Según el último Estudio Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), presentado el jueves, la región crecería 2,2% en 2026 y 2,5% en 2027. El año pasado, el PIB regional aumentó 2,5%, por lo que las nuevas estimaciones suponen una desaceleración de la actividad económica. Si estas previsiones se confirman, América Latina y el Caribe habrá crecido, en promedio, apenas un 2,3% en el último quinquenio, “una tasa insuficiente para elevar de manera sostenida el ingreso por habitante, cerrar las brechas de desarrollo y ampliar significativamente los espacios de política”.
De acuerdo con el organismo, la desaceleración refleja el impacto del escenario internacional, caracterizado por un menor dinamismo, presiones geopolíticas crecientes y niveles de volatilidad e incertidumbre elevados en perspectiva histórica. No obstante, esta situación supone una agudización de un problema de larga data, en tanto el magro desempeño de las economías latinoamericanas es consecuencia de los problemas estructurales que se acumulan desde hace décadas. Entre estos problemas, la institución destaca los escasos niveles de inversión, el bajo crecimiento de la productividad, el menor dinamismo en la generación de empleo formal y una “elevada y persistente” informalidad laboral.
En línea con las advertencias que dejó la directora del Fondo Monetario Internacional cuando visitó nuestro país hace algunas semanas, la Cepal indica que, si bien “la región ha logrado preservar importantes avances en materia de estabilidad macroeconómica... esa estabilidad debe convertirse en una plataforma para crecer más y mejor”. En ese sentido, sortear “la trampa de baja capacidad para crecer” requiere apuntalar significativamente la inversión y promover mejoras importantes en materia de productividad. Además, como sugirió en la presentación del informe el secretario ejecutivo del organismo, José Manuel Salazar-Xirinachs, es clave “avanzar hacia una formalización productiva que fortalezca las capacidades de las personas y de las empresas, amplíe la protección social y genere más empleos formales de calidad”.
En efecto, y más allá de la clásica actualización de las proyecciones de crecimiento que traen siempre estos reportes, el nuevo documento se centra en el análisis de los vínculos que existen entre estas tres dimensiones: crecimiento, productividad laboral e informalidad. En particular, señala que esta última problemática no solo es un problema para la protección social de las personas, sino que constituye “una restricción estructural que limita la capacidad de las economías para transformar el crecimiento en aumentos sostenidos de productividad, inversión y empleo de calidad”. De esta manera, la “informalidad es, a la vez, una consecuencia del bajo crecimiento y uno de los mecanismos que perpetúan la trampa de baja capacidad para crecer”.
A este respecto, el informe señala que son las empresas formales las que cuentan con una mayor capacidad para aprovechar las economías de escala, incorporar innovación y acceder a financiamiento, por lo que cuanto mayor es la incidencia de las empresas informales en el tejido productivo, menor es la capacidad para expandir las capacidades productivas de las economías.
Para dimensionar la magnitud de este fenómeno, dado que opera como causa y se manifiesta como efecto, debe tenerse en cuenta que actualmente cerca de la mitad de las personas ocupadas en la región se desempeña en actividades informales.
A la luz de este diagnóstico, la Cepal enfatiza la importancia de impulsar estrategias para aumentar el grado de formalización productiva, entendido como un “proceso en el que el aumento de la formalidad se acompaña del fortalecimiento de las capacidades productivas de las personas y las empresas, de aumentos de productividad y de una transformación productiva capaz de sostener un crecimiento más dinámico e inclusivo”.
Avanzar en esta dirección requiere evitar la fragmentación que suele caracterizar las respuestas que se han desplegado ante este problema, apostando por un abordaje que articule adecuadamente cuatro tipos de políticas.
Primero, políticas laborales que adecuen y fortalezcan los programas de creación de empleo, capacitación e inserción, reduciendo las brechas de género, desarrollando la economía del cuidado y extendiendo el uso de herramientas digitales para facilitar el acceso y la permanencia en el mundo formal.
Segundo, políticas fiscales para corregir los desincentivos a la formalidad que pueden generar los sistemas de financiamiento a la seguridad social, aumentando y simplificando la fiscalización a través de un uso más intensivo de la tecnología en los procesos administrativos.
Tercero, políticas financieras que refuercen el rol que tiene la banca del desarrollo como instrumento para la inserción, reconozcan la elevada heterogeneidad que caracteriza al tejido productivo empresarial y amplíen los sistemas de garantías para mitigar la segmentación del crédito.
Finalmente, políticas de desarrollo productivo que permitan generar y escalar “rutas integradas de apoyo empresarial”, facilitando la difusión de la tecnología, y fomentar sistemas más robustos de información, monitoreo, evaluación y aprendizaje.
| Proyecciones | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| América Latina y el Caribe | 2,2% | 2,5% |
| América Latina | 2,2% | 2,4% |
| América del Sur | 2,5% | 2,5% |
| Argentina | 3,3% | 3,4% |
| Bolivia | 0,5% | 0,8% |
| Brasil | 2,2% | 2,2% |
| Chile | 1,6% | 2,2% |
| Colombia | 2,6% | 2,5% |
| Ecuador | 2,4% | 2,5% |
| Paraguay | 4,3% | 4,2% |
| Perú | 3,2% | 3,3% |
| Uruguay | 1,5% | 2,2% |
| Venezuela | 6,5% | 6,5% |
Fuente: Cepal.
