La emergencia sanitaria golpeó a todos los centros educativos, que por disposición del gobierno nacional debieron suspender sus clases, pero la crisis económica también afectará a las empresas y trabajadores del sector de la enseñanza privada, estiman desde el Sindicato Nacional de Profesores de la Enseñanza Privada (Sintep). Hasta el viernes, según el relevamiento del sindicato, unas diez instituciones habían enviado a parte de sus trabajadores al seguro de desempleo, afectando a unas 250 personas en total por el momento. Pero el mayor problema será en abril, auguran, cuando disminuya el pago de las cuotas por parte de las familias. “Hay instituciones que van a adolecer un cimbronazo real, por las consecuencias económicas del envío al seguro de desempleo en marzo, que hará que las familias no puedan pagar la cuota, más la afectación en la informalidad, que va a traer rupturas en la cadena de pagos, y los colegios de barrio lo van a sufrir”, estimó Sergio Sommaruga, secretario general del Sintep, en diálogo con la diaria.
En el sindicato, además, están preocupados respecto de que el mecanismo de seguridad social ante esta situación sea el envío a seguro de desempleo, ya que por el multiempleo reinante en el sector, el beneficio no es aplicable a una gran proporción de los trabajadores. En primer lugar, explicó Sommaruga, quienes son funcionarios públicos no pueden ser beneficiarios del seguro de paro, lo que afecta a muchos docentes que trabajan en el ámbito público y privado pero tienen su mayor ingreso en el privado. En segundo lugar, si una persona tiene más de un trabajo, el seguro de desempleo sólo lo cubre si ese es su ingreso principal; “nosotros tenemos mucha gente que tiene pulverizadas sus fuentes de ingreso, en muchos lados”, explicó el dirigente. “Realmente con el subsidio por desempleo tenemos un problema significativo, porque las empresas pueden mandar a los trabajadores, se desligan, pero la gente queda sin resguardo”, opinó.
Para salvar estos escollos, el Sintep elaboró una propuesta de acuerdo y se la presentó a las cámaras del sector, la Asociación Uruguaya de Educación Católica y la Asociación de Institutos de Educación Privada, para presentarla ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). “Estamos actuando para minimizar los impactos, en función de advertir que tenemos este problema estructural en materia de seguridad social”, añadió Sommaruga. Esperan llegar a un acuerdo con las empresas y presentarlo ante el gobierno para tener algo resuelto en abril.
Por otro lado, Sommaruga afirmó que pedirán al gobierno que existan controles a los colegios privados, porque entiende que los envíos a seguro de paro son esperables en caso de que se rompa la cadena de pagos, pero no si esa situación se evita. “Sería inmoral que cobraran las cuotas y se las quedaran”, opinó, advirtiendo que de las cuotas que ahora no cobren, algunas irán a aumentar la morosidad, pero otras se cobrarán en algún momento. “Esto puede ser fuente de crecimiento ilegítimo si no hay controles para evitarlo”, señaló Sommaruga, que consideró que algunas empresas “están especulando con una mezquindad miserable, porque ya enviaron a seguro de paro cuando las cuotas ya las cobraron, o todavía no tienen evidencia real de que van a sufrir un coletazo importante”. “Hay empresas que realmente van a sufrir la situación, pero luego, actuemos todos con buena fe y que las empresas devuelvan el dinero con la modalidad que se vea”, sugirió.