El proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento a fines de junio incluye modificaciones en la institucionalidad del sector audiovisual, entre ellas la derogación de casi todos los artículos de la “Ley de cine” de 2008, que creó tanto el Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ICAU) como el Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual. En su lugar, se implementa una Agencia Nacional Audiovisual (ANUA) que, según el texto, funcionaría en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y no en el de Educación y Cultura (MEC), como el ICAU.
Las autoridades expresaron que lo que se busca es complementar los aspectos culturales e industriales de la producción audiovisual, pero distintos actores locales entienden que la nueva situación podría significar una pérdida del apoyo a los contenidos nacionales, en favor de la prestación de servicios a producciones extranjeras.
Esto motivó que algunas asociaciones del sector, como Directoras, Directores y Guionistas del Uruguay (DGU), se reunieran en forma urgente para tratar el tema. La DGU, por ejemplo, comunicó que “rechaza enfáticamente” la nueva normativa.
También se manifestó al respecto la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay (Asoprod), que compartió su visión de las modificaciones planteadas mediante una propuesta en la que expresa que la creación de la ANUA “puede ser positiva en respuesta al crecimiento que ha tenido la industria cinematográfica y audiovisual”. El texto de la propuesta agrega, sin embargo, que de no incorporar algunas garantías fundamentales que permitieron el desarrollo de la industria nacional, el cambio sería un “retroceso”.
Sobre la redacción del proyecto de ley que crea la ANUA, entienden que da “definiciones muy poco precisas en cuanto a su alcance, sus responsabilidades y su funcionamiento”. Asoprod considera que tampoco se contemplan todas las fases de un proyecto audiovisual ni se define qué es una obra audiovisual nacional. Esto último “deja en una situación de máxima vulnerabilidad a todo el sector, particularmente a los directores, guionistas y productores nacionales”.
La Ley de Cine, votada por unanimidad en su momento y en camino a ser derogada casi en su totalidad por el oficialismo, “sí contiene definiciones muy precisas” sobre lo que se considera una obra nacional, sus creadores, las etapas del proyecto, la “soberanía de la cinematografía nacional” y la responsabilidad del Estado en esta actividad cultural, y por eso consideran “fundamental” conservar los elementos centrales de aquella ley.
La propuesta de Asoprod es detallada en cuanto a lo que “necesariamente” debería incluir una agencia audiovisual, empezando por incorporar “objetivos, cometidos y definiciones” que figuran en la ley vigente. En particular el artículo 2, que detalla los objetivos del ICAU, y el artículo 10, que define lo que se considera obras cinematográficas y audiovisuales nacionales.
Al mismo tiempo, piden que el Consejo de Dirección de la agencia se integre con dos representantes de las asociaciones más representativas de productores y realizadores, y que se mantenga el Fondo de Fomento Cinematográfico y su funcionamiento, “garantizando su partida anual, su mecanismo de ajuste por indexación, su porcentaje máximo de gasto de funcionamiento de la ANUA, tal y como está establecido” en el artículo 7 de la Ley de Cine. Asoprod también reclama “garantizar la universalidad en el acceso a los fondos, así como la libertad de expresión y la diversidad cultural”, con políticas necesarias para que eso suceda, y que se mantengan los compromisos internacionales actuales del ICAU.
Finalmente, el comunicado insiste en generar las condiciones adecuadas para el desempeño de los creadores nacionales, “por su carácter cultural y potencial exportador de propiedad intelectual”. Y realiza una consideración final respecto de estos cambios: “La creación de una agencia es una buena idea si y sólo si el contenido que la sustenta está acorde a los puntos anteriores, tomando en cuenta todas las dimensiones de nuestro sector, y si se le asegura una asignación de presupuesto real que la haga funcionar debidamente”. Por eso, creen “indispensable” establecer de manera clara una asignación presupuestal anual de 12 millones de dólares.
“Podemos dar esa batalla”
En Asoprod confían en que es el momento para discutir las modificaciones. “La diferencia que tenemos con el resto del sector es si hacerlo en la Rendición de Cuentas o no. Desde la asociación entendemos que podemos dar esta batalla ahora”, dijo a la diaria Santiago López, integrante de la directiva. “Si no sucede nada, nuestra postura puede cambiar. Pero con el Parlamento discutiendo una ley, no era solamente decir ‘no nos gusta’, sino ‘no nos gusta, no nos representa, necesitamos que cambien determinadas cosas para que, por lo menos, sea un proyecto válido para el sector’. Por eso trabajamos muy rápido en unos puntos que se acercan a lo que el sector necesita, porque lo que está escrito no lo es”.
Creen que la negociación es posible. “En los últimos seis o siete años hemos tenido resortes muy claros” en temas como la indexación del Fondo de Fomento o la creación del Programa Uruguay Audiovisual (PUA). “Hay dos o tres detalles positivos de la ley, y es que el PUA se implementaría desde una agencia exclusiva del sector. Pero le sacaron todo el contenido de la Ley de Cine, que es lo que nos llevó hasta acá. Rápidamente algunas voces del Poder Ejecutivo nos dieron la señal de que el camino del diálogo era viable. Con eso, sentimos que teníamos que trabajar”.
“Estamos en un diálogo constante con la directora de Cultura, que es nuestro interlocutor con el Poder Ejecutivo y de la cual hemos tenido una sensación de que está alineada a la propuesta de Asoprod”, dijo en referencia a Mariana Wainstein. “Por otro lado, históricamente hemos ido al Parlamento en cada Rendición de Cuentas a exponerles a los legisladores nuestros puntos de vista sobre el sector y es lo que estamos haciendo”, agregó.
Por último, si bien el conjunto de los productores se vio sorprendido por el proyecto, a López no lo sorprendió tanto. “Tiene errores técnicos claros”, manifestó. “Uno puede hacer un juicio político de las cosas y decir ‘estos no entienden nada’, pero técnicamente el proyecto es tan vago que el que lo escribió no entiende la diferencia entre un cortometraje y un video filmado con el celular. Al ser tan vago, te da pena por el pasante del MEF que lo escribió”.