La caída de la fecundidad en Uruguay: falacias comunes, consecuencias diversas y políticas necesarias

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Esta nota forma parte de un ciclo de artículos que está publicando la diaria sobre dinámicas de población y su vínculo con el desarrollo, en una iniciativa conjunta con el Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas.

En entregas anteriores de este ciclo de reflexiones sobre población¹ señalábamos que para la etapa demográfica en que ingresa el país, uno de los comportamientos que serían deseables sería sostener las tasas de fecundidad cercanas a lo que se llama niveles de reemplazo y que dichos promedios de fecundidad se lograran por niveles relativamente homogéneos entre estratos sociales, y no por fecundidades polarizadas en cantidad y calendario. ¿Cómo ha sido el comportamiento del país en esta materia?

Entre 1996 y 2004 se produce una caída aguda de la fecundidad, de 2,4 hijos a 1,9 hijos por mujer. La cantidad de nacimientos en este período cae de 58.500 nacimientos a poco más de 47.000. Esta caída se produce sin que caiga la fecundidad adolescente (en el entorno de los 60 nacimientos por cada 1.000 adolescentes de entre 15 y 19 años), lo que muestra una pauta de polarización de la fecundidad. Entre 2005 y 2015 la fecundidad se mantiene estable y el número de nacimientos también. A partir de 2014 se empieza a constatar por primera vez en muchos años una caída del embarazo adolescente. Luego de 2016 se retoma una caída aguda de la fecundidad y la natalidad, con valores de fecundidad en 2019 de 1,5 hijos por mujer y 37.500 nacimientos aproximadamente.

El año 2020 confirma la tendencia, con menos de 37.000 nacimientos. Este mismo período muestra una marcada caída de la fecundidad adolescente, con valores que cayeron de 60 a 30 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años. Por lo tanto, esta última etapa se caracteriza por una tendencia preocupante (caída abrupta de la fecundidad) y otra positiva (caída de la fecundidad y la maternidad adolescente). Ello implica que muchas mujeres, especialmente de los sectores de menores recursos, han logrado un mayor control sobre su calendario reproductivo, lo que redundará no solamente en proyectos de vida realizables y productivos para muchas de estas mujeres, sino también en nacimientos que se producirán en situación de menor vulnerabilidad, lo que, por lo tanto, impactará en niños y niñas con mejores condiciones de partida. Pero, por otra parte, la caída abrupta de la natalidad y la fecundidad presenta desafíos para el país. Debería resultar claro que no es deseable volver a niveles de fecundidad y natalidad anteriores por la vía de incrementar la fecundidad en las adolescentes. Por ello, la única opción es sostener o recuperar fecundidad en las mujeres en edades más avanzadas y en los sectores sociales medios. Pero la única forma de que ello pueda suceder es si la penalidad que la maternidad les impone a las mujeres derivada de modelos patriarcales de la división sexual del trabajo, de la discriminación en el mercado laboral y el no reconocimiento del valor producido por las mujeres en sus esfuerzos reproductivos es transformada en forma radical (CEPAL/ONUMujeres, 2020).

Hace ya mucho tiempo se constataba en Uruguay la hipótesis de la doble insatisfacción de las mujeres en materia reproductiva. Los sectores de bajos recursos presentaban niveles de fecundidad más elevados que los deseados y calendarios más tempranos que los que discursivamente se planteaban como preferidos, en tanto, los sectores medios y medios altos declaraban desear un mayor número de hijos que los que efectivamente se constataban luego en las trayectorias reproductivas de las mujeres. Avanzar en los derechos sexuales y reproductivos era clave para enfrentar parte de la primera insatisfacción. Resta avanzar en dotar a las mujeres de menores recursos de oportunidades educativas y laborales adecuadas para completar el combate a esta primera insatisfacción. Avanzar en un nuevo contrato de género que redistribuya las cargas de cuidados entre hombres y mujeres y entre Estado, familias y mercado, junto con atacar la penalidad que las mujeres sufren por maternidad real o potencial en el mercado laboral, será clave para enfrentar la segunda insatisfacción.

