La Junta de Colonia aprobó las modificaciones del contrato plan de +Colonia solicitado por el ejecutivo comunal en febrero, correspondiente a otorgar una nueva financiación para la deuda que la empresa mantiene con la administración departamental, que asciende a 1,7 millones de dólares y debió ser cancelada a fines del año pasado.
Ante un primer envío para su aprobación, tanto las bancadas del Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC) como la mayoría de los ediles del Frente Amplio (FA) votaron para que el proyecto vuelva al ejecutivo, con el objetivo de que se incorporen las sugerencias de las comisiones de Hacienda y de Legislación acerca de la aplicación de moras automáticas, multas e intereses mensuales, en caso de que la empresa vuelva a incumplir el pago.
Cabe destacar que a la deuda ya generada no se le aplicaran moras ni intereses mensuales para el pago, que deberá culminar al término de cinco años.
Habiendo presentado estos cambios, con los votos de la bancada nacionalista, colorada y cinco de 11 votos frenteamplistas (Movimiento de Participación Popular y Socialistas Colonia a favor; Asamblea Uruguay, Partido Demócrata Cristiano, Partido Comunista, Partido Socialista, 711 y Agrupación Nibia Sabalsagaray en contra), la junta coloniense aprobó las modificaciones.
En diálogo con la diaria, el edil frenteamplista Martín Collazo dijo que su voto negativo se debió a dos razones: “Primero, a que la Dirección de Jurídica de la intendencia no fue responsable de intimar ante el incumplimiento de la deuda, dado que es la forma de exigir el cumplimiento y es la forma de acreditarlo posteriormente”.
Si la comuna hubiese intimado, habría generado “una forma de ejercer presión respecto de los desarrolladores para, partir de eso, negociar extrajudicialmente”, explicó Collazo. Sin embargo, la intendencia encabezada por Guillermo Rodríguez “lo primero que hizo fue decir que no iba a intimar y lo anunció públicamente, para luego sentarse a negociar con los desarrolladores del proyecto”. En ese contexto, “tú negocias en muy malas condiciones porque ya anunciaste todo lo que no vas a hacer”, agregó.
El edil considera que la Intendencia de Colonia “tiene un debe muy importante respecto del desarrollo del departamento”, entonces “está fuertemente condicionada por el desarrollo de este proyecto y no solo no le va a poner ningún tipo de tranca –que está bien: nosotros tampoco–, sino que ni siquiera lo está haciendo cumplir con las obligaciones que se habían asumido”.
La otra razón que expuso Collazo se da en el marco de la diferencia que se hace entre este proyecto y cualquier contribuyente del departamento. “Cuando el contribuyente va a refinanciar una deuda tiene facilidad de pago en un plazo máximo de 36 meses, con las correspondientes multas, recargos e intereses”, pero “cuando una empresa desarrolladora, extranjera en este caso, con mucho capital, se atrasa un año en el pago de sus obligaciones, se le dan las garantías para refinanciar su deuda en cinco años y sin un solo peso de intereses o recargos”.
Diferencias en la bancada frenteamplista
En la previa de la sesión y durante el intercambio de la votación, en la bancada del FA hubo mucha discusión, dado que los sectores que acompañaron el proyecto sostienen que lo hacen para “dar señales positivas” y, de alguna manera, “no permitir que fracase” el proyecto.
Collazo dijo que “la mayoría de la bancada entendió que sobre +Colonia ya discutió” y que “este gobierno departamental ya le dio beneficios tributarios y exoneraciones varias”. “En este caso estamos discutiendo otra cosa, el incumplimiento respecto de una obligación asumida”, añadió el edil.
“Yo estoy a favor del proyecto de desarrollo inmobiliario que se plantea, y ojalá que en los próximos 20 años lo podamos ver como una realidad en el departamento”, planteó Collazo, porque por sobre todas las cosas “generaría puestos de trabajo durante el proceso de construcción, así como después, una vez que eso esté en funcionamiento”, pero “eso no puede ser a cualquier costo”.
En esa línea, dijo que las cosas se deben hacer en orden, cumpliendo con las normas jurídicas propias de la legislación nacional y propia de los contratos que en este país son ley entre las partes, y en este caso se está permitiendo que una empresa desarrolladora no cumpla con las obligaciones que surgen de la propia Ley de Ordenamiento Territorial y del contrato suscrito entre las partes”. “Eso es estricta responsabilidad de la Intendencia de Colonia, que en este caso está obrando mal y está siendo omisa en su responsabilidad”, concluyó.