La Cámara de Senadores empezó a tratar el viernes el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, recientemente aprobado en la Cámara de Diputados. Por este motivo, la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda recibió a una delegación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encabezada por su titular, Gabriel Oddone.
Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que tuvo acceso la diaria, los legisladores aprovecharon la instancia para hacer otro tipo de consideraciones, al margen del proyecto presupuestal en sí mismo. El senador nacionalista Javier García, por ejemplo, consultó al equipo económico por el conflicto en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo entre la empresa belga Katoen Natie y el sindicato de trabajadores, que calificó como “un problema serio y grave”.
García le pidió al ministro una “estimación precisa del impacto macroeconómico y fiscal que están generando las reiteradas paralizaciones” en el puerto, que “prácticamente hace que se paralice la actividad día por medio”. Además, solicitó conocer la opinión de Oddone sobre una eventual declaración de esencialidad en el sector, un tema en el que se han vislumbrado diferencias a la interna del gobierno.
Si bien el ministro no respondió esto último, sí se explayó acerca de las acciones que ha desplegado el gobierno en torno a la situación, y dijo que la principal acción del Poder Ejecutivo es “gestionar las contingencias de los conflictos para poder encontrar una solución de manera satisfactoria, para poder definitivamente generar un clima de competitividad en el puerto”. También hizo hincapié en “gestionar activamente la incertidumbre que sobrevuela sobre inversiones que tengan que ver en el sistema portuario”, en referencia a los “arbitrajes abiertos” que tiene Uruguay y que, según sostuvo, el gobierno está “gestionando adecuadamente”.
A su vez, Oddone anunció que en el gobierno hay un grupo de trabajo “activo desde hace varios meses” que está evaluando la promoción de un conjunto de cambios regulatorios en el sistema portuario, específicamente en lo vinculado a las tarifas. “En el puerto seguimos teniendo un sistema tarifario, que se conoce como la tarifa de la mercadería, que es una de las pocas cosas que fueron recomendadas en la reforma portuaria de los años 90, que no fue cumplida y que, por lo tanto, está pendiente de resolución”, comenzó.
Según Oddone, el sistema tarifario actual es “absolutamente inadecuado”, dado que “grava la gestión portuaria con relación al tipo de producto, ya sea si es de exportación, de tránsito y trasbordo o de importación”, por lo que la tarifa “se parece más a un arancel que a un costo vinculado a la gestión portuaria”.
“La filosofía que nosotros, como MEF, estamos promoviendo en estas discusiones es que el costo de la tarifa portuaria tiene que estar estrictamente relacionado con el uso del espacio y con los costos que implican gestionar la carga”, señaló, y apuntó que el equipo económico, junto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, está trabajando para introducir modificaciones en ese sentido. Dijo que espera “tener noticias pronto”.
La situación del proyecto de HIF Global
En otro pasaje de la sesión, y también ante una pregunta de García, Oddone se refirió al estado de situación del proyecto de la empresa multinacional HIF Global para instalar una planta de combustible sintético en Paysandú. El ministro aseguró que el gobierno “está haciendo todos los esfuerzos desde UTE, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ambiente y el MEF para facilitar que prospere el proyecto”, y dijo que si la iniciativa no prospera “no debería ser por responsabilidad o torpeza de la gestión del gobierno”.
Resaltó que la “máxima” que se ha propuesto el gobierno es “dar todas las facilidades que sean necesarias para que el proyecto prospere”. “El único punto –y es obvio que así sea– es que con este nivel de incertidumbre global con relación a costos energéticos y al suministro de la energía en Europa –que es el principal demandante y en donde persisten niveles de incertidumbre sobre el costo del movimiento del producto que eventualmente se produciría en Uruguay– el proceso de inversión va más lento”, expresó el ministro.
El hecho de que el proceso tenga un avance “lento”, según Oddone, se debe a que, entre otras cosas, “el presidente de Estados Unidos [Donald Trump] ha puesto énfasis absoluto en el retorno al combustible fósil, y por lo tanto hay muchos proyectos basados en la energía limpia, que no es que estén desactualizados, pero ingresaron en otro nivel de prioridad para el mundo del financiamiento”. En definitiva, señaló que, a pesar de que el gobierno haga “todos los esfuerzos necesarios”, la concreción del proyecto “va a depender de muchos factores”, los cuales “algunos controla el gobierno y otros no”.
El costo de la política de “amortiguamiento” de los combustibles
A su turno, el diputado colorado Gabriel Gurméndez, quien suplantó en la comisión al senador colorado Pedro Bordaberry, se refirió al precio de los combustibles y dijo que el Poder Ejecutivo “ha seguido una política prudente de amortiguamiento del costo de los combustibles para la economía, que no traslada las variaciones, la volatilidad y los precios del petróleo, que han crecido por este episodio de la guerra”. En ese marco, le consultó al ministro “cuánto nos está costando esta política desde el punto de vista fiscal y cómo pegará, eventualmente, en las finanzas de la propia Ancap”.
En marzo, ante los efectos de la guerra librada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que derivó en el cierre del estrecho de Ormuz y llevó a que subiera el precio del petróleo en todo el mundo, el gobierno definió topear en un 7% los aumentos en los precios de los combustibles, aun cuando los precios de paridad de importación (PPI) marquen valores superiores.
En respuesta, Oddone dijo que “no haber seguido el PPI ha implicado, en lo que va de 2026, que Ancap ha dejado de percibir ingresos aproximadamente por 80 millones de dólares”. Apuntó que si los precios se hubiesen ajustado al PPI, “si no hubiera pasado nada más y si hubiéramos podido cobrar eso”, Ancap habría tenido esos ingresos “adicionales”.
De todas formas, el ministro puntualizó que esto “no quiere decir que Ancap vaya a cerrar con pérdidas este año”. Aseguró que no es el “escenario” que el gobierno está manejando. Asimismo, subrayó que “en ningún caso quiere decir que hay una perforación fiscal de 80 millones de dólares respecto de lo que hubiera ocurrido si hubiéramos hecho el PPI, porque, afortunadamente, hay efectos de segunda ronda y efectos dinámicos”.
“Si nosotros hubiéramos ajustado al PPI, lo primero que habría ocurrido es que la demanda de combustibles habría disminuido y, a su vez, la función de reacción de los agentes económicos hacia un incremento de los precios hubiera sido bien distinta”, señaló, y agregó que “la propensión a consumir, a invertir y a desplazarse hubiera sido otra, por lo tanto, la recaudación hubiera sido otra, y, por lo tanto, habríamos tenido un problema fiscal”.