La parte del vaso vacío

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Hace unos días, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, eligió un foro organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) para hacer un balance de su gestión al frente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En particular, la ministra destacó, entre otros aspectos, los innegables resultados en materia de creación de empleo, descenso en las expectativas de inflación y mejora en la calificación de riesgo que ha obtenido la economía uruguaya.

No obstante, en un pasaje de su exposición centrado en la inserción internacional, la ministra admitió haber enfocado su atención en destacar la “mitad del vaso lleno”. Esta expresión refleja el tono extremadamente complaciente sobre los resultados económicos de la presente administración de gobierno en esta y otras presentaciones.¹

A continuación, abordamos algunos elementos que estuvieron ausentes en la presentación (crecimiento, presión fiscal, cumplimiento de metas fiscales, pobreza, desigualdad, encarecimiento, combustibles y otros) y que consideramos fundamentales para realizar un balance más abarcativo de lo sucedido durante este período de gobierno y a la hora de identificar los problemas a resolver para “llenar el vaso”.

Pobre desempeño en materia de crecimiento

Tras la pandemia, la recuperación económica del país fue una de las menos dinámicas dentro de una región caracterizada por el pobre desempeño económico. Uruguay en la pospandemia creció menos que Chile, Brasil, Paraguay y Perú, entre otros países de América Latina y el Caribe (ALC). De acuerdo a las proyecciones oficiales, nuestro país crecerá al 1,2% anual durante este período de gobierno, por debajo de su potencial, estimado en 2,8% anual por el Comité de Expertos de la institucionalidad fiscal.

El bajo dinamismo de la economía nacional no es nuevo, y se suma a un período de bajo crecimiento registrado entre los años 2015 y 2019. Desde 2015, tanto Uruguay como ALC en su conjunto crecen a una tasa anual del 1,1% anual, un ritmo absolutamente insuficiente para ampliar de forma significativa el bienestar de la población.

Desconexiones entre objetivos, relato y realidad en materia impositiva

La ministra Arbeleche celebró las rebajas que hubo en 2023 en ciertos impuestos (IASS e IRPF), a la vez que omitió mencionar los aumentos de impuestos que se dieron al comienzo de la administración. Dentro de estos últimos, se encuentra la eliminación de dos puntos porcentuales (pp) de IVA en pagos con medios electrónicos y los cambios en los criterios de ajuste de las franjas del IRPF y el IASS, en momentos en que caía el poder de compra de los salarios y las jubilaciones.

Lo concreto es que la presión fiscal, según consta en la presentación del MEF, aumentó casi un punto del PIB (0,9 pp) durante estos años de gestión, algo más que en la segunda administración del doctor Tabaré Vázquez (0,7 pp). Esto implica unos 700 millones de dólares más de ingresos públicos que en 2019.

Más allá de la discusión sobre la evolución de la presión fiscal, preocupa el sesgo regresivo de la política impositiva, en tanto se aumentaron impuestos al consumo que penalizan más a los sectores de ingresos bajos y medios, y se redujeron impuestos a la renta que tributan entre un tercio y un cuarto de la población de mayores ingresos.

Correcciones sobre la marcha de las metas fiscales

Es por lo menos discutible que la nueva regla fiscal haya contribuido a reducir el manejo discrecional y procíclico de la política fiscal.

El tope de gasto (uno de los pilares de la regla fiscal) abarca al Gobierno Central y al BPS (GC-BPS), y excluye –entre otros– a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). La CND está por “fuera del perímetro fiscal” y no está alcanzada por la regla. Como consecuencia de ello, bajo esta administración las inversiones canalizadas por la CND crecieron sustancialmente, dando origen a pasivos contingentes que tendrá que hacer frente el próximo gobierno.

Por otra parte, es notorio que existe un problema de definición en el que no se distingue metas de proyecciones. Las revisiones frecuentes y sobre la marcha de las metas suscitaron críticas del propio Comité Fiscal Asesor (CFA).² Evidentemente, es más fácil cumplir una meta si es posible cambiarla de manera discrecional a lo largo del ejercicio. Pero, como advierte el CFA, el daño reputacional de modificar las metas sobre la marcha puede ser mayor que un eventual desvío que pueda ser debidamente justificado.

La proyección del déficit fiscal del GC-BPS aumentó 0,7% del PIB en poco más de seis meses, lo que equivale aproximadamente a 500 millones de dólares. Además, se corrigió al alza la meta del resultado fiscal estructural para 2024 y se observó un incremento en la deuda neta respecto al producto en 2023, pese a que la caída del tipo de cambio opera en sentido contrario, disminuyendo el peso de la deuda en el producto.

