El proyecto de ley 2630/20, conocido como “Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet”, busca combatir la diseminación de noticias falsas en plataformas como Facebook, Twitter, Whatsapp y Telegram. La propuesta, presentada por el senador Alessandro Vieira y aprobada por el Senado, ha generado controversias en la Cámara de Diputados de Brasil.
El texto propone la aplicación de medidas para combatir el financiamiento de noticias falsas en redes con más de dos millones de usuarios, incluidas aquellas extranjeras que ofrezcan servicios al público brasileño. Si bien algunos diputados consideran necesarias estas medidas, especialmente en el contexto electoral, otros creen que podrían conducir a la censura.
Entre las medidas, se exige a los proveedores de redes sociales y servicios de mensajería prohibir cuentas falsas creadas o utilizadas para engañar al público, salvo en casos de contenido humorístico o paródico. Además, se establece un límite en el número de envíos de un mismo mensaje y en el número de miembros por grupo. Las empresas también deberían, de aprobarse el texto, conservar registros de envíos masivos de mensajes por un plazo de tres meses.
El proyecto de ley también exige la identificación de contenidos pagos en redes sociales, incluyendo información sobre la cuenta responsable y el costo total de la publicidad en caso de promover una carrera electoral. Además, considera de interés público las cuentas en redes sociales de agentes políticos, quienes no podrán restringir el acceso a sus publicaciones, lo que pone de facto una prioridad legislativa local por encima de las famosas “reglas de comunidad” de las plataformas digitales, guías en las que las diferentes empresas, desde Twitter a Facebook, se han basado a la hora de tomar decisiones políticas polémicas como el bloqueo al expresidente de Estados Unidos Donald Trump.
Por último, el texto también sugiere posibles sanciones: por ejemplo, que las empresas que incumplan las medidas propuestas incluyan multas de hasta 10% de la facturación del grupo económico en Brasil; estos fondos serían destinados a la educación básica y a la alfabetización digital. La creación de un Consejo de Transparencia y Responsabilidad en Internet, de 21 integrantes, también está contemplada en el proyecto.
Repercusiones y opiniones
La propuesta genera preocupación en organizaciones como Reporteros sin Fronteras (RSF), que considera que algunas medidas amenazan la libertad de información y el derecho a la privacidad de los ciudadanos. RSF recomienda retirar el proyecto de ley y llevar a cabo una amplia consulta pública para elaborar un nuevo texto que respete los estándares internacionales de libertad de expresión. Esta es, precisamente, la cuestión central que genera polémica en torno al proyecto de ley en los diferentes sectores vinculados: desde las empresas de redes sociales hasta los dirigentes políticos y organizaciones sociales.
Por su parte, el presidente del Partido Novo, Eduardo Ribeiro, declaró que el proyecto de ley es “la mayor amenaza a la libertad de expresión desde el régimen militar” y que “no hay nada más importante que dejar caer este proyecto”, según dijo en una entrevista en el programa Pânico de la radio Jovem Pan, según relevó The Epoch Times.
Entre las organizaciones que tomaron partido en esta discusión está Google, una de las plataformas más importantes del mundo, tanto por su poderío económico como por su monopolio casi absoluto en el mercado de la “búsqueda” (en definitiva, el mercado de la información) y explotación de datos. Su opinión no fue para nada sutil o indirecta: directamente, se posteó en el blog de Google, bajo el título “Cómo PL 2630 puede empeorar su internet”. Allí, la empresa declara que tiene “serias preocupaciones” por las “consecuencias no deseadas” de la ley, porque “termina protegiendo a quienes producen desinformación”, “pone en peligro el libre acceso y la distribución de contenidos en internet”, “otorga amplios poderes a un organismo gubernamental para decidir lo que los brasileños pueden ver en internet”, entre otros puntos.
El medio estatal Agência de Brasil calificó la estrategia de Google de “campaña abusiva y engañosa”, además de informar que el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) instituyó un procedimiento preparatorio de investigación administrativa para “investigar un presunto abuso de posición de dominio por parte de Google y Meta en el ámbito de las discusiones relacionadas con la propuesta [de ley]”, es decir, para acusarlos de monopolio.
Es así que el proyecto se encuentra estancado en la Cámara de Diputados, luego de que fue llevado a una votación el martes 2 de mayo y no se contó con los votos necesarios, por lo que el relator de la propuesta, el diputado Orlando Silva (Partido Comunista), solicitó que se aplazara la votación y el presidente del órgano decidió posponerla sin fecha definida.
Aguas cambiantes: política y plataformas
Brasil no está dando en solitario este debate, que a esta altura del partido ya es global. En Estados Unidos, en este momento, la Corte Suprema está tratando el caso González V. Google, que se vincula con la Section 230, la ley que protege a los sitios web y plataformas contra las demandas o derivaciones jurídicas de lo que publiquen los usuarios en ellas. Si, eventualmente, se derogara (lo que hoy parece lejano), las plataformas serían tratadas jurídicamente de una manera más similar a los medios de comunicación, es decir, serían responsables legalmente de lo que se dice en ellas.
¿Es esto justo? Y, más allá de la justicia, ¿es esto viable económicamente para las empresas? Pensemos, por ejemplo, que cualquier persona podría demandar a Meta porque la amenazaron mediante un mensaje de Whatsapp o porque le filtraron fotos privadas. ¿Esto coarta la libertad de expresión o protege a las personas? Todas estas cuestiones están en debate hoy, aunque la Corte Suprema de Estados Unidos se muestra bastante reticente a hacer modificaciones importantes.
Aquí, en Uruguay, a principios de este año el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, propuso crear una “Junta de Garantías en Comunicación Política”, en el marco del debate sobre posibles modificaciones a la Ley de Medios, que despertó un rechazo unánime del resto del sistema político.
La situación en Brasil parece ser otro caso de la pulseada cada vez más visible entre la política y las plataformas. Aunque el resultado sea todavía incierto, todo indica que el proyecto (al menos en su forma actual) no se aprobará en este período, con un Legislativo opositor y una iniciativa que le daría poderes importantes de regulación de la comunicación al Ejecutivo. Pero Brasil sabe de sorpresas.