El dato
Según datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la inversión pública en la órbita de los organismos de la administración central (Presidencia de la República y ministerios) aumentó el año pasado 18% en términos reales (por encima de la inflación), impulsada por una mayor inversión en infraestructura (25%). Con este incremento, se revierte la caída registrada durante los dos años previos.
El contexto
La inversión pública representa aproximadamente uno de cada cinco pesos gastados entre estos organismos y constituye un componente con impacto económico y social relevante. Por medio de la construcción y el mantenimiento de rutas y puentes, pero de inversiones en tecnología, telecomunicaciones, equipamiento y maquinaria, el Estado no solo mejora la infraestructura necesaria para prestar servicios públicos, sino que también crea mejores condiciones para la actividad económica, en particular para el sector privado, al reducir costos logísticos, mejorar la conectividad o ampliar el acceso a servicios básicos.
Durante la última década, la inversión de la administración central aumentó a una tasa promedio anual de 4,9% en términos reales. Sin embargo, la irrupción de la pandemia provocó una fuerte contracción (14%), asociada a la reasignación de recursos hacia la emergencia sanitaria. Si bien posteriormente se registró una recuperación, entre 2023 y 2024 la inversión volvió a disminuir. Estos episodios de retracción pueden retrasar la ejecución de obras y proyectos estratégicos, postergando tanto las mejoras en la prestación de servicios públicos como las condiciones necesarias para impulsar la inversión y el crecimiento económico.
¿Cómo se distribuye la inversión?
Según los datos de la OPP, el año pasado casi tres de cada cuatro pesos invertidos (74%) se destinaron a la infraestructura (rutas, puentes y otras obras públicas), lo que ha sido una constante durante la última década.
En el extremo contrario se destacan las contrataciones de consultorías (1,6%), mientras que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)1 representaron el 1,7%, y la adquisición de vehículos el 2,5%. También contaron con una participación relevante las inversiones en equipamiento, mobiliario y maquinaria (3,7%), así como otros gastos de administración y operación (4,6%).
Como consecuencia del predominio de las obras de infraestructura, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas concentró el 45% de la inversión ejecutada. Le siguieron el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (24,7%), Presidencia de la República (12,6%), el Ministerio de Economía y Finanzas (7%) y el Ministerio de Defensa Nacional (5,8%).
¿Cómo se reparte la inversión en el territorio?
El análisis territorial de la última década muestra diferencias marcadas entre departamentos. La inversión pública de estos organismos creció a tasas superiores al 10% en cuatro departamentos (Florida, Durazno, Flores y Soriano), en dos de ellos coincidiendo con las obras en la ruta 5 y el ferrocarril central –asociadas a la planta de la empresa UMP–.
La inversión también aumentó por encima del promedio (4,9%) en otros departamentos del país, y se destacan los casos de Canelones, Cerro Largo, Río Negro y Rocha. En el otro extremo aparecen Rivera y Artigas, que fueron los que registraron los menores incrementos durante la última década, con aumentos promedio de apenas 0,3% y 1,5% anual, respectivamente.
Sin embargo, la disparidad territorial se extiende más allá de cuánto se incrementaron los recursos, dado que hay que considerar además dónde se concentran. En ese sentido, solo Montevideo (33%), Canelones (9,5%) y Florida (7,8%) concentran la mitad de la inversión, dejando a los restantes departamentos una torta más pequeña para repartirse.
Joaquín Pascal, Centro de Estudios Etcétera.
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Refiere a inversiones en hardware, software, telecomunicaciones y redes. ↩