Panorama complejo al comienzo de 2021

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Proyecciones de actividad se corrigen a la baja

La evolución reciente de la pandemia complejiza la recuperación global prevista para 2021 en todo el mundo. En las últimas semanas fueron varios los países que volvieron a desplegar medidas de restricción a la movilidad para frenar los contagios y evitar la saturación del sistema de salud. En el caso uruguayo, el país ingresó el viernes a la zona roja de riesgo en el índice de la Universidad de Harvard.

En este marco, la recuperación económica que había comenzado durante el tercer trimestre del año podría no consolidarse hacia adelante. De acuerdo con el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), 2020 habría cerrado con una contracción del PIB mayor a la prevista meses atrás. En concreto, la caída de la economía se habría ubicado en el entorno de 6,1%. Esto implica una corrección a la baja de 1,4 puntos porcentuales en relación con la estimación anterior (-4,7%).

Para 2021 y 2022 el Cinve proyecta una expansión del PIB de 2,3% y 2,2% respectivamente. Con una caída más severa del producto y una recuperación más diferida y moderada, los niveles de actividad previos a la pandemia se recuperarían recién hacia 2023. Estas estimaciones son más pesimistas respecto de las que dio a conocer el Banco Central del Uruguay días atrás. Para la institución monetaria, la caída del PIB en 2020 habría sido de 5,8% y el rebote implicaría una expansión de 3,6% y 3,9% para 2021 y 2022 respectivamente.

La evolución reciente del mercado laboral

De acuerdo con los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de empleo –indicador de la demanda de trabajo– aumentó 0,5 puntos porcentuales entre octubre y noviembre y se ubicó en 55%. Con este dato, CPA Ferrere estimó que son aproximadamente 53.000 los puestos de trabajo que se perdieron desde noviembre del año pasado. La tasa de actividad, por su parte, también registró un incremento mensual, pero de menor orden: pasó de 61,4% a 61,7%.

La conjunción de lo anterior determinó una caída de la tasa de desempleo (indicador que surge de la interacción de la oferta con la demanda laboral) en relación con el mes anterior. Concretamente, la tasa de desempleo se situó en 10,9% de la población económicamente activa, lo que implica que eran 194.000 las personas que estaban desocupadas a noviembre (cerca de 5.000 menos que el mes anterior).

En relación con los indicadores adicionales que comenzó a publicar el INE desde que irrumpió la pandemia, el porcentaje de ocupados ausentes se mantuvo estable en torno a 5,6%. De ese conjunto, poco más de 21.000 trabajadores tuvieron como motivo de ausencia el seguro de paro o desempleo y casi 5.700 se encontraban en suspensión o cuarentena.

En lo que hace a la transición entre las distintas condiciones, de los ocupados que estaban ausentes en octubre 61,6% mantuvieron su condición, 31,2% pasaron a ser ocupados que trabajaron en la semana de referencia de noviembre y 7,2% perdieron su puesto de trabajo. Tampoco se registraron cambios significativos en lo que refiere a las horas efectivas de trabajo semanal, que permanecieron en el entorno de 34.

El teletrabajo seguiría aumentando: ¿cuáles son las implicancias?

Por su parte, como era esperable dada la situación sanitaria, la incidencia del teletrabajo volvió a aumentar por segundo mes consecutivo. Puntualmente, 9,4% de los ocupados declaró haber realizado su trabajo de forma remota durante noviembre. Esto implica un incremento de 1,6 puntos porcentuales respecto del mes anterior. Entre abril y setiembre la proporción de ocupados que realizaron trabajo de forma remota cayó de forma ininterrumpida, pasando de 19,3% a 7,5%. Sin embargo, desde octubre esa tendencia se revirtió y es esperable que la incidencia del teletrabajo continúe en aumento, dada la situación sanitaria.

En este sentido, hay que tener presente que la posibilidad de desempeñar tareas bajo esta modalidad no se distribuye de forma homogénea dentro del universo de trabajadores. Por sus características, una parte importante de la fuerza laboral se encuentra al margen de esta modalidad de empleo y enfrenta dificultades para continuar trabajando en presencia de medidas de restricción a la movilidad (que podrían volver a ser necesarias para frenar los contagios).

Como señala Guntín,¹ 77% de los trabajadores uruguayos enfrentan dificultades para trabajar desde su casa y 22% se desempeñan en trabajos de alto contacto. Esa población, además, es la que exhibe una mayor vulnerabilidad ante la coyuntura actual.

En ese sentido, hay que tener presente que la capacidad de realizar teletrabajo tiene sesgo favorable a la alta calificación y aumenta con los ingresos: “Los trabajos a distancia y de bajo contacto son realizados principalmente por trabajadores de mayores ingresos. La proporción de trabajadores en los percentiles de menores ingresos con trabajos realizables a distancia es solo un 10%, mientras que para los percentiles de mayores ingresos es más de 50%”. A su vez, “la proporción de trabajadores que realizan trabajos de alto contacto en los percentiles de menores ingresos es 25%, mientras que en los percentiles de mayores ingresos es alrededor de 15%”.

