El cierre de un establecimiento de larga estadía para personas mayores (Elepem) ubicado en la Rambla de las Américas y Francisco Soca, en Colonia del Sacramento, volvió a colocar en el centro del debate la situación de los hogares en el departamento. La medida aplicada este jueves fue adoptada en forma conjunta por los ministerios de Salud Pública (MSP) y de Desarrollo Social (Mides) tras constatar incumplimientos graves a la normativa vigente y situaciones que comprometían la salud y los derechos de las personas residentes.
En entrevista con la diaria, la directora departamental del MSP, Silvia Berardo, explicó que el establecimiento venía siendo objeto de seguimiento “desde hacía tiempo y que la clausura fue el resultado de un proceso prolongado de observaciones que no fueron corregidas”. “Se habían constatado ya una serie de irregularidades que comprometían la protección de los derechos de los residentes en ese hogar. Había muchos incumplimientos graves a la normativa vigente, incluyendo situaciones que vulneraban esos derechos y que comprometían su salud. Entonces se decidió la clausura del establecimiento”, detalló la funcionaria.
Más allá del caso puntual, Berardo puso el foco en la dimensión estructural del problema. En el departamento existen aproximadamente 120 establecimientos de larga estadía para personas mayores, con más de 1.000 personas alojadas. “Tenemos un total de 120 conocidos, distribuidos por todo el departamento, y hay más de 1.000 adultos mayores distribuidos en estos hogares. Entonces realmente es una preocupación establecer el control y el seguimiento de toda esa cantidad de hogares”, afirmó.
Colonia es el tercer departamento del país con el mayor número de estos dispositivos. Desde marzo del año pasado, cuando asumió la actual gestión, la fiscalización de los Elepem fue definida como prioridad. “Dado el número, que somos el tercer departamento en el país en tener el mayor número de Elepem, le dimos prioridad a esta situación”, indicó.
Derechos vulnerados
Consultada sobre las vulneraciones detectadas en ese residencial de Colonia del Sacramento, la jerarca evitó detallar aspectos específicos por haber actuaciones en curso, pero explicó cuáles son los criterios generales de control. Según indicó, se considera vulneración “cuando la salud y el bienestar físico y emocional y social de ese residente se ve comprometido”, sostuvo. Entre los aspectos evaluados se encuentran las condiciones de la planta física —seguridad para la movilidad y accesibilidad—, la alimentación adecuada, el suministro correcto de medicación, la realización de controles médicos y la existencia de un director técnico responsable.
“Si yo tengo mucha gente en silla de ruedas o en cama, voy a precisar un mayor número de cuidadores”, ejemplificó, al explicar que el número de trabajadores debe adecuarse al grado de dependencia de los residentes.
El operativo de clausura se hizo con equipos nacionales y departamentales del MSP y del Mides. Previamente se había contactado a las familias para coordinar el realojo y garantizar que nadie quedara en situación de calle. “Cuando se hace una clausura, ya está previsto que nadie quede en situación de calle”, remarcó.
Sin embargo, al momento de la intervención se produjo una situación que derivó en una denuncia judicial. De los 27 residentes registrados, solo seis se encontraban en el lugar. La propietaria informó que los demás habían sido retirados por sus familias, pero, según información extraoficial recibida por los funcionarios de ambos ministerios, algunas de esas personas podrían haber sido trasladadas a otros hogares vinculados al mismo establecimiento.
“De los 27 residentes nos encontramos con seis. Nos llega una información extraoficial de que en realidad algunos no estarían con la familia, sino que estarían realojados en otros hogares vinculados a ese residencial. Y por eso fue que se radicó una denuncia”, explicó. Esta fue presentada por las autoridades departamentales y se encuentra en la órbita judicial. Mientras tanto, los ministerios continúan verificando el paradero de las personas mayores. “Las seguimos buscando nosotros. Tenemos la responsabilidad de saber dónde están y si están bien”, aseguró Berardo.
Además, según supo la diaria, la Justicia también analizará situaciones de violencia económica hacia los residentes, ya que varios de ellos habían tramitado préstamos económicos que eran destinados para las personas allegadas a la gestión de ese residencial. Asimismo, se investigarán posibles casos de abuso sexual a una persona con discapacidad residente en ese lugar.
Falta de habilitaciones
Uno de los datos más preocupantes es que, de los 120 Elepem identificados en Colonia, son pocos los que culminaron todo el proceso formal de habilitación. “Las exigencias en infraestructura y personal implican costos que muchos emprendimientos pequeños asumen de manera gradual”, indicó.
Además, existen situaciones que emergen por denuncias vecinales o datos informales, “casas donde conviven varios adultos mayores y que funcionan como medio de ingreso económico para las familias”, explicó Berardo. La funcionaria reconoció que “es muy difícil constatar realmente cuántos hay, porque oficialmente nosotros tenemos ese número, pero sabemos que existe esa situación”.
Frente a este escenario, la estrategia planteada por la Dirección Departamental de Salud apunta a combinar una exigencia normativa con acompañamiento técnico, por lo que se promueven instancias de orientación para que quienes gestionan hogares puedan avanzar en la regularización, explicó Berardo. Para la directora, el trasfondo es social. “Es un problema de nuestra sociedad. Como sociedad tenemos un problema con los adultos mayores”, reflexionó.
El envejecimiento poblacional y las dificultades para sostener cuidados intensivos en el ámbito familiar incrementan la demanda de institucionalización. “Cada vez hay una necesidad mayor de esos hogares. El problema es que debemos asegurarnos que cumplan con garantías mínimas de seguridad, de confort, de preservar los derechos de quienes estén ahí”, concluyó.