El anuncio del martes sobre la modificación del protocolo sanitario en las escuelas, en particular al acortar el distanciamiento físico previsto de 1,5 a 1 metro, dejó varias incertidumbres entre colectivos docentes y familias. Por un lado no se determinó cuándo comenzará a aplicarse el cambio, y por otro, no se sabe cuánto aumentarán las horas de clase de los niños de educación inicial y primaria.
El colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública fue uno de los actores que presentó con más fuerza el reclamo de mayor presencialidad, porque la mayoría de los niños que concurren a las escuelas públicas todavía van dos o tres veces por semana a clase. En un comunicado difundido después del anuncio, el colectivo “celebra con alegría la vuelta a una presencialidad plena a través de la flexibilización del protocolo sanitario”.
Si bien consideran que la medida “permitirá que muchos grupos ya no deban ser particionados para su funcionamiento y podrán asistir todos los días, todos los niños”, advierten que “existen situaciones en algunos centros que necesitarán otras soluciones para poder lograr la presencialidad plena”. Por eso el colectivo, que el miércoles concurrió a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, seguirá con atención la implementación de las medidas “y seguiremos reclamando por el otorgamiento de partidas presupuestales extraordinarias para atender la emergencia educativa”.
En declaraciones a la prensa, delegadas del colectivo enfatizaron en la idea de prepararse para situaciones como un nuevo rebrote del virus, que provoque la marcha atrás de las medidas. En ese sentido, sugieren prever el alquiler de salones auxiliares y otras medidas que permitan mantener la presencialidad en las escuelas.
La gestión del riesgo
En tanto, la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) pidió este miércoles una entrevista con el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) para intercambiar sobre el anuncio y proponer que se conforme un grupo de trabajo que “monitoree” la implementación de los cambios, atendiendo a que pueden existir “presiones” ante las direcciones y colectivos docentes.
Pereira lamentó que “ya se está haciendo habitual” para los docentes enterarse de medidas “por la prensa”, y en diálogo con la diaria planteó algunas de las observaciones frente al anuncio. En primer lugar señaló que al mantener el distanciamiento, ahora a un metro, “es muy difícil pensar que en todos los centros educativos y aulas va a ser posible volver a la normalidad previo a marzo”, y puso como ejemplo que si en un grupo de 24 niños podían ir de a 15, al disminuir la distancia permitida podrán entrar 20, pero no todos. “¿Qué pasará con esos cuatro restantes? ¿Qué docente los atenderá? ¿En qué lugar?”.
Reiteró algo en lo que viene insistiendo desde hace semanas, que a su entender se confirma: “Con esta resolución lo que se hace es dejar en manos de directores y colectivos las formas de organizar, y lo que decimos es que no debiera haber ninguna presión para que los protocolos no sean tomados en cuenta o puestos a consideración. El tema es que no se presione a los colectivos una vez que se tomen las decisiones”.
En este sentido mencionó que desde que se abrieron los comedores “estamos viviendo problemas” por “presiones de distinto tipo, no solamente desde autoridades, también desde colectivos, familias”, dijo, “que es lo que pasa cuando la información no es clara”. Pereira cuestionó que en la conferencia “no se dijo cuándo empieza a funcionar esta modalidad, y no lo sabemos nosotros ni los padres, que van a ir a la escuela creyendo que se van a encontrar con lo que se dijo en televisión, pero los que están para dar respuesta son los directores, que se enteraron de la misma manera que ellos”, por lo que “pocas respuestas tienen para darles a las familias”.
A su vez, la secretaria general de la FUM-TEP consideró que se tiene que reforzar el personal auxiliar, porque “aún hoy hay compañeras que tienen contratos de 30 horas que están trabajando muchas más horas porque no les da el tiempo para higienizar y desinfectar las escuelas como está en el protocolo”.
La Federación planteará que se cree un grupo para hacer un seguimiento de cómo se implementa esta resolución genérica en cada territorio, porque de lo contrario “lo que se hace es colocar en los hombros de los docentes una responsabilidad que hay que sostener”.
Por su parte, la consejera de Educación Inicial y Primaria en representación de los docentes, Gabriela Verde, quien también se enteró de la resolución por la prensa, cuestionó que se deje “la gestión del riesgo en manos de las escuelas y las inspecciones”. El lunes la consejera elevó un planteo para que las autoridades educativas, en coordinación con las sanitarias, determinaran el regreso a la presencialidad plena, pero con otras bases.
“Apuntábamos a la flexibilización del protocolo para que puedan ir todos a la escuela todos los días, y en aquellos lugares donde la situación epidemiológica lo amerite se fuera hacia atrás, extremando los cuidados. Esto implicaba estar en permanente comunicación con las familias y centros escolares, para lo que proponíamos que hubiera una pestaña específica en GURI”, explicó a la diaria, y cuestionó que “ahora, al quedar liberado a que cada escuela haga lo que pueda, no me queda claro que se pueda generar mayor presencialidad, no lo veo”.