Los derechos sexuales y reproductivos: avances y desafíos

El proceso de debate social, parlamentario y de conquista de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos nunca ha estado exento de disputas y tensiones. Comprender en clave de ciudadanía dimensiones tan íntimas y privadas como son la sexualidad y la reproducción, a la vez que tan socioculturales, implica importantes complejidades y desacuerdos. Uruguay es un país que cuenta con un desarrollo temprano de políticas y programas en salud sexual y reproductiva en el contexto de la región. En este camino han sido clave las acciones y reivindicaciones de los movimientos de mujeres y feministas y de la diversidad sexual. También, los compromisos internacionales contraídos por Uruguay, en particular la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y el Consenso de Montevideo. Estas instancias son de especial importancia, pues reconocen que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos fundamentales. En este camino ha sido clave el papel del Estado uruguayo en la promulgación de leyes y su reglamentación, así como en el diseño y la implementación de políticas públicas.

Actualmente Uruguay cuenta con un marco legislativo de avanzada a nivel regional y mundial en lo que refiere a derechos sexuales y reproductivos e igualdad de género. Cabe destacar que el debate político, social y parlamentario de la ley de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva iniciado en 2002 fortaleció la discusión sobre los derechos vinculados a la vida sexual y reproductiva de las personas e implicó su introducción en la agenda política y social a nivel nacional. Hoy el país cuenta con leyes en materia de salud sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo y la reproducción humana asistida; derechos y obligaciones de usuarios de los servicios de salud; educación sexual como eje transversal de la educación; unión concubinaria; identidad de género, derechos de la población trans; matrimonio igualitario, adopción, violencia basada en género y generaciones. Estas leyes han sido reglamentadas y se han elaborado y publicado normativas y guías al respecto (UNFPA, 2016). Estos avances legislativos y políticas se enmarcan en reformas estructurales del Estado, como la del sector salud, que implicó la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, y posteriormente la definición de Objetivos Sanitarios Nacionales.

A pesar de que queda mucho por andar y el país aún enfrenta desafíos y barreras, estos avances han traído aparejados cambios concretos en la vida de las personas y en las prácticas de las instituciones.

Al inicio, planteábamos los vínculos entre la fecundidad y los temas de población y desarrollo. En este marco, un eje clave es el derecho a la decisión de cuántos, cuándo y con quién se quiere tener hijos, si se los quiere tener. El enunciado feminista de la maternidad como opción y no como destino u obligación es un objetivo que alcanzar. Uruguay ha logrado “mover la aguja” en estos indicadores. Por ejemplo, un indicador clave es el de las necesidades insatisfechas en anticoncepción. Estas se definen como el porcentaje de mujeres en edad reproductiva (15 a 45 años), ya sea casadas ​​o en otro tipo de unión, que tienen una necesidad insatisfecha de anticoncepción. Las mujeres con necesidades insatisfechas son aquellas que quieren interrumpir o retrasar la maternidad, pero no están utilizando ningún método anticonceptivo.

Con base en los datos recabados en la Encuesta Nacional de Comportamientos Reproductivos de 2017, el indicador de proximidad al porcentaje de necesidades insatisfechas de planificación familiar en mujeres de 15 a 45 años arroja 8,9%. Esto sitúa a Uruguay debajo del porcentaje mundial de necesidades insatisfechas en planificación familiar (12% en 2016) y también por debajo del de América Latina y el Caribe (11% en 2016). A su vez, el uso habitual de métodos modernos de anticoncepción que refleja la Encuesta de Comportamientos Reproductivos es de 91,7% en mujeres y de 85,9% en varones, superiores a los de la región, que es de 67% en mujeres (UNFPA, 2016).

La caída de la fecundidad en Uruguay presenta una serie de características que lo colocan en un lugar muy particular que requiere ser comprendido de mejor manera: la extrema velocidad del descenso, la imposibilidad de identificar un único factor desencadenante y la reducción de la fecundidad en adolescentes y muy jóvenes. 50% del descenso se explica por la caída de la fecundidad entre los 15 y los 23 años. Durante décadas la fecundidad adolescente en Uruguay se mantuvo estable. En muy pocos años el país pasó de 60 a 36, con lo que alcanzó su mínimo histórico y se alejó del promedio de Latinoamérica, ubicado en 67 por cada 1.000, y puso fin a diez años de estancamiento del indicador a nivel nacional (UNFPA/MSP/Udelar, 2019).

