Guillermo Tolosa: la política monetaria prioriza a los más vulnerables y a las pequeñas empresas

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El gobierno tiene el foco de su política monetaria en profundizar el descenso de la inflación, a efectos de preservar el poder de compra de los uruguayos, especialmente de los más vulnerables, y mejorar las condiciones de financiamiento para las empresas más pequeñas, a los efectos de que operen como dinamizadores de la economía.

“Al reducir la inflación se reduce el encarecimiento del país y, por lo tanto, se favorece al uruguayo que la está peleando para llegar a fin de mes. La inflación baja beneficia al más vulnerable, ya que los otros sectores tienen mejores formas de protegerse [...] pero para aquel que está tratando de llegar a fin de mes y la está peleando, la inflación baja hace una enorme diferencia”, explicó el titular del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa.

El jerarca considera que, con este objetivo central de política monetaria, queda en evidencia la mirada social del gobierno de Yamandú Orsi en materia económica, lo que se suma a la estrategia de brindar más opciones de financiamiento a las empresas pequeñas. “Queremos apoyar el crecimiento, el despegue de las empresas que están en una situación de mayor desventaja, sin fondos propios para crecer”, remarcó.

Tolosa, que es doctor en Economía por la Universidad de California y se desempeñó como funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), aseguró que otro de los puntos que marca una diferencia con respecto a la gestión anterior es que el BCU se está “haciendo cargo y responsable” de evitar nuevos casos como el de Conexión Ganadera.

“En este mandato tomamos la decisión de hacernos cargo e incluirla dentro del perímetro del BCU, lo que implica un cambio en la carta orgánica misma, la ley fundamental del Banco Central”, señaló. Para eso, el Ejecutivo está proponiendo aumentar la fiscalización con el objetivo de evitar nuevos casos de esta naturaleza.

A su vez, agregó que otro de los “objetivos fundamentales de la actual administración es avanzar en la inclusión financiera, una prioridad histórica en las políticas públicas de Uruguay”. “¿Qué significa esto? Que todos, sin importar su situación económica, puedan beneficiarse de la transición digital, en la que los pagos se realizan cada vez más por medios electrónicos y menos con billetes o monedas. La desaparición gradual del efectivo afecta de manera directa a quienes viven del trabajo informal: la changa, la venta ambulante, los espectáculos callejeros. Si no abordamos este tema con seriedad, corremos el riesgo de que una transición pensada para facilitar la vida termine excluyendo a quienes más apoyo necesitan”, añadió.

En ese sentido, el presidente del BCU dijo que se están evaluando diferentes alternativas para fomentar la inclusión financiera en los sectores más vulnerables e indicó que esta es “una diferencia marcada con el gobierno anterior”.

Muchos expertos han señalado que existe cierta continuidad entre la gestión anterior y la actual en materia de política monetaria. ¿Qué piensa al respecto?

Hay un cambio en cuanto al régimen, lo que podríamos llamar un upgrade, que implica una actualización del régimen de meta de inflación para alinearlo a las mejores prácticas internacionales.

Hoy los rasgos esenciales del régimen monetario en Uruguay son asimilables a los que se encuentran en países como Canadá o Nueva Zelanda, que son los pioneros en esta materia, que ya acumulan un par de décadas y han demostrado que es un régimen que funciona y da resultados.

Esto representa una notoria mejora con respecto al mandato anterior, en el que existía un rango meta, que es algo que no contribuye al objetivo fundamental de alcanzar una inflación baja, porque da cierta señal de conformidad con una inflación que estaba cercana al 6%, un registro demasiado alto para Uruguay. En ese sentido, hay un cambio.

En lo que hay continuidad, por supuesto, es en sostener la importancia, como política de Estado, de tener una inflación baja y estable para proteger el poder adquisitivo de los uruguayos. De hecho, estamos mejorando, o profundizando ese objetivo, y ya vemos algunos resultados con respecto al período anterior.

Entonces, compartimos el objetivo final, pero con un mayor grado de ambición y con un enfoque más actualizado a las mejores prácticas internacionales.

¿Cómo piensan evitar que se repitan situaciones como la de Conexión Ganadera?

Hace unos días estuvimos en el Parlamento para ofrecer un primer borrador que contempla que el BCU se está haciendo cargo y es responsable de lo que vendrían a ser empresas como los fondos ganaderos, que ofrecían a los uruguayos una rentabilidad que terminó derivando en una situación muy problemática, y que quedaban por fuera del perímetro regulatorio.

En este mandato tomamos la decisión de hacernos cargo de ese tipo de situaciones para incluirlas dentro de ese perímetro, lo que implica un cambio en la carta orgánica, que es la ley fundamental del BCU.

¿De qué forma se prevé apoyar a las pequeñas y medianas empresas?

Estamos proponiendo que haya una ampliación de las opciones de vehículos de financiamiento para aquellas empresas, sobre todo chicas, que quieren crecer y competir, dado que son las que están llamadas a traer dinamismo a la economía uruguaya.

