La Mesa Interinstitucional de Educación de Personas en Conflicto con la Ley Penal presentó los resultados del período 2016-2019. Ayer se reunieron representantes de las siete instituciones educativas que componen la mesa, junto al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA). Una de las novedades de esta presentación fue la renovación del convenio que se terminaba este año; el conjunto de autoridades de la educación y del INR entendió que la mesa “es muy joven y necesita más tiempo de trabajo”, además, como en el correr de los años se unieron más instituciones que las que estaban originalmente, se entendió necesario que el convenio pase a ser del Sistema Nacional de Educación Pública con el INR; de esta forma, todos los actores de la educación están incluidos, explicó a la diaria Sandra Gardella, representante de la mesa.
El grupo de trabajo está compuesto por representantes del Consejo de Educación Secundaria, la Dirección Sectorial de Educación de Jóvenes y Adultos, el Consejo de Educación Técnico Profesional, la Dirección Nacional de Cultura y el Área Educación No Formal de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, la Universidad de la República (Udelar) y el Consejo de Formación en Educación. El logro más importante es haber roto con la rigidez de cada institución para poder trabajar en conjunto sobre políticas educativas pensadas para personas privadas de libertad.
Más allá de eso, Gardella destacó la creación y puesta en marcha del aula móvil, un salón de clase en un contenedor con ruedas que viaja por los distintos centros del INR y se mantiene en cada lugar por un año. Hasta el momento ha estado en la cárcel de Campanero de Minas, en la Unidad 18 de Durazno, y ahora está en la unidad de Florida. En ese espacio, los actores institucionales de la mesa proponen distintas actividades educativas que salgan de la propuesta del centro, y en lo posible han intentado que se incluya a la comunidad. Según reconoció la representante de la mesa, aún falta para que todos los actores asuman este espacio como propio y ofrezcan nuevas propuestas, aprovechando que el aula está equipada no sólo con los clásicos bancos y sillas, sino también con proyector, cañón y sistema de audio, entre otras comodidades que permiten llevar a cabo actividades como cine-foros y otras dinámicas interactivas.
En relación con el aula móvil, Gardella comentó otro de los logros del grupo de trabajo: la creación de mesas locales en territorio, que son, justamente, las que deciden qué contenidos se desarrollan en el aula. “Se han instalado diez mesas locales. Queremos llegar al resto de las unidades para lograr una articulación real, que proponga acciones propias relacionadas con el territorio”. Estas mesas han llegado a acuerdos interinstitucionales de atención puntual de demandas como la práctica de deportes o la entrega de lentes a los privados de libertad con estudiantes de óptica de UTU y docentes de oftalmología de la Udelar.
La formación interinstitucional fue una de las grandes conquistas de la mesa. “Hemos hecho varias actividades, seminarios y encuentros de sistematización de experiencias entre todos los educadores de las distintas instituciones. Cruzar a los actores para esto es un logro generado a partir de la mesa”, detalló Gardella. En la presentación se mencionó el trabajo con especialistas uruguayos e internacionales en el que participaron educadores y operadores del sistema penitenciario, así como estudiantes de formación docente y universitaria.
En relación con la formación, también se destaca la gestión con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Udelar para la elaboración e implementación de un Diplomado en Educación en Contextos de Privación de Libertad. Para Gardella, la formación específica en estos contextos sigue siendo un gran desafío para la mesa, algo que abordarán en el próximo período de trabajo.
Otro punto que los integrantes de la mesa señalaron como exitoso es el trabajo en el preegreso y egreso de los privados de libertad. Gardella comentó: “Se ha trabajado bastante en generar reglamentaciones y en visibilizar la Ley de Educación en el afuera, para que no se corte la continuidad educativa cuando la persona sale en libertad”. La representante agregó que “hacer ese nexo lleva un montón de cuestiones que rompen las lógicas institucionales, hemos logrado instalar un acompañamiento en una escala micro, en el área metropolitana, que funciona bien, pero aspiramos a llevarlo a todos los departamentos”. Dentro de esto, un punto fundamental es “lograr el reconocimiento y la valoración del recorrido educativo en privación de libertad”.
Pensando a futuro, la mesa tiene varios desafíos por delante: “Debemos afinar un documento para el período 2020-2025 y así empezar a concretar política educativa para la privación de libertad”, señaló la representante, y agregó que generar espacios específicos para estos contextos es otra de las metas a futuro: “Necesitamos generar un formato específico de distintas carreras, que no implique la baja de contenidos ni menos calidad, pero que tenga una adecuación organizacional y temporal a la privación de libertad. Ese es un gran desafío para todo el sistema”.