Las agencias reguladoras del Estado, como la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (URSEA), sufrieron una modificación de su carta orgánica en la ley de urgente consideración (LUC), que entre otras cosas le otorgó mayor poder en el proceso de fijación de tarifas. Cuando se aproxima el comienzo del nuevo año y el gobierno evalúa los ajustes de cara a 2021, el rol de la URSEA provoca diferencias con las empresas públicas, que cuestionan los criterios del regulador para definir los “costos técnicos” de los servicios que brindan.
En la LUC se estableció que la URSEA tendrá entre sus competencias, para el caso de los precios de combustibles, electricidad y agua, “la aplicación de tarifas que reflejen los costos de los servicios”. Para eso, se le encomienda “examinar en forma permanente las tarifas y precios correspondientes a los servicios comprendidos dentro de su competencia, formulando las determinaciones técnicas y recomendaciones que entienda del caso e informando preceptivamente al Poder Ejecutivo los criterios de fijación tarifaria”.
En otras palabras, la modificación sumó a la URSEA a la “mesa chica” que discute el ajuste de tarifas, donde ya estaban sentados las autoridades del gobierno, en especial el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), y las empresas públicas. Desde el punto de vista de estas últimas, pasan a ser clave los criterios y definiciones que tome la URSEA en los informes sobre el precio óptimo de los servicios que brindan, porque de eso, en parte, dependerá el ajuste tarifario.
Las fuentes consultadas en UTE y ANCAP confirmaron que hay discusiones y diferencias con la URSEA sobre la metodología que aplica, aunque dieron distintas visiones sobre qué tanto impactará el resultado de esas negociaciones en el ajuste de tarifas de enero próximo.
Hace unas semanas, la diaria informó que ANCAP recurrió por vía administrativa la resolución de la URSEA que actualizó la metodología de cálculo del precio de paridad de importación (PPI), un ejercicio teórico que muestra cuánto costaría a un privado vender combustible en Uruguay y que será la referencia del gobierno para fijar las tarifas. Si bien en la LUC se estableció que el nuevo sistema con el PPI como referencia empezará a regir en 2021, fuentes del MIEM dijeron a la diaria hace unas semanas que se establecerá un cronograma gradual.
Aparte de tener una nueva referencia de eficiencia para ANCAP, a partir de la LUC el MIEM conformó un comité de expertos con representantes de distintos organismos del gobierno que entregará el 15 de diciembre un informe al ministro Omar Paganini sobre el mercado de combustibles. Allí se hará un diagnóstico y se realizarán recomendaciones, que luego pueden derivar o no en un proyecto de ley, eso lo determinará el Poder Ejecutivo, sobre los impuestos y subsidios que inciden en el precio de los combustibles, así como los costos en las distintas etapas de la cadena de comercialización (distribución y estaciones).
OPP solicitó información a los entes para definir nuevas tarifas
Más allá de la discusión semántica sobre aumento o ajuste, que refiere a si la variación de precios fue mayor o no a la evolución de la inflación, el gobierno comenzó el proceso de análisis para determinar qué pasará con los precios de los servicios públicos a partir de enero. Así lo confirmó en el Parlamento la semana pasada el subsecretario de Economía y Finanzas, Alejandro Irastorza, aunque dijo que no podía dar información sobre cuáles serán los ajustes de tarifas “porque todavía no hay nada resuelto, se está estudiando”.
En UTE y ANCAP ninguna discusión relativa al ajuste tarifario pasó por directorio, informaron los directores en representación del FA. En el caso de la empresa de suministro eléctrico, la directora Fernanda Cardona señaló que en la reunión de directorio del jueves hará un planteo si el tema no se incluye en el orden del día. “Voy a preguntar para saber en qué sentido se está trabajando”, dijo a la diaria.
Cardona comentó que pretende “bajar el tema a tierra y hablarlo de forma clara”, porque hubo declaraciones de la presidenta de UTE y el vicepresidente que “no fueron coincidentes”. Una fuente del directorio de UTE dijo este lunes a la diaria que no habrá ninguna definición esta semana respecto a las tarifas y que la intención es “realizar una adecuación inferior a la inflación”.
Diferencias por costos e inversiones entre UTE y URSEA
Así como ya se actualizó el PPI para los combustibles, los técnicos de la URSEA trabajan desde hace un tiempo para determinar los costos óptimos, es decir el valor de eficiencia, de cada línea de servicio de UTE. Esto es cuánto de la tarifa deriva de los costos de generación, o por transmisión, distribución o aspectos comerciales.
“La gran discusión desde la empresa pública es que la URSEA pretende una tarifa técnica que sea según un comparativo regional o mundial, pero no trasladan a los costos de cada unidad de negocio las inversiones que hace UTE”, por ejemplo para llegar a todo el país con el plan de electrificación rural o la mejora en las redes de transmisión, explicó Cardona.
Tanto un privado que pudiera operar en Uruguay, de no existir el monopolio estatal, o una empresa que brinde el mismo servicio en otro país, no tiene obligación de asumir ese tipo de negocios y por ende sus costos serán menores. A la vez, los negocios con mayor ganancia de UTE de cierta forma subsidian a los otros que no lo son. Esto se relaciona con que existen decisiones políticas que toma un gobierno y ejecutan las empresas públicas que no se miden en función de la rentabilidad.
En ese punto está la discusión entre UTE y la URSEA, ratificó otra fuente del directorio. “UTE hace un gasto social y no tenemos ningún problema en discriminar y abrir nuestros costos, pero sí queremos que cuando llegue el momento de fijar” la tarifa sean considerados esos “subsidios”, sostuvo.
La fuente señaló a la diaria que la negociación sobre estos criterios con la URSEA continuará durante algún tiempo y entonces el informe sobre la tarifa técnica no impactará en la discusión del ajuste para comienzos de 2021. Cardona señaló que será “un gran desafío” para UTE lograr que las inversiones que hizo estén reconocidas en los costos que toma la URSEA, porque “la LUC le asignó un mayor poder al regulador” al establecer que sus informes son preceptivos para la decisión sobre tarifas del Poder Ejecutivo.
“UTE contribuye con Rentas Generales [donde vuelca sus ganancias], y según cómo le fijen la tarifa podrá contribuir más o menos. La cuenta [sobre los costos óptimos que realiza la URSEA] no impacta tanto en UTE sino en el gobierno central”, concluyó una fuente del ente.