Siguiendo una metodología similar, meses atrás el Cinve elaboró el Índice de Posibilidad de Trabajo a Distancia (IPTD) para caracterizar los grupos de población más expuestos ante un escenario de movilidad más restrictivo.² El índice toma valores entre 1 (no pueden trabajar remotamente) y 5 (sin limitantes), por lo que define como vulnerables aquellos que enfrentan un IPTD inferior a 3. Los grupos vulnerables considerados son: I) trabajadores informales con un IPTD menor a 3, II) trabajadores formales por cuenta propia que presentan un IPTD menor a 3 y III) trabajadores dependientes formales con un IPTD menor a 3 y problemas de suficiencia en el seguro por desempleo.

En función de lo anterior, “se encuentra que más de 310.000 trabajadores quedarían por fuera de la cobertura que ofrece el subsidio por desempleo, mientras que otros 135.000, a pesar de contar con la cobertura del sistema, percibirían prestaciones que los situarían por debajo de la línea de pobreza”. A su vez, como advirtieron hace unos meses De los Santos y Fynn,³ la problemática no se limita únicamente a la capacidad de continuar trabajando a distancia, sino que existe una multiplicidad de factores vinculados con la realidad de cada hogar que relativiza esa posibilidad.

De acuerdo con las estimaciones realizadas por las autoras, entre “los trabajadores informales que podrían trabajar a distancia porque su ocupación se los permite existe una tasa de hacinamiento del 13%”. Además, “uno de cada cinco trabajadores informales con capacidad teórica de trabajo a distancia vive en hogares con al menos una NBI [necesidad básica insatisfecha] relativa a la vivienda”.

Por otra parte, “42% de los informales con posibilidad de trabajar a distancia no cuenta con conexión a internet en el hogar, y el 36% no cuenta con computadora”. Paralelamente, otra dimensión que condiciona la capacidad para teletrabajar refiere a la carga de trabajo no remunerado.

En entrevista con Telemundo, Marcelo Fiori, matemático integrante del Grupo de Datos del GACH y del Guiad-Covid-19, señaló el viernes que en el escenario de contagios actual “no podrían comenzar las clases en marzo”.

Como señalaron De los Santos y Fynn, “debe considerarse que el 35% de los trabajadores informales con posibilidad de trabajar a distancia vive con al menos un menor de 12 años en el hogar. En el caso puntual de las mujeres trabajadoras informales de las mismas características, el 41% vive con al menos un menor de 12 años en el hogar, y el 17% lo hace con más de uno”.

De esta manera, el teletrabajo no sólo tiene un sesgo favorable a la alta calificación (y mayores ingresos), sino que además tiene un sesgo que opera en detrimento de las mujeres. Este es uno de los motivos principales por los cuales la crisis de la covid-19 es una crisis en forma de K, dado que lo que hace es aumentar todas las desigualdades preexistentes (coyunturales y estructurales).

¿Qué dicen los datos del Banco de Previsión Social?

De acuerdo con los datos de BPS, los beneficiarios del seguro por desempleo eran 76.068 a noviembre. De ese total, 37% corresponde a la causal despido, 20% a reducción y el restante 44%, a suspensión. El último registro supone una reducción de 9.500 trabajadores en relación con el mes anterior y de casi 110.000 respecto del pico alcanzado durante mayo (185.769). Del total de beneficiarios de noviembre, aproximadamente 20% correspondía al sector comercio, 14% a la industria y cerca de 10% al sector transporte y almacenamiento y alojamiento y servicios de comida. En efecto, estos cuatro sectores concentran más de la mitad de los beneficiarios totales.⁴

En síntesis

Durante el último mes se registró un deterioro de la situación sanitaria y empeoraron las perspectivas de recuperación para este año. En relación con esto último, la caída del PIB habría sido mayor de la prevista en 2020 y la recuperación sería más magra hacia adelante.

Obviamente, esto difiere aún más la reactivación en la órbita del mercado laboral, que en general opera con rezago. Dicho de otra manera, el rebote previsto para este año no alcanzará para arrastrar el empleo en el corto plazo. Si bien falta conocer el dato de diciembre, las estimaciones sugieren que en 2020 se habrían destruido en torno a 60.000 empleos y que la dinámica de la actividad en 2021 no sería suficiente para recuperar ni la tercera parte de lo perdido.⁵ Esto configura un escenario crecientemente complejo que supondrá un golpe adicional para los sectores de actividad más expuestos y para la población más vulnerable, que vienen cargando con el peso de la crisis desde hace ya diez meses.

Ante esta situación, como advirtió el Cinve, es necesario “fortalecer el apoyo económico a los sectores más vulnerables de la población y a las actividades que se encuentran más afectadas por la emergencia sanitaria. Estas acciones son claves para limitar el empeoramiento de las condiciones de vida de amplios sectores de la población, para mitigar pérdidas futuras de empleo, y para evitar daños mayores en el sistema productivo”.

Para tener una referencia, según Gita Gopinath, economista jefa del Fondo Monetario Internacional, “pese a los trastornos económicos históricos en todos los países, el apoyo fiscal en 2020 divergió drásticamente. El apoyo fiscal en las economías avanzadas fue de 24% del PIB, en los países de ingresos medios y emergentes fue de 6% y en los países de ingresos bajos, de 2%”. En el caso de los dos primeros grupos de países, aproximadamente 12% y 4% del esfuerzo total en términos del PIB correspondió a gasto adicional y renuncia fiscal (el resto fueron préstamos y garantías).