El edil Carlos Fernández (Frente Amplio) manifestó en diálogo con la diaria su preocupación por el avance de fraccionamientos rurales en la costa de Colonia que estarían afectando el acceso público a la ribera y consolidando procesos de privatización de hecho del territorio.
El planteo surge a partir de un caso reciente en Punta de Artilleros, donde se proyecta un fraccionamiento de 48 chacras marítimas de cinco hectáreas cada una. Fernández recordó que la iniciativa abarca ocho kilómetros de costa y no estaría contemplando la cesión de la franja de 150 metros desde la ribera que, según la normativa vigente, debe ser de dominio público.
“Lo que nos corresponde a todos los colonienses son esos 150 metros de costa, pero eso no está pasando”, afirmó el edil, quien advirtió que este tipo de desarrollos implica, en los hechos, la venta de parcelas “con arena, con agua, con todo”, configurando una suerte de “playas privadas”.
Fernández señaló que estos fraccionamientos se tramitan a nivel nacional ante organismos como el Ministerio de Ganadería y la Dirección Nacional de Catastro, sin intervención ni notificación a la Intendencia de Colonia. “Nunca pasan por la Intendencia, no se pregunta qué hay ahí ni qué se va a hacer”, cuestionó.
El edil vinculó esta situación con un conflicto en curso en la zona conocida como Lo de Carretilla, en Punta Artilleros, donde una comunidad de pescadores con décadas de arraigo fue denunciada por un privado tras el fraccionamiento del predio. El caso derivó en una resolución judicial de desalojo, lo que, a su entender, evidencia las tensiones entre derechos históricos de uso y nuevos procesos de apropiación del territorio costero.
En este sentido, Fernández indicó que presentó consultas ante la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot) para determinar si el fraccionamiento cumple con la normativa. Según dijo, existen indicios informales de que no se habrían aplicado correctamente disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial ni del Código de Aguas, en particular, en lo referido a la delimitación del dominio público.
El edil planteó además la necesidad de adoptar medidas cautelares que frenen el avance de estos procesos mientras se investiga la legalidad de las actuaciones. En ese marco, mencionó el Plan de Desarrollo Territorial de Tarariras, que comprende a Punta de Artilleros, como una herramienta posible para establecer restricciones temporales.
Fernández también cuestionó la falta de tratamiento del tema en la Junta Departamental. “No alcanza con una comisión asesora si no se cuenta con la información y la documentación necesarias”, sostuvo, y agregó que la problemática no se limita a un punto específico del departamento, sino que también se registra en otras zonas como Riachuelo.
El edil señaló que mantuvo contactos con el senador Nicolás Viera para trasladar la preocupación al ámbito parlamentario, al considerar que se trata de un tema que involucra competencias nacionales y que podría requerir ajustes normativos. “Si esto sigue avanzando así, cualquier privado con salida al río va a poder fraccionar y vender sin que el departamento lo sepa”, advirtió Fernández, quien enmarcó la situación como una posible “pérdida de soberanía” sobre el territorio costero.