Los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos (UNGP, por sus siglas en inglés) fueron adoptados de forma unánime por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2011. Estos constituyen un instrumento voluntario que, desde su concepción, ha buscado impulsar el respeto a los derechos humanos en el actuar empresarial y brindar un marco internacional para las obligaciones de los estados y las responsabilidades de las empresas.
De cara al décimo aniversario de los UNGP, en 2021, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos ha lanzado un nuevo proyecto para trazar el camino de la siguiente década en esta materia, con el objetivo de llegar a 2030 con resultados tangibles para las comunidades afectadas y con un marco sostenible para el desarrollo. El 7 de julio tuvo lugar el lanzamiento de este proyecto, mediante un evento virtual en el cual tuve el honor de participar como una de las pocas voces de América Latina y de sociedad civil.
En un espacio dominado por representantes de estados, organismos multilaterales y sector privado, y las intervenciones fueron sobre todo de congratulación por los avances y de reconocimiento de que aún quedan asuntos pendientes, especialmente en esta inesperada coyuntura actual.
Si bien en estos nueve años se ha logrado colocar la narrativa del respeto a los derechos humanos dentro del sector privado y se han identificado numerosos abusos que ocurren en el contexto de las actividades empresariales, la implementación de los UNGP ha sido francamente insuficiente para prevenir el daño, brindar justicia y reparación a las víctimas, y reducir la impunidad. Es necesario hacer una crítica honesta, que permita, ojalá, cambiar el rumbo de las acciones en este nuevo proyecto de la ONU para 2021-2030.
Los negocios y las inversiones no se pueden hacer como antes. Esto ya no es una opción.
La crisis por la pandemia de covid-19 ha hecho aun más evidente las profundas desigualdades y las injusticias sistémicas prevalecientes, y también ha expuesto el abuso corporativo, por ejemplo de los derechos laborales, y la captura corporativa, en forma de cabildeo para la reapertura de ciertos sectores de la economía, y para proteger las ganancias sobre la salud y la vida de las personas.
Iniciativas como Black Lives Matter, los movimientos feministas, ambientalistas abordando la crisis climática, trabajadoras y trabajadores, comunidades defendiendo sus derechos en la primera línea son quienes nos están mostrando el camino. La necesidad de cambiar este sistema y balancear el poder es urgente. Como parte de “reinventar la normalidad”, debemos reinventar también la agenda de empresas y derechos humanos. El momento es ahora.
Las medidas voluntarias se han quedado cortas. Si bien los UNGP contienen elementos importantes, su implementación ha sido muy limitada. Los estados aún fracasan en defender cabalmente los derechos humanos y las corporaciones continúan ejerciendo abusos. Es por ello que las comunidades locales y los movimientos sociales están empujando para que se desarrollen instrumentos obligatorios, que ya no den la opción al sector privado de escoger qué elementos tomar de esta agenda y perpetuar su impunidad.
Uno de estos instrumentos sería un tratado vinculante en materia de empresas transnacionales y derechos humanos, que ha estado en negociaciones durante cinco años, con un fuerte movimiento internacional de sociedad civil respaldando el proceso y presionando para que haya avances. El Estado uruguayo ha sido parte de estas conversaciones, así como representantes de organizaciones sociales y sindicatos participan activamente de los espacios de sociedad civil.
Otro camino posible y complementario es impulsar cambios legislativos a nivel nacional, particularmente leyes que vuelvan obligatoria la debida diligencia en derechos humanos por parte de las empresas, en sus propias operaciones y en toda su cadena de suministro. Un buen ejemplo es la ley francesa de deber de vigilancia, que aun con sus debilidades ha significado un avance en materia de prevención y acceso a remediación.
Es justamente en la prevención, en el principio de “no hacer daño”, donde debería estar la guía para las acciones de los próximos diez años. El acceso a reparación y justicia para las víctimas debe garantizarse y la impunidad corporativa debe terminar.
Para desarrollar una agenda sustantiva de empresas y derechos humanos, se deberá involucrar directamente a las comunidades afectadas, personas defensoras de los derechos humanos, trabajadores y trabajadoras y sociedad civil. También será necesario crear conciencia y dialogar con los inversionistas institucionales que pueden ejercer influencia directa sobre las empresas y tomar mejores decisiones sobre sus inversiones, incorporando una perspectiva social, ambiental y de gobernanza adecuada.
Estos tiempos nos convocan. Debemos poner toda nuestra creatividad a trabajar para pensar en modelos alternativos, enraizados en las economías participativas y los principios de los derechos humanos, incluyendo una perspectiva interseccional y retomando experiencias comunitarias, particularmente de países del sur global.
Este proyecto del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos podría ser una oportunidad para avanzar en esta lógica, a la vez que se continúa empujando por medidas obligatorias y sobre todo, cuestionando el sistema mismo en el que vivimos, que es el que ha llevado hoy a todo el planeta a estar en vilo frente a una crisis sanitaria global.
Fernanda Hopenhaym es socióloga, latinoamericanista, especialista en empresas y derechos humanos. Codirectora ejecutiva de PODER y presidenta de la Mesa Directiva de la Red-DESC.