El nuevo sistema único de transferencias monetarias que impulsa el gobierno para la infancia es la reforma “más importante” del sistema de protección social infantil en Uruguay desde hace dos décadas, dijo a la diaria el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim. “Implica una reestructura profunda del sistema de protección social para la infancia, probablemente la más importante que ha hecho el país en las últimas dos décadas desde la creación del Plan de Equidad”, según afirmó el economista.
Más allá del alcance concreto de la medida, la reforma representa una apuesta política y social “central” del gobierno de Yamandú Orsi para cumplir una de sus promesas de campaña más relevantes: la reducción de la pobreza infantil, aseguró Arim. Si bien recordó que ya se registró una reducción de la pobreza infantil entre 2024 y 2025, sostuvo que la nueva política permitirá acelerar ese proceso y construir una herramienta “mucho más robusta”, al sustituir un sistema fragmentado de prestaciones por una plataforma única de protección social.
La iniciativa, que surgió de las recomendaciones del Diálogo Social, unificará cuatro prestaciones existentes y buscará reducir la pobreza infantil mediante un aumento de las transferencias dirigidas a los hogares más vulnerables. La reforma también prevé un incremento sustancial de los montos, con especial foco en la primera infancia y en los hogares de menores ingresos. Arim señaló que, en el primer decil, el monto promedio actual de las transferencias ronda los 5.300 pesos y pasará a alcanzar los 10.000 pesos mensuales para los niños de entre 0 y 3 años. Además, el sistema establecerá montos diferenciados según el nivel de vulnerabilidad socioeconómica de los hogares.
El despliegue de la política será gradual y comenzará el 1° de enero de 2027, cuando ingresen los niños nacidos en 2025, 2026 y 2027. En una primera etapa, el gobierno estima alcanzar a unos 54.000 niños y niñas y proyecta una reducción de alrededor del 25% de la pobreza dentro de ese grupo etario. Hacia 2029, si no se acelera el cronograma de implementación (que podría acelerarse en las próximas instancias de Rendición de Cuentas), el sistema llegaría a unos 90.000 beneficiarios.
Para el director de la OPP, la apuesta por la primera infancia responde tanto a razones éticas como económicas. “La sociedad uruguaya tiene la obligación ética de atender la situación de las niñas y los niños”, afirmó, y agregó que mejorar las condiciones de desarrollo durante los primeros años de vida tendrá efectos de largo plazo sobre las capacidades, la productividad y el crecimiento del país.
Durante la interpelación al ministro Gabriel Oddone se informó que, sobre la base de las recomendaciones que surgieron del Diálogo Social, se creará un sistema único de transferencias monetarias. ¿En qué consiste este sistema? ¿A qué grupos alcanza?
En primer lugar, implica un proceso de unificación de un conjunto de transferencias que están vinculadas a la infancia y la adolescencia que hoy tiene Uruguay, transferencias que fueron creadas en distintos contextos en el pasado. En particular, hablamos de cuatro políticas: las asignaciones familiares contributivas, las asignaciones familiares del Plan de Equidad, la Tarjeta Uruguay Social y el Bono Crianza, que se unifican en esta asignación única para la infancia y la adolescencia. Por lo tanto, hay, en primera instancia, un proceso de simplificación, lo cual implica también darle más potencia a la política.
En segundo lugar, se van a incrementar sustantivamente los montos de estas prestaciones, diferenciando en función del decil de pertenencia de los hogares donde viven las niñas, los niños y los adolescentes. Por ejemplo, actualmente, el monto promedio de transferencia, tomando en cuenta todas las prestaciones que acabo de mencionar –porque no todos los hogares cobran todas–, en el primer decil anda en torno a los 5.300 pesos. Ese monto va a pasar a 10.000 pesos para niños de entre 0 y 3 años, es decir, en la primera infancia.
¿Por qué señalo esto? Porque, en realidad, hay dos mecanismos de diferenciación. Uno tiene que ver con el decil de pertenencia del hogar. Se van a beneficiar los hogares ubicados entre el primer y el quinto decil, con prestaciones más elevadas para los deciles uno y dos, y luego estas serán decrecientes. Al mismo tiempo, se van a beneficiar especialmente los hogares con niños en la primera infancia, entre 0 y 3 años.
Por lo tanto, habrá un monto mayor para los deciles uno y dos y, además, en el caso de los beneficiarios de entre 0 y 3 años, este aumenta un 50% respecto del monto establecido, hasta llegar a los 10.000 pesos. El monto de referencia, para quienes no estén en la primera infancia pero pertenezcan a los deciles uno y dos o tres y cuatro, será del orden de los 1.600 pesos, que además corresponde aproximadamente al valor promedio de la canasta básica alimentaria que hoy utiliza el INE [Instituto Nacional de Estadística] para Montevideo.
