Convocado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), existe un grupo sobre educación y migración –en muchos casos emulado dentro de cada institución educativa– en el que se ha conversado sobre la inserción de los docentes migrantes en el sistema público. Al respecto, la directora de Educación del MEC, Rosita Angelo, dijo a la diaria que el impedimento constitucional y estatutario que no permite que docentes que no tengan la ciudadanía natural o legal se desempeñen en el sector público no rige para espacios educativos no formales, y que muchos comienzan a ejercer allí. Además, indicó que cuando se estableció esa restricción, en el siglo XIX, “se pensó para que el docente sea una persona que ejerce la ciudadanía en el país, que forme parte de la cultura o de la identidad nacional”. “En un momento en el que se empieza a reconocer la cuestión de las diferencias y las movilidades de población”, la jerarca señaló que en el grupo convocado por el MEC se han concentrado en abordar mecanismos para facilitar el ingreso y el reconocimiento de los estudios de quienes llegan a estudiar a Uruguay. La directora de Educación señaló que en un principio se le había dado prioridad a esas situaciones para la educación primaria y media, lo que ya se logró resolver.
No obstante, ello incluye también a las distintas carreras del Consejo de Formación en Educación (CFE), en las que cursan algunas personas migrantes que, según señaló Angelo, en algunos casos llegan al país con sus estudios iniciados, por lo que deben validarlos. Al respecto, informó que el CFE “está tratando de buscar la forma de que dicho mecanismo sea más rápido y permita que a las personas se le acrediten los trámites”.
Fernanda Blanco, representante del CFE en el grupo de trabajo convocado por el MEC, explicó a la diaria que la mayor parte de casos de quienes llegan del exterior es de quienes concurren a la institución con un título para validar. Al respecto, Blanco señaló que desde el organismo están preocupados por “posibilitar y facilitar los trayectos educativos de las personas migrantes en el marco de la legalidad”. Por ejemplo, indicó que para que alguien que viene desde otro país se inscriba en alguna de las carreras del CFE necesita tener la educación media culminada, por lo que deben revalidar ese tramo. Según contó, para ello se trabaja “articuladamente y dependientemente” con los otros consejos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Al respecto, Angelo informó que desde hace algunas semanas está en vigencia un protocolo de reconocimiento de estudios primarios y medios para países del Mercosur y asociados, “que va a aligerar mucho los trámites”, ya que “establece el reconocimiento de todo el tramo sin necesidad de hacer todo ese papeleo que se hacía”.
Blanco detalló que hasta el momento no hubo “mayores dificultades” en el cursado de personas migrantes en el CFE, mientras que en el caso de la inscripción, “si no tenés la documentación se intenta facilitar y acelerar los procesos”. “No hay casos en donde por ser migrantes se hayan quedado por el camino”, resumió. No obstante, las restricciones de la Constitución de la República y del Estatuto del Funcionario Docente de la ANEP que plantean que no se puede ejercer en el ámbito público hasta después de obtener la ciudadanía han generado algunas tensiones en las prácticas del último año de la carrera de profesorado, que son pagas. La normativa actual no permite que se les pague a los estudiantes que cursan la carrera pero no tienen la ciudadanía, por lo que se genera una inequidad con sus compañeros uruguayos. Al respecto, Blanco explicó que al ser prácticas pagas, la persona trabaja para el Estado y es parte de su plantilla. Señaló que en el organismo se está trabajando al respecto y que la situación abarca sólo a estudiantes de profesorado, que en el último año tienen un grupo a cargo en un liceo público, ya que las prácticas de otras carreras de la formación en educación no son remuneradas.