¿Por qué es importante bajar la fecundidad adolescente? Porque los datos muestran que es una expresión y consecuencia de la desigualdad y segmentación social, y de la vulneración de derechos. Es parte de una cadena de determinantes asociados a la exclusión y la vulnerabilidad social y de género. La mayoría no fueron planeados. Afecta seriamente los desempeños a futuro, compromete la autonomía y la capacidad de autosustento de las mujeres y de las cohortes más jóvenes en el futuro. No implica la conformación de un hogar independiente. Afecta la continuidad o la reinserción educativa. En suma, además de que ello expresa y reproduce altos niveles de segmentación y desigualdad, constituye la apuesta equivocada en materia de población y desarrollo.

Justamente, el embarazo y la maternidad se imponen como destino en las adolescentes con menos posibilidades y oportunidades, acceso a recursos, proyectos de vida diversos y ejercicio de derechos. La maternidad en la adolescencia recrudece las desigualdades sociales y de género, que en gran parte son su causa. La toma de decisiones está directamente asociada a factores individuales, transgeneracionales, sociales y a las condiciones de vida.²

El contrato de género y la maternidad

Existen dos hipótesis sobre la caída de la fecundidad que son falsas. La primera argumenta que es el aumento de la participación laboral de la mujer la que generó la opción por una menor fecundidad. La segunda, que fue la ley de interrupción voluntaria del embarazo la que explica la caída de la fecundidad. Si bien ambas hipótesis son plausibles, la evidencia permite constatar que dichos argumentos explican una parte marginal de la caída de la fecundidad. Las tasas de participación laboral femeninas aumentan marcadamente entre 2005 y 2015. Sin embargo, este es el período en que la fecundidad frena su caída y el número de nacimientos por año se mantiene estable, y aun con un leve aumento. Por el contrario, entre 2014 y 2019 se produce, en forma concomitante, una caída de la participación laboral y en los nacimientos.

De estas tendencias no se pueden extraer conclusiones definitivas. Existen demasiadas falacias ecológicas y limitaciones estadísticas para hacerlo. Pero al menos se puede constatar una realidad empírica: el aumento de la participación laboral de la mujer en promedio no coincide con una caída de la fecundidad o la natalidad agregada. De hecho, se constata lo inverso: los aumentos de las tasas de participación femenina coinciden con la estabilidad y un leve aumento de los nacimientos. La caída de dichas tasas, con menores nacimientos.

¿Es la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) lo que explica la caída de la fecundidad? Esta caída se produce en forma abrupta entre 2015 y 2020, con 10.000 nacimientos menos en ese período. Los datos sobre IVE indican que en estos años los valores crecieron en aproximadamente 900 casos. Por ello, si en algo explica la IVE la caída de la fecundidad, lo hace en menos de 10%. Sin embargo, la mayor caída de los nacimientos en este período se produce entre 2016 y 2017. En esos mismos años la IVE no sólo no aumenta, sino que decrece. Lo mismo sucede entre 2018 y 2019. Si bien es cierto que por un tema de calendario y nacimientos los efectos de la IVE de un año pueden manifestarse en un año posterior, no es en la IVE que está la clave explicativa.

¿Dónde están entonces las claves? Una parte importante deriva de la caída del embarazo temprano, que, como ya se señaló, explica en torno de 50% de la caída de los nacimientos. Ello es positivo y debe ser protegido. ¿Dónde está la otra parte de la caída de la fecundidad? El siguiente cuadro nos permite aproximar una respuesta. Allí se presenta la diferencia en los embarazos planificados y no planificados. En ambos se produce una importante caída entre 2005 y 2019. Los primeros sugieren un cambio en las preferencias, los segundos indican un cambio en los derechos para poder decidir cuándo, cuánto y cómo tener hijos. Por ello los primeros indican un problema de preferencias, mientras que los segundos implican un logro de derechos.   Como puede observarse, entre 2015 y 2019 los embarazos no planificados caen de 18.000 a poco menos de 13.500. Los planificados, lo hacen de 27.000 a poco menos de 21.000. La primera caída es positiva e indica una mayor adherencia a derechos y un mejor modelo reproductivo, la segunda indica un cambio de preferencias que es complejo para la etapa demográfica que enfrenta el país. Una parte de la caída en los embarazos planificados se produce en edades tempranas (entre 15 y 19 años), lo cual sugiere también un proceso positivo en que los proyectos de vida de las mujeres más jóvenes se orientan antes a la educación y el trabajo que a la maternidad temprana. Pero resta una caída importante de los embarazos en edades maduras. No existe una forma mágica para resolver este último problema. La única forma de moderar la caída o facilitar un leve efecto rebote eventual de la fecundidad es disminuir el castigo a la maternidad.

