El colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública (FOEP) hizo un balance de lo hecho durante el año lectivo 2021, que se caracterizó por un rol preponderante de las familias en la educación de sus niños. De cara al próximo año, aseguran que se debe pensar “con más velocidad y prudencia”, retomando lo dicho por el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira.
De cara a 2021 piden recordar que en el caso de los niños los brotes han sido “bajísimos”, por lo que “cerrar la escuela no cumple un rol fundamental para evitar la transmisión”, según contó Gabriel González, integrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) en el coloquio “Educación, salud y covid-19 en la escuela”.
“El año terminó, pero tenemos que empezar ya a pensar el 2021, por eso en verano vamos a seguir distintas líneas de trabajo”, aseguró a la diaria Natalia Cámara, una de las madres que integran el colectivo. Según detalló, están interesados en conversar con el gremio docente para “analizar las perspectivas para el año que viene y las posibilidades de arrancar marzo con presencialidad plena. Seguimos reclamando que las escuelas estén abiertas, porque si no hay una vulneración de derechos”.
A través del Fondo de Población de las Naciones Unidas, buscarán impulsar una campaña de comunicación “para dar tranquilidad a las familias y no tener un escenario de pánico. El año que viene el escenario de contagio va a ser como ahora o más, debemos aprender a convivir con el virus y para eso necesitamos generar información para que las familias puedan llevar a los niños a las escuelas sin miedo”, comentó Cámara.
El colectivo entendió positiva la estrategia de Primaria de enfocar el Verano Educativo en los sextos años, pero les preocupa la situación en la que se deja al resto de los niños, que también sufrieron rezago o los 4.000 que se desvincularon del sistema educativo. “No es suficiente la propuesta del gobierno de mantener un programa que ya existía, sin aumentarle los recursos. Nos quedan muchas dudas sobre el plan que tiene el Codicen [Consejo Directivo Central] para trabajar los rezagos”, detalló la integrante de FOEP.
Más allá de la buena disposición que destacan en todos los actores para reunirse y escuchar propuestas, advierten que “la presencialidad plena con autonomía de los centros educativos generó discrecionalidad; es importante tomar medidas ajustadas a la situación de cada escuela, pero se necesita una orientación clara, y debe llegar desde las autoridades de la educación pero también desde la salud”, puntualizó Cámara.
En particular preocupa una “falta de diagnóstico” sobre la situación edilicia de las escuelas y sobre los efectos que tuvo este año en los aprendizajes. “El modelo híbrido implica también desigualdad e inequidad: no todos los niños tienen acceso a la virtualidad, y es algo de lo que se debería encargar el gobierno nacional”, agregó Cámara.
Las medidas que tomaron las autoridades durante el año
En el balance del año el colectivo destaca que Uruguay tuvo un rol ejemplar en la región al ser de los primeros países en volver a abrir las puertas de las aulas. Sin embargo, en su opinión, “el primer retorno a las aulas se quedó largamente en el primer escalón, sin avanzar en mayor presencialidad acompañada de medidas seguras”.
Los familiares mencionan dos decisiones fundamentales que tomó la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para minimizar las consecuencias de la no presencialidad. Una de ellas fue el decreto de obligatoriedad que volvió a regir desde el 13 de octubre.
Sin embargo, las familias advierten que “la declaración de no obligatoriedad definida el 11 de diciembre para determinadas localidades constituye un retroceso, transmitiendo un mensaje confuso hacia 2021”, en referencia a la flexibilización que hizo la ANEP en las zonas con mayor cantidad de brotes de coronavirus.
Otra de las decisiones que el colectivo FOEP celebró fue “la flexibilización del protocolo respecto del distanciamiento físico sostenido (DFS) para las escuelas”. Cuando la ANEP tomó esta medida permitió que la distancia entre las personas se redujera de un metro y medio a un metro. Según indican las familias, este cambio “se realizaría según las posibilidades de cada centro educativo, y con esto se abrió una puerta que permitiría a las familias y a la comunidad educativa buscar alternativas para aumentar la presencialidad”. Sin embargo, “esta flexibilidad no vino acompañada ni de recursos presupuestales excepcionales (limpieza, auxiliares, acondicionamiento edilicio) ni de orientaciones claras a las direcciones escolares desde la centralidad educativa, ni apoyo en gestión del riesgo al personal docente, ni campañas de sensibilización e información dirigida a las familias para que se sientan seguras y tomen las medidas correctas”, remarcan.
Falta de análisis sobre la presencialidad en las escuelas
El colectivo recuerda que el GACH en el informe del 16 de mayo sobre “Propuestas sobre la reapertura escolar” recomendaba a las autoridades “implementar sistemas de monitoreo del ausentismo escolar para rastrear la ausencia de estudiantes y personal y comparar contra los patrones de ausentismo habituales en la escuela”.
Más allá de que esa recomendación, los datos no están disponibles para la ciudadanía, algo que preocupa a FOEP. “Parece evidente, en este contexto, implementar esta recomendación. Contar con ese monitoreo y que sea transparente a la comunidad educativa y a la sociedad toda, para actuar en consecuencia, tomar medidas seguras y no ser víctimas del miedo y la desinformación”, subrayan.
En el comunicado las familias afirman que “duele escuchar declaraciones de autoridades que muestran una realidad a medias, una mirada parcial del retorno, que habla de cuidados, higiene y horas compensadas con virtualidad”.
Para el colectivo la presentación de los datos de asistencia que han hecho las autoridades es “absolutamente sesgada”, porque se brindan datos sobre la totalidad de niños convocados y no sobre la asistencia total que debería haber si no estuviera el contexto de emergencia sanitaria, “lo que plantea una mirada parcial de la realidad”, aseguran.
Retomando los datos de un pedido de acceso a la información que se hizo a Primaria, a los que accedió la diaria, las familias resaltan que “antes de declarada la emergencia sanitaria, la asistencia promedio fue del orden de 90% y el número de niñas y niños que faltaban por día en promedio era 30.000”. La asistencia promedio, para el período julio a setiembre fue de 42%, y baja más en Montevideo, según el análisis de los datos. Es decir que por día unos 200.000 niños de la escuela pública no asistieron a la escuela, de una matrícula de aproximadamente 340.000.
El colectivo también indica que estos datos son aún más graves si se los separa por quintiles, “si se profundiza en el análisis, se observa que la asistencia en escuelas APRENDER o quintil 1 es aún más baja, prácticamente la mitad de lo que se informaba”, y remarcan que “la asistencia en colegios privados fue más del doble”.
Más allá de los datos proporcionados por las autoridades, el propio colectivo hace desde setiembre un monitoreo propio de la asistencia y, según informan, “los datos reflejados en el monitor son coherentes con los reflejados” en la información de Primaria. “Este monitor muestra una evolución de la presencialidad muy lenta, donde los pocos cambios introducidos desde las autoridades no han tenido impacto significativo”.
En el informe concluyen que “pasaron tres meses desde que el principal asesor de Presidencia recomienda aumentar la presencialidad y las autoridades educativas y sanitarias toman medidas tibias para aumentar la presencialidad. Se demoró. Aun con un bajo índice de contagios en Uruguay desde mayo a setiembre, con un sistema sanitario controlado, sin circulación del virus en comunidad, con las evidencias científicas aportadas por el GACH y los ejemplos en el mundo de las escuelas abiertas, las autoridades demoraron y “trancaron la perilla” que permitiera decretar la obligatoriedad y la presencialidad plena”.