Entonces, hay un anclaje en la canasta alimentaria, hay un incremento en los montos, un fortalecimiento del sistema en general y una mejora en los estándares de transparencia, porque va a haber una única ventanilla para acceder al beneficio, con criterios propios de una única política, transparentes para todos respecto de cómo se ingresa, cómo se permanece, cuáles son los montos asociados y en qué etapa de la vida corresponden.
Hay un elemento adicional que es muy relevante: el despliegue de esta política va a ser progresivo. ¿Eso qué quiere decir? Dado el conjunto de restricciones fiscales que tenemos que asumir, estamos previendo que a partir del 1° de enero de 2027 ingresen como beneficiarios los niños nacidos en 2025, 2026 y 2027.
¿Tienen alguna estimación de cuántos serían?
Sí. Para 2027 estimamos que los beneficiarios de esta nueva política serán del orden de 54.000 niños, que corresponderán a la primera infancia. Esperamos que este despliegue tenga un impacto sobre la pobreza infantil en este tramo etario, que es también importante. Estimamos una reducción del orden del 25% de la pobreza asociada al grupo que comenzará a ser beneficiario de la política.
Progresivamente, todos los años irá ingresando una nueva cohorte, en 2028, en 2029 y así sucesivamente. Si no hacemos modificaciones adicionales, hacia 2029 vamos a tener cerca de 90.000 beneficiarios.
Con una salvedad importante: el gobierno va a evaluar la posibilidad de adelantar el calendario de ingreso de estas generaciones en cada Rendición de Cuentas, de tal manera de acelerar este proceso. Eso es relevante porque implica una reestructura profunda del sistema de protección social para la infancia, probablemente la más importante que ha hecho el país en las últimas dos décadas desde la creación del Plan de Equidad.
Además, tiene un foco muy claro en la primera infancia, en los primeros mil días de vida de niñas y niños, cuando se juega un partido importante porque condiciona el desarrollo futuro de las personas. Estamos haciendo una apuesta rápida en un contexto de restricciones, pero entendemos que es una política que hay que implementar.
Usted mencionaba que con esta propuesta se unificarán las transferencias monetarias. ¿Por qué el gobierno decidió unificar las transferencias en lugar de fortalecer los programas existentes?
Los programas existentes muestran un grado importante de fragmentación. Cuando uno unifica el sistema, además de aumentar los montos y, por lo tanto, hacer una mayor inversión en infancia y adolescencia, no solamente está simplificando, sino que también está haciendo una inversión progresiva en infancia y adolescencia.
Rodrigo Arim (archivo, abril de 2026).
Foto: Alessandro Maradei
¿Qué estamos logrando? En primer lugar, construir una herramienta mucho más robusta. Ya no tenemos cuatro herramientas distintas que atiendan a la infancia; vamos a tener una herramienta que atienda a esa población. Eso es lo que dota de mayor eficacia y eficiencia al programa. En segundo lugar, porque los costos administrativos son menores: no hay que administrar cuatro programas distintos, con cuatro reglas distintas y con cuatro mecanismos de seguimiento distintos. Pero, además, porque lo que terminamos construyendo es una plataforma muy amplia, en términos de protección social, para las políticas dirigidas a la infancia y la adolescencia.
A partir de esa plataforma podemos apoyar otros instrumentos de política que acompañen estas trayectorias. Por ejemplo, lo hemos conversado con la ministra de Salud Pública: tener la certeza de que todos aquellos que están dentro del régimen de transferencias unificadas cumplan con los esquemas de vacunación previstos para niñas, niños y adolescentes.
También poder analizar la interacción con otros programas, como las políticas de empleo protegido, Uruguay Impulsa, que desarrollamos, o tener la posibilidad de analizar cómo se vinculan con otros mecanismos de promoción más general de bienestar infantil que puedan existir, así como con políticas dirigidas a padres y madres de esos niños.
Por lo tanto, yo diría que el camino es robustecer el sistema. Y para hacerlo hay que evitar la fragmentación. Para eso, es importante contar con una única herramienta que reconozca realidades distintas; por eso existen montos diferentes.
No es el mismo monto el que van a percibir los hogares con niñas, niños y adolescentes ubicados en el decil cuatro que aquellos del decil uno. Tampoco será el mismo monto el que percibirán, cuando la política esté completamente desplegada, los niños de 6 o 7 años respecto del que recibirán cuando nacen. Estamos priorizando, en particular, la primera infancia y diferenciando según el grado de vulnerabilidad asociado a la distribución del ingreso.
Además del ingreso, ¿esperan que esto pueda impactar en otras dimensiones, por ejemplo, en la nutrición, el desarrollo infantil o la permanencia educativa?