Es notorio que la denominada nueva institucionalidad fiscal tiene deficiencias importantes y que es necesario introducir un conjunto de modificaciones que mejoren estos y otros problemas relativos al diseño de la regla y la institucionalidad que la sustenta.³

Menos libres: mayor pobreza y desigualdad

Como si no formasen parte de un objetivo central de la política económica, nuevamente el MEF omitió presentar los principales resultados en materia social. A diferencia de ALC, que en conjunto se encuentran en mejor situación que en 2019, la pobreza y la desigualdad en Uruguay todavía no recuperaron los niveles previos a la pandemia.⁴ En el caso de la desigualdad, la tendencia es incluso creciente.

La pobreza afectó en 2023 al 10,1% de la población, mientras que en 2019 había afectado a 8,8%. Se trata de unas 348.000 personas afectadas por esa situación. Por su parte, la pobreza infantil aumentó en Uruguay, pese a que el país pasó de tener casi 50.000 nacimientos al año en 2015 a cerca de 32.000 en la actualidad.

Esto implica que el grupo etario de niños y niñas menores a seis años disminuyó en pocos años a cerca de 110.000 personas. Esta disminución del número de niños y niñas debería haber permitido llegar a esa población con más potencia mediante políticas públicas destinadas a erradicar la pobreza infantil.

El aumento de la desigualdad que se produjo durante la pandemia no sólo no se revirtió ni siquiera parcialmente, sino que mantuvo una tendencia creciente en sus indicadores principales. Hoy vivimos en un Uruguay con una brecha mayor entre ricos y pobres, y con menores oportunidades que antes para quienes nacen en los hogares más desfavorecidos.

Bajar la pobreza y la desigualdad tiene implicancias en términos de justicia, que nos interpelan como sociedad. También tiene consecuencias de tipo instrumental: no es viable pensar en crecer a tasas más altas, desarrollar sectores dinámicos y generar empleo de calidad con una proporción relevante de nuestra población completamente al margen de la sociedad y a la que no se le brindan mayores oportunidades.

Encarecimiento de Uruguay frente al mundo

Uruguay está enfrentando un encarecimiento relativo de su economía frente a sus principales socios comerciales, reflejado en la caída del tipo de cambio real (TCR), que elabora el Banco Central del Uruguay (BCU). A nivel global, este indicador se situó en febrero un 40% por debajo de su promedio histórico, que se publica desde el año 2000. Esto deteriora la competitividad de los bienes que el país exporta, y también repercute negativamente en las actividades dirigidas al mercado interno que compiten con importaciones y en aquellas vinculadas al turismo.

La evolución del tipo de cambio como uno de los principales factores explicativos del descenso de la inflación por debajo del centro de la meta trazada por el BCU (4,5%) es un elemento clave para entender la caída de la competitividad. Esto se ve reflejado en la evolución de los precios de los bienes transables, aquellos que forman su precio vinculado al mercado internacional y por tanto al valor del dólar, que aumentaron apenas un 2% anual a marzo de 2024. Mientras que los bienes no transables, aquellos mayormente determinados por la oferta y demanda doméstica, mantuvieron una variación por encima del 6% anual, levemente por encima del techo del rango objetivo del BCU.

Combustibles: algún ruido, pocas nueces

El MEF destacó la “transparencia” de la nueva “regla” de fijación de precios de los combustibles, pero no hubo menciones a los resultados obtenidos. En dólares, de 2019 a la actualidad el litro de gasoil pasó de 1,08 a 1,38 y el litro de nafta, de 1,47 a 1,93.

Durante los últimos años, el sobreprecio de los combustibles en Uruguay respecto a la región aumentó. En 2023 los uruguayos pagamos la nafta hasta un 58% más cara que nuestros vecinos, mientras que en 2019 esa cifra era 45%. Esta tendencia alcista se mantiene al quitar del cálculo a Argentina.

Además, contrario a lo expresado, el nuevo sistema de fijación mensual de precios a partir del precio de paridad de importación no redujo los márgenes de discrecionalidad de la política, manteniendo el Poder Ejecutivo en sus manos el tiempo y el monto de los ajustes.

La agenda que falta

Como es de esperar en un año electoral, la ministra Arbeleche se centró en enumerar aspectos positivos que dejará esta administración. Sin embargo, más allá de valorar la parte del “vaso lleno”, es fundamental reconocer e incluir en el análisis los debes de esta gestión y los desafíos pendientes que tenemos como país y que indefectiblemente trascienden a un período de gobierno y, por tanto, deben ser objetivos compartidos esté quien esté circunstancialmente al frente de los destinos del país.

Dejar por fuera temas esenciales, algunos de los cuales fueron tratados de forma sintética en esta nota, en un balance de un gobierno no contribuye a un debate público de calidad, imprescindible para afrontar los cambios necesarios para poner a Uruguay de cara a un proceso de crecimiento sostenible e inclusivo para todos los uruguayos.