Durante el acto de cierre de un Día del Patrimonio que tuvo como eje las raíces indígenas como “pasado, presente y futuro”, la referente del Consejo de la Nación Charrúa (Conacha) Mónica Michelena sostuvo en el Palacio Legislativo que comienza “una nueva etapa” y se abre “un nuevo camino” que el Estado uruguayo y los pueblos indígenas deberán recorrer juntos. Cuatro días antes, en el anexo del Parlamento, tuvo lugar un foro que iba en esa misma dirección.
Fue entonces, con la participación de la subsecretaria de Educación y Cultura, Gabriela Verde, las legisladoras del Frente Amplio Susana Andrade y Ana Laura Melo, el experto en derechos humanos Ricardo Changala y la antropóloga Valentina Febrero, que el referente de la agrupación Derecho Indígena Javier Delgado presentó un significativo anteproyecto de ley.
Desde su fundación, en 2022, el colectivo tramitaba algunas denuncias vinculadas sobre todo con la destrucción de patrimonio material y constató que, si bien eran recibidas por la Comisión Nacional de Patrimonio, los reclamos no prosperaban. A raíz de esto, explica el activista, terminaron reuniéndose con Serena Heckler, una especialista de la oficina de Naciones Unidas en Uruguay, que les dijo que el país “tiene un riquísimo patrimonio cultural indígena desplegado en todo el territorio, pero no tiene normativa desde el lado indígena”.
Estas palabras quedaron resonando en el grupo y llevaron a notar que la protección del patrimonio cultural de los pueblos originarios demandaba un marco jurídico nuevo que trascendiera el vigente mediante la ley de Patrimonio: como dice Delgado, esta data de 1971 y, pese a diversos intentos de modificación, se ha mantenido “casi intacta”.
Derecho Indígena trabajó así en un primer borrador del anteproyecto que, con 11 artículos, terminó de redactar en abril de 2025. Luego, al entrar en contacto con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), por la asesoría que ofrece a las organizaciones sociales, los requerimientos de la institución llevaron a conformar un grupo formal de trabajo. “Ahí se suma a los antropólogos Mónica Sans, José María López Mazz, Camila Gianotti, Moira Sotelo y Gonzalo Figueiro desde el lado de la academia y también a otros colectivos indígenas: al grupo Inambí Sequer, que está en Maldonado, al colectivo de mujeres indígenas Hum Pampa, que está en varios departamentos, y a la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa (Adench)”, apuntó Delgado.
A partir de allí comenzó un proceso de cinco meses en el que el anteproyecto se enriqueció con los aportes de autoridades, docentes e investigadores en el marco de diversas instancias ampliadas. En la sede de la INDDHH, el grupo, que contó a su vez con el asesoramiento permanente de Changala en calidad de experto en pueblos indígenas, recibió, entre otros actores, a Valentina Febrero, a Susana Andrade, al director de la Comisión Nacional de Patrimonio, Marcel Suárez, y a la entonces secretaria de Derechos Humanos de Presidencia, Collette Spinetti. Así, el 17 de agosto, ya dividido en ocho capítulos y con 43 artículos, el grupo encabezado por Derecho Indígena aprobó el texto final.
Participación efectiva
En su exposición de motivos, el anteproyecto estipula que “el patrimonio cultural indígena no es únicamente un conjunto de restos, objetos o vestigios del pasado, sino también una cultura viva, heredada, recreada y transmitida en el presente por personas, familias, comunidades, organizaciones y colectivos portadores de memoria, identidad y arraigo indígena”, por lo que el afán del proyecto es “avanzar hacia una concepción integral, dinámica e intercultural” del patrimonio.
En este sentido, Delgado puntualiza que Uruguay cuenta con al menos 20 comunidades indígenas activas –registradas para la próxima elección de delegado ante el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe– a las que se suman las que van conformándose, y enfatiza que los indígenas de ancestría charrúa, guaraní, guenoa, chaná o arachana, que históricamente quedaron afuera de la mesa, tienen que ser partícipes en la toma de decisiones. “Por eso la presencia continua, en cada uno de los artículos, de la necesidad clara de poder tomar decisiones desde el lado indígena; la participación efectiva que nombramos. No podemos estar nosotros ajenos a las decisiones que se tomen o a [merced de] las concesiones que nos dé el Estado”.
Es con este objetivo que la iniciativa apunta a “la creación de un Consejo Nacional de Patrimonio Cultural Indígena como ámbito especializado de seguimiento, articulación, propuesta y participación indígena” dedicado a “asegurar la presencia indígena efectiva en las decisiones que afecten su patrimonio cultural” y “promover el cumplimiento de las obligaciones” establecidas por la nueva norma. Incluso explicita que los integrantes deberán ser mayoritariamente personas indígenas “propuestas mediante mecanismos públicos, participativos y transparentes”, aunque también lo puedan integrar individuos con perfiles técnicos e institucionales.
Mucho más que huesos
Si bien en la Ley de Patrimonio de 1971 vigente el término indígena aparece en uno de los artículos cuando mandata a la comisión nacional la preservación, entre otros sitios arqueológicos, de “las tumbas indígenas”, en línea con lo denunciado en un artículo desarrollado en 2023 por investigadores del Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay del Centro Universitario Regional del Este (CURE) de la Universidad de la República, que identifica que 329 cerritos de indios de la zona de India Muerta presentan una vulnerabilidad alta, Delgado señala que Derecho Indígena trató denuncias vinculadas tanto con cerritos de indios destruidos como con otras intervenciones en territorio por las que se pierden sitios de memoria, sitios arqueológicos: “Estas son cosas que no deberían estar pasando en nuestro territorio y son las cosas en las que sí se le está reclamando al Estado uruguayo que empiece a actuar. En educación intercultural, en medicina intercultural”.
