La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y el Ministerio del Interior crearon un fondo para el financiamiento de proyectos que investiguen distintos aspectos de la seguridad ciudadana. Dentro de ese tema, las instituciones convocantes definieron dos líneas de investigación en las que deben enmarcarse los proyectos para ser financiados.
Una de las líneas será “sociología y antropología del delito”, en la que se seleccionaron tres temas prioritarios: La organización social del microtráfico de pasta base de cocaína y sus relaciones con otras actividades criminales; Las actuales modalidades barriales de delito urbano: la rapiña. Moralidades de subsistencia, procesos de identificación juvenil y convivencia en barrios vulnerables; y, finalmente, Dinámicas de resolución de conflictos a través de la violencia cruenta: los ajustes de cuenta, la competencia en los mercados ilegales de drogas y las nuevas formas de sicariato.
Según consta en las bases del llamado, esta línea “busca comprender los determinismos de la violencia estructural sobre las violencias cotidianas, en particular en los sectores de mayor vulnerabilidad social, y su incidencia sobre las moralidades parentales, familiares y vecinales, así como las valoraciones concretas respecto a prácticas de violencia y los procesos de identificación social”. Además, se establece que es especialmente importante “describir la dinámica social de los mercados delictivos y las formas organizacionales de la criminalidad”.
La segunda línea de investigación será sobre la performance policial y sus efectos sobre el crimen, y también se seleccionan tres temas prioritarios: Los efectos de las medidas cautelares en la prevención y disuasión de la violencia de género: condiciones socioeconómicas y categorías de edad de los actores implicados; La evaluación de impacto de las Unidades Especializadas en Violencia Doméstica: los efectos sociales de la atención primaria en las violencias de género; y Las trayectorias delictivas: efectos sociales de los programas de rehabilitación y del desistimiento entre personas privadas de libertad.
Esta línea apunta a “comprender con precisión los efectos sociales y el impacto de las nuevas respuestas institucionales para disuadir y prevenir el delito”. Además, se busca “conocer, a través de casos concretos, el efecto de las decisiones en materia de política criminal y el funcionamiento de las intervenciones impulsadas por esta en la emergencia y visibilidad de lo que se considera delito”.
Se financiarán proyectos en dos modalidades: una que otorga como tope 580.000 pesos y otra por la que se puede solicitar hasta 1.060.000 pesos. La convocatoria cerrará el 15 de marzo y las postulaciones se realizan por medio de la página web de ANII.