¿Por qué asistimos a una caída tan marcada en materia de embarazos planificados? No existe una única respuesta a esta pregunta, pero sí existen algunas pistas para pensar. Los recientes trabajos de Querejeta (2019, 2020) muestran el castigo que la maternidad implica en materia de las trayectorias laborales y los salarios de las mujeres. La evidencia es clara. El reporte de Cepal y ONU Mujeres (2020) indica que:

“En base a los registros administrativos del Banco de Previsión Social, se analizan los efectos del nacimiento de un hijo en la historia laboral de las mujeres. En este trabajo se considera a la penalización por maternidad como el efecto de la maternidad en las trayectorias de las madres, en comparación con las mujeres de similares características que no tienen hijos. Se encuentra que, luego de diez años de tener el primer hijo, las mujeres experimentan una reducción del 42% de su salario mensual en comparación con mujeres con características similares que no tuvieron hijos. Parte de esta reducción se debe a que trabajan un 60% menos que las mujeres que no tuvieron hijos (en horas). La otra parte se explica por ingresos por hora menores que las mujeres similares a ellas, pero sin hijos. En otras palabras, el efecto de la maternidad sobre el salario total es de 42% para la población analizada y está explicado tanto por la penalización al empleo (de 60%) como por una reducción del salario por hora (de 25%)”.

Estos diferenciales ya estaban presentes antes de la caída de la fecundidad y sin embargo no produjeron una caída similar. ¿Por qué lo hacen ahora? Una parte importante de la explicación no tiene que ver directamente con el problema planteado, sino simplemente con los ciclos económicos. El período de crecimiento permitió también una mejora cíclica corta de la fecundidad, en tanto que el contexto de estancamiento y recesión generó el efecto inverso. Pero, más allá de los efectos coyunturales de los ciclos económicos, existe un problema estructural que debe ser resuelto. Una fecundidad cercana a las tasas de reemplazo y conformada por tasas convergentes por estratos sociales requiere un nuevo contrato de género que respete, por un lado, los derechos sexuales y reproductivos, y que fomente una división sexual del trabajo proclive a combinar en forma equitativa proyectos de vida de hombres y mujeres, productivos y reproductivos. Adicionalmente, es necesario que políticas regulatorias y de incentivos desde el Estado operen atacando el sesgo discriminatorio en el mercado laboral para las mujeres en general, las mujeres en edad reproductiva en mayor medida y las mujeres con hijos en particular.

Referencias

CEPAL/ONUMujeres (2020). Brechas de género en los ingresos laborales en Uruguay. Montevideo, CEPAL/ONUMujeres. Elaborado por Colacce, M, Mojica, M y Zubrigg, J.

Fondo de Población de las Naciones Unidas (2016). Políticas públicas de salud sexual y salud reproductiva universales, integrales y con equidad 2005-2016. Montevideo, UNFPA.

Fondo de Población de las Naciones Unidas, Ministerio de Salud Pública y Universidad de la República (2019). Descenso acelerado de la fecundidad en Uruguay entre 2015 y 2018. Tres estudios para su análisis. Montevideo, UNFPA, MSP y Universidad de la República.

Querejeta, M (2019). “Impacto de la maternidad en la trayectoria laboral de las mujeres”. Tesis de Maestría, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.

Querejeta, M (2020). “Impacto de la maternidad sobre el ingreso laboral en Uruguay”. Serie Estudios y Perspectivas 47, Oficina de la CEPAL en Montevideo.