En un artículo reciente (“Utec y los desafíos de la gobernanza”, la diaria, 5/9/2018), hice referencia a la pertinencia y oportunidad de considerar algunas propuestas de ajuste a la Ley 19.043, de creación de la Universidad Tecnológica (Utec). Vale recordar que esta norma saldó debates importantes a nivel parlamentario, tales como la oportunidad de crear una nueva universidad pública versus la opción de seguir expandiendo la Universidad de la República, o la implantación de un modelo de gobierno con variantes sobre el modelo de cogobierno conocido en Uruguay. El objetivo de esta nota es complementar la información brindada, así como separar instrumentos de principios, porque siempre que se transmutan, los que salen peor parados son los principios.
Los principios: cogobierno y autonomía
Para ponderar la pertinencia de analizar cogobierno y autonomía en el contexto de la Utec es bueno entender las causas que llevaron a cambiar a las universidades en sistemas de educación superior con tradiciones tan diversas como Suecia, Holanda, Reino Unido, República Checa, Irlanda, Australia, Estados Unidos, Dinamarca, Australia, Nueva Zelanda, Tanzania, Italia y Eslovaquia. Un listado somero en base a literatura científica internacional permite identificar:
a) Mayor relevancia del conocimiento en el desarrollo de las sociedades. Esto ha potenciado las relaciones con actores externos a la universidad y la apertura de espacios de participación en las decisiones institucionales.
b) Mayor complejidad de las universidades debido al desarrollo de propósitos múltiples y mayor heterogeneidad en sus obligaciones y alcances. Esto ha impulsado formas de gobierno y gestión más formales y profesionales.
c) Presión sobre las universidades hacia la autonomía, con énfasis en la efectividad y la eficiencia. Se espera que las universidades funcionen de forma más integrada, más racional y menos fragmentada internamente.
d) Presión desde la sociedad por mayor transparencia y rendición de cuentas.
e) Creciente nivel de competencia entre las universidades por recursos públicos escasos.
La autonomía es un principio fundamental y debe defenderse como tal. No obstante, es un principio con dimensiones múltiples y es importante alcanzar un adecuado equilibrio entre ellas para evitar derivar en los extremos de la autarquía y/o la intervención. Todos los elementos destacados más arriba están presentes en la sociedad uruguaya, y es desde allí que se justifica un análisis cuidadoso del modelo de gobernanza propuesto para la Utec.
El cogobierno es otro principio fundamental. La Ley 19.043 innovó en este terreno, integrando por primera vez en la historia de Uruguay a trabajadores y empresarios en la conducción universitaria. Es necesario que la integración del Consejo Directivo Central (CDC) tenga una representación equilibrada de los distintos integrantes, para garantizar su buen funcionamiento y evitar la cooptación por cualquiera de las partes.
Sobre los instrumentos
Por razones de espacio, me referiré sólo a dos:
1) Mecanismo de elección del rector. No parece conveniente que el rector sea elegido solamente por docentes, estudiantes y egresados, y que no se incluya algún instrumento que considere la participación de los representantes externos, si se comparte el principio de que la universidad pública debe potenciar su contribución al desarrollo productivo, social y económico a nivel local y nacional.
2) Relación entre los espacios de definición política, académica y de gestión. Las acciones llevadas adelante por el CDC durante el período fundacional han estado orientadas a diferenciar nítidamente estos espacios de decisión. Se ha proyectado una universidad multicampus, fuertemente desconcentrada y desplegada en el interior del país. Coherente con este modelo, se propone la creación de un Consejo Académico integrado por los órdenes universitarios y se cuestiona la conveniencia de los consejos en los Institutos Tecnológicos Regionales (ITR), dada la superposición de funciones y responsabilidades con los directores de ITR. Al mismo tiempo, se propone el fortalecimiento de un órgano asesor regional, con representación del Congreso de Intendentes, la sociedad civil, los trabajadores, el sector productivo y los órdenes universitarios.
Una nota final
Se ha manifestado en repetidas oportunidades que el modelo latinoamericano, inspirado en la Reforma Universitaria de 1918, forma ciudadanos con responsabilidad social, mientras que los modelos alternativos trabajan con clientes y aparentemente no está claro qué es lo que forman. No tengo dudas sobre la responsabilidad social de los profesionales uruguayos (por suerte, sobran evidencias empíricas), pero tampoco las tengo sobre los profesionales formados en el resto del mundo. Adicionalmente, la mayoría de los países que han impulsado cambios en sus gobiernos universitarios están entre las naciones con mayores niveles de desarrollo humano, cuentan con altos niveles de cobertura de sus sistemas universitarios públicos (mayores de 50% versus 15% en Uruguay, según la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística de 2017), exhiben los menores niveles de pobreza y desigualdad social, y un alto grado de estabilidad de sus sistemas democráticos, entre otros aspectos.
Los ajustes propuestos no reniegan en lo más mínimo de la Ley 19.043, que ha constituido el marco de referencia fundamental durante el proceso fundacional de la Utec. La opción por una segunda universidad pública, de perfil tecnológico, con su oferta educativa radicada en el interior y comprometida con los lineamientos estratégicos del país, ha signado las definiciones y acciones fundamentales desarrolladas durante este período fermental. No obstante, no deberíamos perder la oportunidad de analizar un modelo de gobierno para la Utec que dé mayores garantías de cumplir con los objetivos establecidos en la ley y hacer un aporte significativo al desarrollo económico y social del país.
Pablo Chilibroste es consejero de la Utec.
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