Creemos que hay una impronta nueva en el sentido de que queremos apoyar el crecimiento, el despegue de las empresas que están en una situación de mayor desventaja, sin fondos propios para crecer. Para la empresa grande es más fácil generar esos fondos propios, mientras que una empresa chica necesita más vehículos de inversión, como mostró el caso de los fondos ganaderos, que con formatos innovadores y flexibles pudieron crecer muchísimo cuando todavía no tenían acceso a crédito bancario, al mercado de valores formal. Lo que queremos es que ingresen al perímetro regulatorio, que den información y ofrecerles formas más prolijas, con más monitoreo, pero que las ayuden a crecer.

Usted proyectó que Uruguay podría alcanzar una inflación de 4,5% en los próximos 12 meses. ¿Qué implicancias prácticas tiene una inflación anclada en ese nivel para la economía?

Nuestra meta efectivamente es llegar a 4,5% en un plazo de hasta 12 meses, con las condiciones actuales. El foco fundamental para nosotros es que al reducir la inflación se reduce el fenómeno de encarecimiento del país y, por lo tanto, que para aquel uruguayo que la está peleando para llegar a fin de mes, la diferencia sea mayor. La reducción de la inflación beneficia más al más vulnerable, porque el resto cuenta con mejores formas de protegerse frente a este fenómeno, con instrumentos financieros, y además un cambio de 3% o 4% en su poder adquisitivo no le hace gran diferencia.

Por el contrario, para el que está peleando para llegar a fin de mes es una enorme diferencia. Entonces, al bajar la inflación estamos cuidando especialmente a esos segmentos vulnerables que son el foco de atención de este gobierno. Este tema, el de la inflación, es uno de los temas que evidencia la mirada social del gobierno en materia económica y, específicamente, en lo que refiere a la política monetaria.

También hay un ángulo asociado a las empresas vulnerables, que son la mayor parte de las empresas de este país, que tienen el potencial de crecer, dar trabajo a uruguayos y brindar mejores condiciones de empleabilidad. En este caso, la reducción de la inflación las beneficia porque supone tasas de interés más bajas, es decir, brinda mejores condiciones de financiamiento para permitirles crecer.

Cuando la tasa de inflación es más alta, genera incertidumbre. En Uruguay tuvimos volatilidad en el pasado, lo que genera que el que presta, para cubrirse ante un posible aumento de inflación, cobre tasas muy altas. Eso repercute negativamente en las empresas que necesitan fondos externos, dado que no tienen el privilegio de contar con la disponibilidad de fondos propios. Esas son las empresas que más se benefician de la caída de las tasas de interés asociada a la reducción de la inflación.

¿Se piensa avanzar más en la inclusión financiera?

Efectivamente. Uno de nuestros objetivos centrales es avanzar en la inclusión financiera, una prioridad histórica en las políticas públicas de Uruguay. ¿Qué significa inclusión financiera? Que todos, sin importar su situación económica, puedan beneficiarse de la transición digital, en la que los pagos cada vez se realizan más por medios electrónicos y menos con billetes o monedas.

Sin embargo, esta transformación no puede implicar mayores costos para la ciudadanía. Tal vez para vos o para mí pagar una comisión por una transferencia no sea un problema, pero para una persona en situación vulnerable puede hacer una gran diferencia. Además, muchos uruguayos aún tienen resistencias o no cuentan con la capacitación suficiente para insertarse plenamente en este nuevo ecosistema digital.

La desaparición gradual del efectivo afecta de manera directa a quienes viven del trabajo informal: la changa, la venta ambulante, los espectáculos callejeros. Si no abordamos este tema con seriedad, corremos el riesgo de que una transición pensada para facilitar la vida termine excluyendo a quienes más apoyo necesitan.

Esto no es inevitable. Cuando la digitalización financiera comenzó en países como Kenia, por ejemplo, permitió que personas en aldeas o barrios marginados accedieran por primera vez a transferencias electrónicas y créditos. La promesa era –y sigue siendo– que la tecnología incluya a los históricamente excluidos. Pero en Uruguay, esa promesa aún está lejos de cumplirse.

¿Qué acciones piensan promover para impulsar que más personas puedan acceder a esa inclusión financiera?

En este momento está todo sobre la mesa y estamos evaluando las diferentes alternativas. Lo que sí es claro, y creo que es una diferencia marcada con el gobierno anterior, es que no estamos cómodos con la situación actual. No estamos contentos con que haya otros países con menor nivel de desarrollo que Uruguay que están impulsando la inclusión financiera a un ritmo más rápido.

Otro tema que está relacionado con la inflación es la propuesta del gobierno de desindexar los salarios. ¿Qué impacto podría tener?

En el marco de una realidad macroeconómica que es muy sólida y de una institucionalidad que nos diferencia a nivel internacional y nos permite, por ejemplo, ser el país de América Latina que se endeuda más barato, nos podemos permitir pensar como países desarrollados. Y en los países desarrollados se cree en la moneda local y no se indexan los contratos.

Uruguay ya tiene los fundamentos para ir transicionando de esta realidad; ya no hay razón para que eso siga sucediendo así. De hecho, la mejor garantía, tanto para los trabajadores como para los que firman contratos, es que la inflación sea baja y estable.

