Muchos líderes elegidos democráticamente crecieron en un mundo en el que se esperaba de ellos que se limitaran a actuar como árbitros de los mercados y confiaran en que las empresas de su país saldrían adelante. Pero los países cuyos líderes siguen pensando así están perdiendo terreno frente a aquellos en los que los gobiernos desempeñan un papel económico más estratégico.
Solo en Europa se pierden miles de puestos de trabajo cada mes, en tanto las empresas chinas superan a sus rivales de la Union Europea en vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, productos farmacéuticos y biotecnología y, cada vez más, en inteligencia artificial aplicable. Si bien China es el ejemplo más destacado de este enfoque, dista mucho de ser el único país que recurre a subsidios estatales, incentivos a la innovación, medidas proteccionistas y políticas financieras para obtener una ventaja competitiva.
Como era de esperar, los votantes de los países en los que el empleo y las industrias se ven sometidos a presión exigen cada vez más un cambio de rumbo. El último Índice de Percepción de la Democracia, que encuestó a 94.146 personas en 98 países, reveló que la mayoría de los encuestados considera que “mejorar el nivel de vida y el bienestar” es el objetivo principal de la democracia. Para satisfacer esta expectativa, las democracias pueden y deben redescubrir y revitalizar la política industrial. Su propia historia, junto con una oleada de estudios recientes, ofrece valiosos indicios sobre cómo hacerlo.
La política industrial consiste en una intervención gubernamental deliberada destinada a modificar la composición sectorial o tecnológica de la economía. Con este fin, los gobiernos pueden recurrir a incentivos fiscales, aranceles, subsidios a la exportación y a la investigación y el desarrollo, programas de formación, inversión en infraestructura y parques industriales.
Una política industrial eficaz requiere que los responsables públicos analicen, planifiquen e implementen medidas que fomenten nuevas industrias y fortalezcan las ya existentes. Sus ejemplos más destacados en la actualidad son Singapur, Japón, Taiwán, Corea del Sur, China y, posiblemente, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Sin embargo, a menudo se pasan por alto los numerosos ejemplos exitosos de política industrial en las democracias occidentales de las décadas de 1950 y 1960.
Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno francés utilizó una serie de planes económicos nacionales para orientar sus intervenciones, entre los que se incluía el desvío de la inversión hacia sectores prioritarios. Estas políticas contribuyeron a transformar a Francia de una economía rural y protegida en una economía moderna y competitiva. Finlandia utilizó métodos dirigistas para generar y canalizar capital hacia industrias exportadoras y de alta intensidad de capital, como la metalurgia básica, los fertilizantes, la energía y sectores afines.
En la década de 1980, la política industrial había pasado de moda en todo Occidente. Guiados por una filosofía económica que consideraba la intervención gubernamental como algo inherentemente perjudicial, los gobiernos, agobiados por la deuda y luchando contra la inflación, recortaron drásticamente la inversión en I+D y desmantelaron los ministerios de planificación, los bancos nacionales de desarrollo y las autoridades gubernamentales de comercialización. Al dejar prácticamente todo en manos del mercado, eximieron claramente a los políticos y a los funcionarios públicos de cualquier responsabilidad sobre la orientación estratégica de la economía. Durante las cuatro décadas siguientes, los investigadores académicos y políticos siguieron su ejemplo, centrándose mayoritariamente en los fracasos de la política industrial.
A principios de este año, el Banco Mundial dio un giro radical. En un estudio sobre los planes nacionales de desarrollo de 183 países, constató que todos ellos han implementado algún tipo de política industrial. El economista jefe del Banco, Indermit Gill, reconoció que su oposición a la política industrial de la década de 1990 “no ha envejecido bien” y que hoy en día tiene “el valor práctico de un disquete”.
Los economistas académicos también han comenzado a cuestionar el consenso de décadas sobre la política industrial. Un estudio de 2009, por ejemplo, relacionó el crecimiento acelerado de la posguerra en Italia, su transformación estructural y el aumento del nivel de vida con el uso de crédito subsidiado a largo plazo para impulsar la inversión en el sector manufacturero. Más recientemente, un artículo del economista Nathan Lane, de la London School of Economics, examinó las políticas industriales implementadas por Corea del Sur en la década de 1970 –que en su momento se descartaron como un fracaso costoso– y concluyó que contribuyeron a la reorientación de la industria manufacturera nacional hacia sectores más avanzados.
El desafío al que se enfrentan hoy los gobiernos es crear un ecosistema en el que las empresas compitan enérgicamente para construir las industrias del futuro. Eso es más fácil de decir que de hacer. Exige que los políticos utilicen los aranceles, las normas de contratación pública, los requisitos de contenido local y los subsidios por las razones adecuadas –renovar la economía–. Con demasiada frecuencia, la política industrial acaba centrándose en conseguir apoyo político, proteger a las empresas ya establecidas o favorecer a determinadas regiones y localidades.
Los funcionarios públicos, por su parte, deben ser capaces de presentarles a los políticos opciones claras y planes viables. Deben estar lo suficientemente cerca del mundo empresarial como para saber qué necesita una industria concreta para prosperar, pero ser lo suficientemente independientes como para identificar el cabildeo y la captura regulatoria y ofrecer resistencia. Lograr ese equilibrio implica invertir en capacitación y garantizar que los funcionarios desarrollen y mantengan un conocimiento profundo de cómo funcionan las empresas y los mercados.
Si bien el uso que China ha hecho de la política industrial ha dado lugar a resultados sorprendentes, replicarlo puede estar fuera del alcance de los gobiernos democráticos que carecen de los recursos, la experiencia y el tamaño de mercado de China. En lugar de reproducir el modelo chino al pie de la letra, deberían enfocarse en medidas más específicas. En Rumania, por ejemplo, las exenciones del impuesto sobre las nóminas para los ingenieros informáticos calificados animaron a más trabajadores a obtener títulos en ese terreno, lo que contribuyó a convertir al país en un centro importante de desarrollo de software. Brasil tomó un camino diferente, orientando la investigación científica hacia los cultivos básicos locales y los desafíos ecológicos específicos de cada región, sentando así las bases para su surgimiento como potencia agrícola.
En los últimos meses, varios CEO me han preguntado si la democracia, simplemente, es demasiado lenta y engorrosa para competir con países como Singapur, China, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Mi primera respuesta ha sido señalar que la mayoría de los 50 países más pobres del mundo, según el PIB nominal per cápita, no son democracias. De hecho, solo 12 están clasificados como democracias plenas o imperfectas según el Índice de Democracia de 2024 de la Unidad de Inteligencia de The Economist, mientras que más de 40 de los 50 países más ricos del mundo son democráticos.
Pero eso no es motivo para caer en la complacencia. Para competir por las industrias del futuro, los responsables de las políticas y los líderes empresariales deben deshacerse de décadas de pensamiento perezoso sobre el papel del gobierno y empezar a invertir en las instituciones, los conocimientos especializados y la disciplina necesarios para acertar con la política industrial.
Ngaire Woods es decana de la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford. Copyright: Project Syndicate, 2026.
