. Según expresó, “el proyecto no pasó por las mesas de desarrollo rural, no tuvo instancias de intercambio con las gremiales productivas ni contó con estudios de impacto. Tampoco fue considerado por la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial”.
“No se siguió ningún tipo de proceso de consulta previo a la promoción de esta iniciativa”, afirmó. A su entender, una modificación de estas características debería incorporar la opinión de los sectores directamente involucrados y analizar sus consecuencias sobre el conjunto de las actividades productivas del departamento.
Collazo indicó que la discusión “tampoco debería reducirse a una toma de posición inmediata a favor o en contra del texto presentado”. Para el FA, “antes de definir una posición definitiva es necesario promover un proceso de diálogo con las gremiales y los distintos sectores productivos”, dijo.
“No se trata solo de tomar posición en contra o a favor de este proyecto, que es de una edila del PN. Se trata de un tema mucho más amplio, como es modificar las directrices de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, que implica discutir el sistema de producción y el desarrollo productivo del departamento para los próximos años”, planteó.
En esa línea, mencionó “la necesidad de intercambiar con organizaciones vinculadas a la ganadería, la agricultura, la lechería y también con el propio sector forestal”, ya que “los productores agrícolas y lecheros serían los principales perjudicados si se aprueba una modificación que retire la protección departamental vigente para los suelos de mayor productividad”.
Postergación de la discusión
La postergación del tratamiento en la Comisión de Ganadería, Agricultura, Pesca y Bienestar Animal fue otro de los elementos que marcaron la discusión durante los últimos días. Según explicó Collazo, el viernes estaba previsto que ese ámbito avanzara hacia una definición y que se presentaran los informes en mayoría y en minoría, debido a las diferencias entre sus integrantes.
Sin embargo, finalmente no hubo pronunciamiento. El PN solicitó extender el plazo para que la comisión pudiera continuar intercambiando sobre el contenido de la iniciativa.
Collazo consideró que la decisión reflejó la intensidad del debate. La discusión continuará en ese ámbito, mientras los integrantes del Frente Amplio procuran ampliar las consultas con los sectores involucrados.
El edil también sostuvo que su bancada considera necesario que el proyecto pase por la Comisión de Ambiente de la Junta Departamental, algo que no estaba previsto en el trámite inicial dispuesto por la mesa del organismo. A su entender, la temática requiere una evaluación que contemple no solo los aspectos productivos y jurídicos, sino también las consecuencias ambientales y territoriales de modificar las condiciones para la forestación.
Restricciones colonienses
En paralelo al proceso de instalación de la fábrica de celulosa Montes del Plata, a comienzos de este siglo, en Colonia se generó un debate sobre qué superficie del departamento se destinaría a la forestación, teniendo en cuenta la alta productividad de sus suelos. En ese contexto, los diferentes partidos políticos alcanzaron un acuerdo para establecer restricciones más claras al desarrollo forestal que las existentes en otros departamentos del país.
La normativa forestal de Colonia quedó incorporada en las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, aprobadas mediante el Decreto 036/2013. El artículo 15 estableció las condiciones para desarrollar plantaciones en el territorio e incorporó el límite del 8% de los suelos con Coneat superior a 88, con el objetivo de evitar la competencia con actividades como la agricultura y la lechería.
La existencia de esa restricción se vincula con las competencias que la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial reconoce a los gobiernos departamentales. Su artículo 14 establece que las intendencias tienen atribuciones para categorizar el suelo y establecer regulaciones territoriales sobre sus usos, conservación y protección, en el marco de la legislación aplicable.
El proyecto que ahora impulsa el PN en la Junta Departamental propone sustituir el criterio departamental por las condiciones nacionales de aptitud forestal. La iniciativa no elimina las exigencias ambientales ni la intervención de los organismos nacionales, pero sí retira una condición específica que Colonia había establecido para limitar la forestación en los suelos de mayor productividad agropecuaria.