Cuando uno indexa, lo que termina sucediendo es que cualquier mínimo choque de precios sobre un bien, por ejemplo el morrón, producto de condiciones climáticas, termina teniendo un efecto no menor sobre la dinámica de la inflación. Y si tenemos el resto de los contratos de la economía indexados, una circunstancia muy puntual, como esta que está asociada al clima, termina provocando un aumento más generalizado de los precios. Lo que siente el trabajador uruguayo es que la va corriendo de atrás y, si bien eventualmente puede ser compensado, enfrenta precios crecientes en una serie de bienes y servicios producto de una situación que puede ser muy puntual, como la del morrón.

En el pasado, cuando había desbarranques macroeconómicos, cuando se complicaba la situación fiscal y se producían brotes de inflación muy considerables como resultado de problemas de fondo, era muy importante compensar inmediatamente a los trabajadores. Pero con la realidad macroeconómica actual ese tipo de indexación termina jugando en contra del trabajador, dado que propaga esas situaciones puntuales a todos los precios de la economía.

¿Qué tan importante es lograr la desindexación desde el punto de vista de la inflación?

La meta de inflación la vamos a cumplir. El BCU ya demostró que la puede cumplir con o sin indexación. Lo que sí pasa, cuando hay indexación, es que la inflación tiende a ser más persistente y cualquier pequeño choque tiende a repercutir en el resto de los precios de la economía y hace que se propague en el tiempo mucho más de lo que debería. En el caso de los países desarrollados, que ya no tienen indexaciones, un choque puntual se diluye rápidamente sin que se propague a todos los precios.

Con respecto al dólar, señaló que era más conveniente para las personas ahorrar en pesos. ¿Podría explicar un poco eso?

Si uno mira lo que son los retornos a los depósitos o a las inversiones en pesos uruguayos, ya sea en unidades indexadas o en pesos nominales, en los últimos 20 años han sido muy superiores con respecto a los retornos en dólares. Sin embargo, la gente sigue ahorrando en dólares porque, aun sabiendo que genera retornos menores, considera que está comprando una especie de seguro ante ese eventual mal momento que puede atravesar la economía uruguaya.

En la medida en que las bases de la economía uruguaya son más sólidas, comprar ese seguro ya no tiene sentido. Es como estar en Uruguay y comprar un seguro para un maremoto o un terremoto; es adquirir algo que no va a usar. Esos cataclismos económicos que sufrimos en el pasado son ahora extremadamente improbables. Por lo tanto, ya no hay razones para renunciar a ese mayor retorno que ofrecen los pesos. Con un depósito en pesos a seis meses, uno puede conseguir 8%, mientras que el retorno en dólares es de 3%-4%.

De aquí al futuro, ¿qué oportunidades y desafíos vislumbran en la política monetaria?

Creemos que para terminar de consolidarnos en lo que sería ya una totalidad de un régimen maduro Uruguay necesita tener una meta de inflación aún más baja; 4,5% a nivel internacional sigue siendo alta y sigue socavando el poder adquisitivo de los vulnerables. Por eso creemos que podemos aspirar a una meta más baja.

De hecho, tenemos la meta quizás más alta en los regímenes de meta de inflación de la región; hasta Paraguay, que no había sido un modelo, bajó la meta a 3,5%, mientras que nosotros seguimos con la de 4,5%. Entonces, va a tocar alinearse con esos niveles de aspiración de los países en la región.

¿O sea que la meta final de gobierno sería 3,5%?

Eso no está decidido, esa medida se adopta en el marco del comité de coordinación macroeconómica que integran el BCU y el Ministerio de Economía y Finanzas. Es algo que tiene que ser sujeto a discusión, pero sí hay un lineamiento de que debería ser menor. En cuanto al número concreto, se decidirá llegado el momento; primero hay que cumplir con esta meta que tenemos ahora.

Desde el sector exportador crecen las alertas por un posible atraso cambiario. ¿Lo ve como un riesgo real? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con un dólar bajo?

El dólar en Uruguay flota libremente. Hace cuatro años que el BCU no interviene, por lo tanto, no demuestra ningún tipo de objetivo sobre el nivel del tipo de cambio. Lo que termina pasando con el tipo de cambio en Uruguay depende mucho de lo que suceda en el resto del mundo.

Ahora, como hay muchas dudas sobre la fortaleza de la economía de Estados Unidos en el contexto actual de incertidumbre, hay una depreciación del dólar a nivel global contra la mayor parte de las monedas del mundo, con lo cual Uruguay no es ajeno a esa realidad. Esta situación refleja fenómenos que tienen que ver con las decisiones que se toman en Estados Unidos y no en Uruguay.

Es cierto que en el período anterior de gobierno la política monetaria, por la forma en que fue conducida y por el resto de las políticas macroeconómicas, generó una situación en la que la inflación de lo que llamamos bienes transables –aquellos cuyos precios son sensibles al dólar y los precios internacionales– era más baja porque el peso se apreció mucho. Entonces sí hubo una afectación de la rentabilidad del sector exportador durante 2022 y 2023, pero esa realidad hoy ya no está presente.

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