Democratizar el acceso a la universidad es el título de la publicación que recoge los resultados de un estudio de la aplicación del artículo 34 de la Ordenanza de Estudios de Grado de la Universidad de la República (Udelar), que plantea que puedan ingresar a la institución estudiantes pese a que no hayan completado la educación media, pero que cuenten con competencias para estudiar en ese nivel.
La investigación, llevada a cabo por Alicia Dambrauskas y Alisson Insaurralde en el marco de la Cátedra Unesco de Educación de Personas Jóvenes y Adultas en Uruguay, considera al citado artículo de la ordenanza “como un dispositivo inherente a las políticas de reconocimiento, validación y acreditación” de saberes que la Unesco promueve, que a nivel nacional están refrendadas por el artículo 39 de la Ley General de Educación. De todas formas, se afirma que, más allá de la “legitimidad normativa” de la medida, en el caso de la Udelar es “una novedad disruptiva en el marco de una cultura institucional asentada en la progresión lineal y continua de las trayectorias educativas”.
Precisamente, cuando se habla de este tipo de acreditaciones es frecuente que para cuestionarlas se apele al argumento de la calidad académica y se afirme que tienen el objetivo de mejorar indicadores de culminación de la educación media o de acceso a la universidad. En el prólogo del libro, a cargo del exrector de la Udelar Rodrigo Arocena, se afirma que no se trata de “rebajar exigencias, sino de reconocer que hay distintas vías” para lograr lo que establece la ordenanza: “la formación necesaria para seguir con aprovechamiento cursos universitarios”. “Se trata, sobre todo, de reconocer que se aprende no solo dentro de las aulas, sino también fuera de ellas”, dice Arocena, en cuyo mandato se aprobó la Ordenanza de Estudios de Grado.
De acuerdo con el exrector, “ofrecer a todas las personas oportunidades para seguir aprendiendo durante toda la vida, incluso a nivel universitario, es parte imprescindible de la construcción de una sociedad más justa y mejor”. En ese marco, se pregunta si es justo mandar nuevamente a secundaria a alguien que abandonó los estudios formales hace algunas décadas, pero que en su vida “ha construido capacidades que le permiten avanzar en los estudios de nivel terciario”. Según entiende, democratizar la educación superior “implica cambiar criterios antiguos y arraigados, trastocar reflejos, modificar profundamente ciertos procedimientos” y, en especial, exige que los universitarios “sean solidarios” con quienes no han tenido la posibilidad de acceder a ese nivel.
Por su parte, Dambrauskas e Insaurralde apuntan a la “desigualdad educativa” existente en la sociedad uruguaya, que tiene “repercusiones en las restantes dimensiones de la vida individual y colectiva”. Según ilustran, 65% de las personas que pertenecen al quintil de mayores ingresos tiene educación terciaria como máximo nivel educativo, cifra que cae a 4% en el quintil de menores ingresos.
Dificultades en el registro y en el acceso a la información
Si bien las investigadoras encontraron diversas dificultades para acceder a registros completos de la cantidad de personas que recurrieron al mencionado mecanismo para solicitar su ingreso a una carrera de la Udelar, a partir del acceso a distintas bases de datos de facultades –ya que no hay una cifra centralizada– lograron asegurar que hubo al menos 383 en la última década, cuando comenzó a estar activo. Más allá de que la Ordenanza de Estudios de Grado se aprobó en 2011, recién en 2014 el Consejo Directivo Central de la Udelar aprobó un mecanismo de reglamentación, cuya aplicación depende de cada servicio universitario.
Según afirma el estudio, si bien no existieron mayores oposiciones a la aprobación y aplicación de esta modalidad de ingreso alternativo de estudiantes, ello no quiere decir que no haya enfrentado resistencias, que en este caso operaron de forma silenciosa y en el marco de un discurso “políticamente correcto”. Por ejemplo, se menciona que la necesidad de no discriminar ni estigmatizar a los estudiantes fue uno de los principales argumentos de la institución para no sistematizar la situación de quienes solicitaron el ingreso a través del mecanismo y para no implementar dispositivos de acompañamiento una vez que el ingreso se concreta.
