Un informe de la División Jurídica de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT) del Ministerio de Ambiente aportó un nuevo elemento al conflicto por los fraccionamientos realizados en la costa de Punta Artilleros, en el departamento de Colonia: el organismo constató que en el último plano de mensura registrado no consta la cesión al dominio público de la faja costera de 150 metros ni la existencia de accesos públicos a la costa, pese a que la normativa que establecía esa obligación estaba vigente cuando fue inscripto.
La respuesta fue emitida el 20 de julio, a partir de un pedido de informes presentado por el senador del Frente Amplio Nicolás Viera a solicitud del edil coloniense Carlos Fernández, también del Frente Amplio.
El planteo se origina en los cuestionamientos que el edil viene realizando sobre un fraccionamiento de la zona de Punta Artilleros y, en particular, sobre las condiciones en que se dividieron predios que llegan hasta la costa del Río de la Plata.
Según el documento de DINOT, no existe ante esa dirección un expediente tramitado en relación con el fraccionamiento del padrón 2986 de la 14ª sección catastral de Colonia. La División Jurídica consultó el Registro Nacional de Planos de Mensura y tomó como referencia el último plano registrado, el número 16.427, realizado por el agrimensor Gustavo Curutchet en febrero de 2022.
El informe señala que en ese plano “no consta la cesión al dominio público de la faja costera de 150 metros ni accesos públicos a la costa”. Agrega que, al momento de su inscripción, se encontraba vigente el artículo 503 de la Ley 19.355.
Esa disposición establece que en los fraccionamientos de predios comprendidos en la costa del océano Atlántico y del Río de la Plata pasa al dominio público una faja de 150 metros medida desde la línea superior de la ribera, y dispone que la cesión debe quedar consignada en el plano de fraccionamiento.
Fernández, en diálogo con la diaria, dijo que esa respuesta de DINOT constituye un avance sustancial en el planteo que viene realizando desde hace meses. “Tenemos de la División Jurídica un informe donde dice que no se aplicó la normativa vigente”, sostuvo.
El edil destacó que el documento oficial permite establecer que en el plano de mensura consultado no figura ni la cesión de los 150 metros de faja costera ni la apertura de accesos públicos. “Sería el primer documento que les da la razón de que no hubo una aplicación de la ley ante el fraccionamiento”, afirmó. En el caso de Punta Artilleros, el fraccionamiento comprende una extensa franja costera y se proyectó sobre 48 chacras marítimas de cinco hectáreas. El edil había señalado que la ausencia de accesos públicos y de la cesión de la faja costera podía terminar consolidando una apropiación privada de espacios destinados al uso público.
“Lo Carretilla”
La discusión sobre ese fraccionamiento adquirió relevancia a partir del conflicto con una comunidad de pescadores asentada desde hace más de 50 años en la zona conocida como Lo de Carretilla, ubicada sobre la costa entre la desembocadura del arroyo Sauce y Punta Artilleros.
La comunidad se había formado alrededor de Alberto “Carretilla” Locher, quien se instaló en la zona luego de dejar su actividad industrial en Juan Lacaze para dedicarse a la pesca. Con el paso de las décadas, familiares y allegados construyeron allí sus propias viviendas.
En 2022, uno de los herederos de la antigua arenera Indaré inició un proceso judicial para desalojar a los ocupantes, argumentando que las viviendas se encontraban dentro de una de las chacras resultantes del fraccionamiento del predio.
La abogada de los pescadores, Carolina Neme, cuestionó entonces ante la Justicia la legalidad de ese fraccionamiento y sostuvo que no había respetado la obligación de ceder los primeros 150 metros de costa al dominio público. El fraccionamiento había delimitado 48 lotes de aproximadamente cinco hectáreas cada uno, uno de los cuales comprende el lugar donde estaba instalada la comunidad.
En diciembre de 2025, un fallo de segunda instancia del Juzgado de Rosario rechazó que los pescadores fueran ocupantes “precarios”, como había sostenido el juzgado de Paz de Juan Lacaze, y los reconoció como “poseedores originarios” de las construcciones que habían realizado. Sin embargo, entendió que la mayoría no contaba con la antigüedad necesaria para tramitar la prescripción treintenal de los inmuebles y ordenó la restitución del padrón rural, salvo en el caso de Ergasto Locher, hermano de Carretilla, ambos fallecidos.
El fallo también abordó específicamente la cuestión de la faja costera. La defensa había sostenido que, al encontrarse las viviendas dentro de los primeros 150 metros, esa superficie debía considerarse pública y que, por lo tanto, la situación de los pescadores debía ser resuelta en relación con la Intendencia de Colonia y no con un propietario privado.
Sin embargo, el juez de segunda instancia interpretó que el artículo 503 de la Ley 19.355 no había producido por sí mismo el traspaso del dominio privado al público. Según el fallo, la norma habilitaba una expropiación y el cambio de dominio se produciría una vez cumplido ese procedimiento y efectivizada la correspondiente compensación. Por esa razón, concluyó que no era necesario que el pasaje al dominio público figurara en el plano de mensura.
La nueva respuesta de DINOT no se pronuncia sobre ese fallo judicial ni determina la nulidad del fraccionamiento, sino que informa que, al consultar el plano de mensura registrado, la cesión de la faja costera de 150 metros y los accesos públicos a la costa no aparecen consignados, y que la normativa invocada por la defensa de los pescadores se encontraba vigente al momento de la inscripción.
Para Fernández, ese documento puede resultar relevante para las actuaciones que todavía están pendientes. “Estamos esperando incluso informes de Catastro, de Ambiente y de Ganadería”, señaló. A su entender, esos elementos permitirán determinar cómo se realizó el fraccionamiento y qué actuaciones administrativas se produjeron.
Un conflicto costero
El edil frenteamplista sostiene que el problema no se reduce al conflicto entre los pescadores y los propietarios de los predios. A su juicio, el caso expone una discusión más amplia sobre el acceso público a la costa y sobre la forma en que se han realizado fraccionamientos rurales en zonas costeras de Colonia.
En planteos anteriores ante la Junta Departamental, Fernández había advertido sobre la existencia de procesos similares en otros puntos del departamento y cuestionado que este tipo de fraccionamientos pueda realizarse sin una participación suficiente de las autoridades departamentales de ordenamiento territorial.
