En el salón principal del liceo de Nueva Palmira, al oeste del departamento de Colonia, don Gregorio muestra una botella de vino tinto en cuya etiqueta se puede leer: “Partida limitada, cosecha 2005, donación pro-compra terreno liceo Nº 2”. Era parte de una importante partida de vinos que donó una bodega de Carmelo para terminar de juntar los 25.000 dólares que una comisión de vecinos se empeñó en recaudar para comprar un terreno de una manzana para construir un nuevo liceo. Esa comisión de vecinos comenzó pidiendo un préstamo en Cofac, y don Gregorio estuvo a punto de perder su casa, a la que había puesto de garantía, cuando en 2002 se les complicó el pago de las cuotas. “Hacíamos tallarines todos los domingos junto con un lote de viejas, y yo hice chorizos caseros para vender, con una vaquillona que tenía”, contó. Roquelina agregó que juntaron ese dinero “para hacer un liceo para todos”, porque “acá no pueden estar más los gurises, todos amontonados”. En 2007, la entonces directora general del Consejo de Educación Secundaria (CES) les comunicó a los vecinos mediante una nota: “Este organismo está dispuesto a recibir el bien en donación libre de toda deuda y gravamen”.
Estos vecinos, junto con algún que otro integrante de la comisión, se dieron cita ayer en el liceo, convocados por la filial Colonia Oeste de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), que también ayer ocuparon el centro educativo en el marco del paro de 24 horas que se realizó en todos los sectores de la educación. Los docentes convocaron a una asamblea abierta a toda la comunidad para denunciar “el secretismo con que se diseña y planifica la construcción del local liceal, enajenando de un postergado anhelo a la población de Nueva Palmira”, y plantearon dudas sobre la eventual “construcción del liceo bajo la modalidad de participación público-privada [PPP]”, de la que tomaron conocimiento “por vía extraoficial”.
Este liceo tiene unos 1.000 estudiantes que van a clase en salones de cinco metros por cinco donde se amontonan hasta 30. “La infraestructura es la de una casona; pertenecía al molino y no está pensada para un liceo”, por lo que “se complica hasta cuando los chiquilines quieren ir al baño, hay que hacer toda una serie de movimientos en todo el salón”, contó Washington Méndez, docente de Idioma Español y adscripto, que ayer participó en la ocupación.
Además, “tenemos una realidad que es la incompatibilidad de la actividad industrial con la educativa”, dijo, en referencia a que el liceo está pegado al molino Nueva Palmira, lo que causa un alto nivel de contaminación sonora, entre otras molestias. “Hay ruido constante, sobre todo en los salones que están más cerca, además del polvillo; tenemos muchos chiquilines con problemas respiratorios. Recibimos la visita de un técnico prevencionista que nos dijo que no nos preocupáramos tanto por la harina y el polvillo que hay en el piso, sino por lo que no se ve, que es lo que estamos respirando”, dijo. La actividad del molino genera residuos, por lo que todos los días, y a pesar de que se limpian, los pisos de los patios del liceo se parecen a los de una panificadora. Esto provocó que en 2015 los docentes ocuparan el liceo, gracias a lo cual lograron incluir en la agenda la construcción del nuevo edificio “dentro del presupuesto del presente gobierno”. En el Consejo de Ministros celebrado en agosto de 2016 en la vecina ciudad de Carmelo, una comisión del Ministerio de Educación y Cultura, encabezada por la ministra María Julia Muñoz, confirmó a la Asociación de Padres del Liceo (Apal) que la relocalización estaba confirmada para 2019.
En cuanto a su construcción bajo la modalidad de PPP, en la asamblea de ayer los docentes se plantearon interrogantes, ya que “la construcción de los centros queda sujeta a la existencia de interesados que adquieran los pliegos”, y el adjudicatario “por 20 años dirigirá todo lo concerniente a mobiliario, mantenimiento correctivo y preventivo del edificio y los muebles, limpieza rutinaria y profunda, seguridad de predios y edificios, y cuidado de áreas libres”, mientras que “el Estado, por 20 años, efectuará los pagos al adjudicatario correspondiente a los costos de construcción del edificio, así como de los intereses que hagan al rédito de la inversión de la empresa en cuestión”. “¿Qué pasa si la empresa quiebra? ¿Qué organismo público se encargará del contralor de la empresa privada en cuanto al cumplimiento de los compromisos asumidos? ¿Cuáles serán la calidad y las garantías ofrecidas por la empresa respecto de la estructura edilicia? ¿Existirá una verdadera autonomía del cuerpo docente cuando el privado sea el dueño de la infraestructura? ¿La gestión de los recursos materiales por parte de un privado permitirá una injerencia en las prácticas educativas?”, preguntaron los docentes durante la asamblea abierta. También se preguntaron, en ese escenario, “qué papel tendrá la Apal”, que es la que organiza todos los años la “Fiesta de la Primavera”, con la que se mantiene en condiciones la infraestructura del liceo, ya que la “caja chica” que les otorga el CES “son 4.000 pesos mensuales, nada más”, con los que deben hacer frente a los gastos de mantenimiento y de limpieza. Por último, señalaron “la colisión del modelo de PPP con la normativa vigente”, ya que “la Ley de Educación dice que el Estado no suscribirá acuerdo o tratado alguno con Estados u organismos internacionales que directa o indirectamente signifiquen considerar a la educación como un servicio lucrativo o alentar su mercantilización”. “Un liceo no es una carretera”, señalaron.
En el marco del paro parcial del PIT-CNT que tuvo lugar ayer, también participaron en la asamblea trabajadores de la maltería AmBev y portuarios de la Corporación Navíos. Uno de estos últimos aseguró: “Si el día de mañana esto se pone bravo, nosotros vamos a estar acá también”.
Y en las primeras horas de la tarde, tímidamente, también se fueron acercando algunos estudiantes a las “clases de apoyo” que dieron los profesores como parte de la medida de lucha.