De un relevamiento realizado en los distintos sitios web de las facultades de la Udelar, las autoras concluyen que la regla general es que no se encuentra disponible ninguna información sobre esta modalidad de ingreso. La única excepción es la Facultad de Ciencias Económicas y Administración (FCEA), que junto con la Facultad de Artes son señaladas como los únicos casos en los que se ha tenido una política activa en ese sentido. “Esta nula difusión de la excepcionalidad”, se afirma, generó que las personas se informaran de esa posibilidad “de manera casual o en búsquedas sin orientación específica”, es decir, “casi por accidente”.
De forma contraria al sentido de la norma, a partir de algunas entrevistas a informantes calificados, se afirma que la no difusión tiene que ver con la intención de no estimular la desvinculación de la educación media. En suma, las investigadoras señalan su alarma por haber constatado que en las bedelías de varias facultades existe nula información sobre el mecanismo de ingreso excepcional. Es más, a algunas de las personas que consultaron presencialmente por ello los funcionarios de la Udelar les indicaron culminar la educación secundaria.
“La democratización en el acceso a la educación superior, fundamento de la formulación de la Ordenanza de Grado, aparece así cuestionada por razones administrativas. El poder burocrático puesto en juego”, se concluye.
Un “camino de obstáculos”
El estudio concluye que las solicitudes que logran canalizarse e incluso aquellas que son aprobadas se encuentran con “un camino de obstáculos” dentro de la Udelar. En relación con los trámites de las solicitudes, se muestra que en muchos casos los solicitantes deben enfrentarse a largas esperas –en ocasiones de un año– y reciben nula información durante el proceso. Según se agrega, ello tiene que ver con el procedimiento establecido por la Udelar para estudiar si las solicitudes cumplen con los requisitos para el ingreso. Además, algunos de los entrevistados contaron que se enteraron a través de las investigadoras de que su solicitud de inscripción había sido en una carrera que nunca pidieron.
El estudio muestra que la mayoría de las solicitudes relevadas fueron aceptadas, aunque se concentran en la FCEA y Facultad de Artes. No obstante, se advierte que “el lenguaje, las categorías de análisis, los dispositivos de evaluación, la diferencia de edad respecto de los otros estudiantes, la brecha tecnológica, las limitaciones en la comprensión del vínculo educativo, terminan siendo expulsoras de estos recién llegados a la educación universitaria mediante una excepcionalidad”. “La flexibilidad en el ingreso no altera per se la cultura institucional”, se completa.
Según afirma el estudio, la mayoría de los estudiantes que llegan a través de este mecanismo lo hacen “con una formación muy diferente a la que se les exige en la universidad”. Al respecto, se agrega que “gran parte de la comunidad universitaria parece desconocer las complejidades que enfrentan los estudiantes durante los primeros años y el efecto que estas condiciones tienen sobre el desarrollo de su trayectoria educativa”. En tanto, todo ello se agrava cuando no existen espacios de consulta y mecanismos de acompañamiento previstos para estos estudiantes, lo que ocurre en la mayoría de los servicios de la Udelar. De hecho, “la mayoría de los entrevistados identifican la carencia de un acompañamiento como un factor clave en la interrupción de su trayectoria educativa”.
Como una excepción se plantea el caso de la Facultad de Artes, que cuenta con “una extensa trayectoria” en la generación de mecanismos alternativos de ingreso, lo que en parte explica que sea el servicio con más solicitudes excepcionales desde 2014, con 272. Según se afirma, dicho servicio tiene una política de discriminación positiva de estos estudiantes, que son objeto de políticas de acompañamiento. En el caso de la FCEA, por su parte, se destacan distintas “transformaciones en la cultura institucional y burocrática” que permiten que sea “la educación universitaria la que se adapte a las trayectorias de los estudiantes” y no que se dé a la inversa.
El estudio también concluye que, “a pesar de todo, el egreso y la titulación son posibles”. Si bien se afirma que resta acceder al universo total de casos para sacar conclusiones, las 15 personas entrevistadas permiten constatar que “el desempeño de estos estudiantes no solo es asimilable en logros al de los estudiantes de ingreso regular, sino que se observa que pueden superarlo”.
Finalmente, el libro culmina con una serie de recomendaciones que, en la misma línea de los hallazgos, plantean la necesidad de transformar las culturas institucionales de los servicios universitarios. En concreto, se señala la necesidad de ofrecer más y mejor información sobre el mecanismo, pero también sobre el seguimiento de los trámites. Asimismo, se señala la importancia de generar mecanismos de acompañamiento y también un registro sistemático de las trayectorias de las personas que realizan estas solicitudes.