Justamente esa es la apuesta. La apuesta es que, al fortalecer y robustecer el régimen de transferencias, lo que hacemos es constituir un piso, una plataforma, sobre la cual apoyar otras políticas que promuevan distintas dimensiones del bienestar infantil.
Pero, además, en sí mismo, el hecho de asegurar un mayor ingreso permite avanzar en la cobertura de un conjunto de necesidades de los hogares y mejorar las condiciones en las que crecen los niños. Por lo tanto, es esperable que tenga efectos en distintas dimensiones, como en lo cognitivo, en el aprendizaje, en las posibilidades de socialización y en otros aspectos del desarrollo infantil.
¿Cómo se compatibiliza este aumento del gasto con las metas fiscales del gobierno?
Nosotros lo hemos dicho desde el primer día, cuando comenzamos a trabajar en la Rendición de Cuentas: en ningún caso esto implica incumplir las metas fiscales establecidas en el marco de la Ley de Presupuesto Quinquenal.
Quiero ser muy enfático al respecto. Estamos incorporando una reforma relevante y sustantiva del sistema de protección social para la infancia y la adolescencia, manteniendo el compromiso pleno con los resultados fiscales que fueron plasmados en el Presupuesto Quinquenal.
El combate a la pobreza infantil fue una de las principales promesas de campaña durante las últimas elecciones. ¿Considera que este nuevo sistema de transferencias es una de las medidas más importantes del gobierno para empezar a cumplir ese compromiso?
Yo diría que lo empezamos a cumplir ya el año pasado. Hubo una reducción de la pobreza infantil si uno compara 2025 con 2024. Esta es una medida central para acelerar ese proceso y acortar los tiempos. Sin duda, es una medida central.
No es la única medida que está implementando el gobierno. Hay otras que ya estaban incorporadas en el Presupuesto Quinquenal, como el Bono Crianza, que también forma parte de este proceso de integración y que ya tuvo cierto despliegue durante 2025.
Pero, sin ser la única, es sin duda una medida central, yo diría que pivotal (decisiva o determinante), dentro de esta estrategia para reducir la pobreza infantil.
Usted mencionaba que podría haber una reducción de la pobreza infantil del entorno del 25%. ¿Eso sería de cara a 2029?
No. Eso tiene que ver con las generaciones que van ingresando. Por ejemplo, cuando pensamos en 2027, estamos previendo que ingresen las generaciones nacidas en 2025, 2026 y 2027.
Para estos tres grupos, que ya van a estar incorporados a la política entre 2027 y 2028, esperamos observar resultados de esa magnitud. Luego, a medida que la política se despliegue hacia otros grupos etarios, se irán incorporando los efectos sobre esos grupos. Siempre estamos hablando del grupo que efectivamente es beneficiario de la política, no estamos hablando de pobreza general.
¿No tienen alguna estimación del impacto a nivel general?
No, porque esa estimación tendría sentido cuando la política esté completamente desplegada, y ese es un horizonte más lejano. En realidad, cuando analicemos los resultados, tenemos que focalizarnos en los grupos sobre los cuales queremos intervenir de manera prioritaria, que son las niñas y los niños.
Diversos organismos internacionales sostienen que la inversión en primera infancia tiene los mayores retornos sociales y económicos. ¿Qué retorno espera el Estado de esta inversión dentro de diez años?
Permitime no ponerme demasiado economicista ahora, pero yo te diría que esta es, en primer lugar, una cuestión ética. La sociedad uruguaya tiene la obligación ética de atender la situación de las niñas y los niños en Uruguay.
Si bien Uruguay tiene un conjunto muy importante de políticas de protección social, siguen existiendo ciertas asimetrías en el acceso a determinadas políticas, particularmente en esta etapa de la vida. Tenemos la obligación ética de garantizar que quienes nacen y se desarrollan en Uruguay tengan acceso a un piso mínimo de recursos, que al mismo tiempo sea una base para construir los estándares de bienestar que la sociedad uruguaya pretende para todos.
Pero además de ese valor ético, esta política tiene un valor sustantivo desde el punto de vista del desarrollo del país en el mediano y largo plazo. Esas condiciones de base son uno de los ingredientes –no el único, pero sí uno de los más importantes– que permiten mejorar las habilidades y capacidades de niñas y niños a medida que crecen.
Si logramos que las nuevas generaciones crezcan en mejores condiciones, también tendrán mayores niveles de productividad y mayores capacidades para desarrollar actividades creativas, lo que impactará positivamente en el desarrollo del país.
Esto es particularmente relevante en un país como Uruguay, donde sabemos que la población no va a aumentar y que, en algún momento, incluso comenzará a decrecer. Por lo tanto, esta apuesta tiene un enorme valor desde el punto de vista ético, pero también constituye una de las líneas que debemos fortalecer si pensamos en el desarrollo a largo plazo de Uruguay.
