En 2019 los entonces diputados Rodrigo Goñi (Partido Nacional), Daniel Peña (Partido de la Gente) y Valentina Rapela (Partido Colorado) presentaron un proyecto de ley, cuyo texto fue elaborado por la Red de Padres Responsables, para regular la educación sexual en las instituciones educativas. Este año el proyecto de ley fue desarchivado a pedido de Goñi, con la intención de impulsarlo, y remitido a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), por medio del Ministerio de Educación y Cultura, para que brinde asesoramiento. La Dirección de Derechos Humanos y los consejos desconcentrados de la ANEP tienen el tema a estudio pero aún no emitieron opinión.
El proyecto considera que la educación sexual “atañe a la intimidad personal y a las convicciones morales y/o religiosas” y establece que todo padre tiene “derecho a ser informado previamente sobre el tipo de educación sexual que se ofrecerá a sus hijos”. Para eso, las instituciones públicas deberían informar a comienzo del año la propuesta de educación sexual con gran nivel de detalle: “Los objetivos, valores y contenidos a transmitir, actividades a realizarse, materiales didácticos y bibliográficos que se emplearán, e identificará el o los docentes encargados, aclarando qué formación específica ha recibido sobre sexualidad”.
El texto señala que se debe recabar el consentimiento de los padres y que estos pueden oponerse, por lo que, argumentando con base en el principio de laicidad, se deberá ofrecer a las familias “al menos, las dos visiones de la educación sexual que sean acordes con las convicciones morales y religiosas más representativas entre los padres. Ello implicará que se les propongan distintos programas, detallando los contenidos, objetivos, valores a transmitir, actividades, materiales didácticos y bibliográficos, y docentes referentes con una formación acorde, para que los padres o tutores puedan elegir los que sean conformes con sus convicciones”.
El proyecto detalla los procedimientos y establece que “si la mayoría relativa de los padres de una clase están de acuerdo en que se ofrezca otro programa diferente de educación sexual y en valores, la Dirección deberá coordinar para que pueda ofrecerse tal propuesta”, y las objeciones que presente la dirección de la institución deberán estar limitadas a “si implican violación de un derecho fundamental de terceros o si afecta al orden público”. Además, establece que si los docentes del centro educativo no comparten la propuesta de los padres, “la educación estará a cargo de la persona que ellos propongan, con la remuneración que corresponda al docente”.
En 2017 la Red de Padres Responsables presentó un petitorio ante la ANEP con la misma intención de que se recabe el consentimiento de los padres ante la propuesta de educación sexual. En aquel momento la solicitud fue rechazada por el Consejo Directivo Central con base en los informes de un grupo de trabajo conformado por el Programa de Educación Sexual y la Asesoría Letrada de ANEP, que determinó que la educación sexual es una de las líneas transversales marcadas en la Ley General de Educación.
En carpeta
Goñi dijo a la diaria que desarchivó el proyecto con la intención de “impulsarlo”, aunque mencionó que hasta ahora fue complicado su tratamiento por la discusión de la ley de urgente consideración y del presupuesto nacional. Aseguró que es “un tema importante, que atañe no sólo a las generaciones actuales sino a las futuras, y que hay que analizarlo a fondo”.
Dijo que el tema no fue discutido a la interna de su partido ni en la coalición de gobierno, aunque recordó que el programa del Partido Nacional prometió someter “a revisión las Guías de Educación Sexual aprobadas por ANEP, con el fin de verificar el efectivo respeto de la laicidad y de los derechos de aquellos padres que han puesto objeciones al respecto”. “Yo hago una propuesta, no tiene por qué ser la única ni ser la del gobierno”, afirmó Goñi.
Para el diputado Sebastián Sabini (Frente Amplio), que integra la Comisión de Educación y Cultura, es “preocupante que a través de un proyecto de ley se quiera definir los contenidos educativos que reciben los estudiantes, más allá de la materia específica Educación Sexual. No es viable que se aplique ese criterio para el sistema educativo, porque violenta la autonomía técnica del ejercicio docente”.
Consideró que en el tema educación sexual “debe primar el derecho a la educación de los niños y tener una mirada basada en fundamentos científicos, en evidencia, y lo que está pasando es que se quiere meter una mirada de carácter religioso y moral en un tema que debe ser tratado con seriedad”. Sabini recordó que Uruguay fue pionero en desarrollar la educación sexual, y mencionó que “adolescentes y niños que sufren violencia sexual muchas veces se percatan de esa situación porque esos temas son tratados en los centros de estudio”.
En tanto, Felipe Schipani (Partido Colorado), presidente de esa comisión, dijo a la diaria que el tema no se discutió ni está previsto hacerlo en las próximas semanas. Sobre el contenido, prefirió no adelantar opinión.