El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, presentó un recurso ante la Justicia para que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) garantice el acceso a la educación y habilite cursos para las personas privadas de libertad que quieran estudiar. Ayer, en diálogo con el portal de la Secretaría de Comunicación Institucional de la Presidencia de la República, el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Wilson Netto, detalló que en 2017 fueron en total 4.339 personas las que se inscribieron en alguna propuesta educativa que se brinda en cárceles. “Si uno compara 2017 con 2005, la presencia de la educación en cárceles en la actualidad es muy importante. ‘Barremos’ el país en su conjunto”, dijo Netto.
Sobre las cifras, Netto informó que 1.200 personas se inscribieron para culminar la escuela, que ese número viene en aumento en los últimos años (fueron 890 en 2015 y 1.040 en 2016) y que del total de inscriptos egresaron 440, según datos de la Dirección Sectorial de Educación de Jóvenes y Adultos de la ANEP. En actividades de enseñanza secundaria se inscribieron 2.831 personas, de las cuales 1.902 dieron al menos un examen y 308 hicieron cursos de capacitación o acreditación de saberes en UTU. Añadió que se invierten aproximadamente cinco millones de dólares por año en las oportunidades educativas en cárceles y que hay “prácticamente cuatro centros educativos de tamaño medio presentes en los distintos contextos carcelarios”.
“Todos entendemos la importancia del tema y la normativa de la que el país dispone en este sentido, pero creo que las cosas se manejan en mesas de trabajo, no a través de debates mediáticos que no nos llevarán a ningún lado”, afirmó en relación con el recurso presentado por el comisionado parlamentario. Aseguró que, “más allá de que tenemos que mejorar el intercambio de información y la comunicación, debemos trabajar con profunda responsabilidad”. En ese sentido, dijo que está dispuesto a invitar a Petit a integrar la mesa de trabajo entre la ANEP y el Ministerio del Interior.