A este problema se suma, además, un tema sensible que el anteproyecto busca subsanar: la exhibición de restos humanos de ancestros indígenas. Delgado ilustra la situación con un caso específico en el Museo Regional de Rocha, cuyo sitio web detalla como parte del acervo un “esqueleto de 1.500 años, extraído de un cerrito de indios de la zona de San Miguel”. El entrevistado asegura que estaba dispuesto en el suelo del lugar. “No es solamente un cuerpo, hay un ancestro ahí que significa muchísimo para nosotros, y uno cuando entraba se encontraba con algo ahí en el piso, como para patearlo. A nivel indígena nos parecía muy potente lo que nos generaba, no estaba nada bueno”, expresa. Gracias a un trabajo conjunto del CURE y del colectivo charrúa Clan Gubaitase, recientemente se logró convencer a la institución de retirarlo a la espera de ver qué restitución se le puede dar.
Foto: Cortesía de Derecho Indígena
En todo caso, el anteproyecto cuenta con un artículo centrado en los museos en el que demanda de estos “un enfoque respetuoso, actualizado y participativo del patrimonio cultural indígena” y que, en cuanto a restos humanos, documentos y piezas arqueológicas, entre otros bienes culturales indígenas, mandata su “trazabilidad” y “conservación adecuada”, así como la consulta o “evaluación de medidas de restitución, repatriación, resignificación o retiro de exhibición pública cuando corresponda”.
Sembrar memoria
Desde su introducción, el anteproyecto impulsado por Derecho Indígena aclara que su intención es salvaguardar el patrimonio indígena “en todas sus dimensiones” y que considera necesario “fortalecer de manera expresa la dimensión inmaterial” en diálogo con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco de 2003, aprobada por ley en Uruguay ese mismo año.
“Para que sea patrimonio inmaterial algo en una cultura tiene que estar vivo en territorio, y acá hay prácticas ceremoniales, desde la presentación del niño a la luna cuando nace, por ejemplo, a prácticas medicinales; hay una cantidad de elementos que podemos decir que están vivos en territorio y Uruguay esto no lo está atendiendo”, señala Delgado sobre una dimensión que en el anteproyecto figura en el artículo “Educación, transmisión y continuidad viva del patrimonio cultural indígena”. Allí se propone que las políticas educativas busquen promover la “transmisión intergeneracional” y “la recuperación y la continuidad viva” de este patrimonio.
A su vez, con idéntico fin, impulsa la creación de un “Inventario participativo del patrimonio cultural inmaterial indígena”, un instrumento de revisión y actualización periódica destinado a “personas, comunidades, organizaciones, colectivos, clanes y portadores involucrados” que recogería relatos, ceremonias, lenguas, diseños, saberes medicinales y demás aportes vinculados con la cultura y la memoria tanto charrúa como de las demás etnias indígenas que habitaron el actual Uruguay.
La frase en charrúa “Tida etriek, geppian oyendau” o “Buscar la verdad, sembrar memoria”, pronunciada por Michelena y otros activistas de la comunidad en actos como el del Palacio Legislativo o recordatorios de Salsipuedes, resume lo mismo que la siguiente anécdota de Delgado sobre cómo una compañera cayó en la cuenta de su ascendencia: “Se enteró cuando su abuela estaba con un problema de salud y sabía que no iba a tener muchos días más presente físicamente. Solicitó ser traída a Piriápolis y se sentó en una piedra, y esta muchacha manifiesta que ahí hizo su transformación, su pasaje de vida”.
Una voz que ya no se calla
Inaugurada el 30 de setiembre –en coincidencia con la fecha del foro donde se presentó el anteproyecto– en el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI), la muestra “+1 MILLÓN” tiene como eje un dato que resulta de las investigaciones encabezadas por la antropóloga y docente Mónica Sans. En ella se señala que entre el 37% y el 40% de la población uruguaya tiene al menos un antepasado indígena, que resulta en un total de más de un millón de personas con ancestría.
Recorrida por 31.824 visitantes en el Día del Patrimonio, es innegable que la muestra es un indicio más de algo en lo que Delgado coincide con el director de Patrimonio: “Como bien decía Marcel Suárez, se abrió un portal, hay algo que ya no se va a callar, la voz indígena quedó presente”.
Levantado parece quedar, entonces, un velo de silencio que, como resalta el activista, se ve reflejado en el creciente interés por aprender lenguas indígenas. Una encuesta de su agrupación arrojó una respuesta positiva de más de un 90% de los consultados. “Las raíces indígenas no son pasado y claramente por algo estamos generando este proyecto de ley, porque somos presente”, insiste.
Según recoge Derecho Indígena en su sitio web, el Estado uruguayo sigue sin avanzar en uno de los reclamos más grandes de los colectivos, la ratificación del convenio 169 de la OIT, incluida además en el programa electoral del Frente Amplio. Aunque en 2022 el diputado oficialista Felipe Carballo tramitó una minuta dirigida al Poder Ejecutivo con ese fin y la delegación indígena recibida en la Comisión de Trabajo del Senado recibió una respuesta positiva, Delgado confirma que el tema hoy “sigue en espera” sin que se conozcan los impedimentos para su concreción.
Mientras tanto, el activista insiste en que “se necesita un marco jurídico y legal, una columna vertebral para políticas públicas indígenas”, y dimensiona el atraso de Uruguay en comparación con países cercanos: “Cruzamos fronteras y cada país, en toda la región, tiene elaborados temas y políticas públicas para pueblos indígenas y también los que nos rodean tienen ratificado el convenio 169”.
