Luego de que la pasada semana el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) clausuraran el residencial para personas mayores, ubicado en Rambla de las Américas y Francico Soca, en Colonia del Sacramento, conocido como “Lo de Sabri”, tras constatar graves irregularidades, el Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores) emitió un comunicado para ampliar información sobre el procedimiento.
Tal como informó la diaria, el cierre de ese Establecimiento de Larga Estadía para Personas Mayores (Elepem) se produjo luego de inspecciones que detectaron deficiencias edilicias, problemas en las condiciones de funcionamiento y eventuales vulneraciones de derechos de las personas residentes. A partir de esa publicación, Inmayores detalló el marco normativo que regula a esos establecimientos y explicó el proceso administrativo que precedió a la clausura.
El comunicado, fechado el viernes 27 de febrero, recuerda que la regulación de los Elepem distribuye competencias entre el Mides y el MSP.
En ese marco, el Mides –a través de Inmayores– fiscaliza el respeto de los derechos de los usuarios, el cumplimiento del proyecto institucional y la adecuación del tipo y ratio de recursos humanos, además de emitir el Certificado Social en el proceso de habilitación. El MSP, en tanto, tiene a su cargo la habilitación definitiva y la aplicación de sanciones.
Con relación específica al establecimiento clausurado en Colonia, el organismo sostuvo que el proceso se desarrolló de forma articulada entre la División de Regulación de Inmayores, la Dirección Departamental de Colonia del Mides y el MSP. Asimismo, indicó que “se realizaron las instancias técnicas y administrativas previstas por la normativa vigente, otorgando las oportunidades de adecuación correspondientes”.
Sin embargo, agrega el texto, “agotados los procesos administrativos y ante la persistencia de incumplimientos, se dispuso el cierre del establecimiento con fecha 26 de febrero”, en el marco del trabajo interinstitucional desarrollado.
Uno de los aspectos que había generado preocupación tras la clausura era la localización de las personas que figuraban como residentes. Según el comunicado, en el establecimiento constaban 27 personas. Al momento de efectivizar el cierre se encontraban presentes seis. Inmayores informó que se trabajó hasta últimas horas en la localización de quienes no estaban en el lugar y que actualmente se cuenta con información sobre la totalidad de las personas que residían allí. “Actualmente se cuenta con información sobre la totalidad de las personas que residían allí, manteniéndose un trabajo sostenido con ellas y con sus familiares”, aseguró el comunicado.
El seguimiento se realiza en el marco del Programa de Apoyo al Cuidado Permanente (PACP), dispositivo que interviene en los procesos de clausura y realojo de residentes. El organismo señaló que se mantiene un trabajo sostenido con las personas mayores involucradas y con sus familiares, a fin de garantizar su ubicación y eventual reubicación en condiciones seguras y adecuadas.
En el comunicado también se subraya que el PACP cumple una función esencial de protección inmediata ante situaciones de vulneración de derechos, aunque advierte que su sostenibilidad requiere decisiones estructurales que permitan equilibrar la respuesta de emergencia con la responsabilidad estatal y la viabilidad financiera del sistema.
Finalmente, Inmayores recordó que aproximadamente el 4% de las personas mayores en Uruguay reside en establecimientos de larga estadía y reafirmó la necesidad de promover un modelo de cuidado centrado en la persona, basado en el respeto a la dignidad, la autonomía y los derechos humanos, asegurando que los centros cuenten con las habilitaciones correspondientes.
Respecto a la situación judicial de la titular del establecimiento, el organismo indicó que no corresponde brindar detalles por no tratarse de una competencia ministerial.