La Red de Laicidad de la Universidad de la República (Udelar) organizó una charla virtual este jueves sobre “Lo público y lo privado en el capítulo de educación del proyecto de ley de urgente consideración” (LUC), donde se invitaba a investigadores a debatir sobre el punto. Estuvieron Nicolás Bentancur y Tabaré Fernández, docentes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, y Pablo Martinis, docente del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Udelar. También estaba invitado Juan Pedro Mir, maestro e integrante de Eduy21, pero ese mismo día anunció que no podía concurrir.
Nueva ley de educación
Los tres investigadores estuvieron de acuerdo en que, si bien la exposición de motivos del proyecto de LUC aclara que el capítulo de educación “no es una ley alternativa” a la Ley General de Educación de 2008, la propuesta constituye una nueva ley de educación. Fernández, por ejemplo, consideró que, teniendo en cuenta las opiniones de juristas respecto de que el proyecto es inconstitucional, los cuestionamientos de la Udelar por las modificaciones a su ley orgánica y las críticas que recibió de varios colectivos en materia de primera infancia, es “un mal precedente” que se incluyan tantos cambios en una ley “que va a nacer con sospechas de su legalidad”.
Por su parte, Bentancur se preguntó: “¿Vamos a entrar en la dialéctica de cambio de ley de educación cuando hay un cambio de gobierno? ¿Vamos a seguir el ejemplo español?”, y añadió que eso “no implica quitar legitimidad a que cualquier partido de gobierno presente sus lineamientos, simplemente llama la atención sobre la necesidad de algunos acuerdos básicos y mínimos”.
Espacios ganados
Fernández detalló las transformaciones que el texto de la LUC implica sobre las esferas de educación pública y privada. Algunas de las que mencionó ya fueron divulgadas, como la integración de representantes de la educación privada a ámbitos de coordinación de la educación y los cambios al sistema de becas para estudiantes de formación en educación, que estarán dirigidos a quienes cursen carreras universitarias que actualmente son privadas. Pero también añadió que el proyecto incorpora a los municipios como prestadores privados de educación en primera infancia, que se elimina el requisito de haber trabajado en la educación pública para ocupar cargos de dirección en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y que se genera un “pequeño cambio” en el mercado laboral de los egresados de licenciaturas privadas en Educación o Psicopedagía, que podrán asumir tareas de dirección de los centros de educación en primera infancia hasta ahora limitados a egresados de la ANEP.
Para el investigador especializado en sociología de la educación, el conjunto de transformaciones “muestra que la representación del sector privado efectivamente ha ganado algunas posiciones”. De todas formas, en su opinión, las transformaciones “podrían no tener ninguna consecuencia relevante”, excepto “aquella que se hace en formación docente”. Sí consideró que implica “un desequilibrio bastante importante, una retirada del Estado”, la supresión en la LUC del espacio de coordinación del sistema nacional de educación terciaria pública. Señaló que este cambio, sumado a los otros ya mencionados, “deja al Estado fuera como orientador de la educación superior, y a su vez le genera a la educación privada universitaria una participación bastante relevante” a nivel departamental y nacional, “siendo que hay universidades que no pasan de 50 alumnos en algunos departamentos y tienen la misma representación que la Udelar”.
Fernández opinó que “era necesario replantearse las relaciones institucionales” entre la educación pública y la privada. Opinó que “algunas de las normas al respecto, si uno las mira con distancia, eran básicamente absurdas”. Sin embargo, “en el conjunto de las transformaciones se desconoce el diálogo fructífero que se podría haber dado”.
“Apariencia privatizadora”
A su turno, Martinis dijo que a veces se genera una “falsa oposición entre educación pública y privada”, porque ambas formas “conviven”, y aclaró que reconoce “los aportes que históricamente ha realizado” la educación privada. Explicó que hace su análisis de la LUC en función de los procesos de privatización y mercantilización de la educación, fenómeno que se ha dedicado a estudiar, y partiendo de dos “tipos ideales” sobre el rol del Estado al respecto: el Estado como garante del derecho a la educación, que da centralidad a la educación pública, o el Estado como prestador y regulador del sistema educativo, que da primacía a la opción individual y ubica en posiciones equivalentes a la educación pública y la privada. “Mi opinión es que el horizonte que organiza la LUC se ubica más cercano a la segunda forma de definir el Estado que a la primera”, dijo.
Luego de presentar distintos puntos de la LUC que modifican la relación entre esferas públicas y privadas, señaló uno que a su entender es clave cuando se analiza “cómo se avanza en la educación pública desde lógicas propias de ámbitos empresariales”: la gestión por resultados y los pagos de incentivos salariales en función de resultados educativos, algo a lo que habilita el texto al hacer posible la aprobación de un nuevo régimen para la carrera docente.
Recordó que en el Senado se incorporó que esos regímenes funcionarían por centro educativo, y planteó como hipótesis que estas nuevas reglas podrían funcionar en los centros educativos modelo que planteó el plan de gobierno de la coalición (originalmente la candidatura de Ernesto Talvi). De esa forma, continuó con la hipótesis Martinis, se generaría “un sistema de competencia con los liceos nuevos, con el régimen especial, con la idea de que ‘vamos a demostrar que estos son mejores y que el problema era la educación pública’”.
Martinis, jugando con el concepto de apariencia delictiva, dijo que este conjunto de elementos “definen una idea de que tenemos una ley que si bien no puede llamarse privatizadora, tiene apariencia privatizadora”. Aclaró luego que “no se trata de dejar en un lugar romántico lo anterior, la ley de 2008 o la educación uruguaya, que necesita cambios”. Pero reiteró que la LUC “genera las condiciones para” que se puedan dar procesos de privatización. Lo que le preocupa, dijo, es que “una vez puestas a funcionar este tipo de reformas, luego es muy difícil desandarlas y poder construir en otros términos”. Dijo que espera equivocarse en esto, pero que tiene la impresión de que los cambios van en el sentido de “profundizar las desigualdades existentes, las fragmentaciones ya existentes, y generar mayores problemáticas en la educación que las que tiene actualmente, que ya son unas cuantas”.
En línea con Fernández, Bentancur señaló que si bien “la cuestión de lo público y lo privado tiene un lugar en la ley, no es lo más importante”. En su opinión, lo más relevante de la LUC son los cambios en la gobernanza del sistema.
Como los otros dos disertantes, coincidió en que la ley “no privatiza directamente”. Puso como ejemplo el artículo 166, que establece que los padres tienen derecho a enviar a sus hijos a un centro educativo, en lugar de al “centro que corresponda”, como establecía la ley de 2008, cambio que a su juicio “está ambientando la posibilidad de elección de centro, con el consiguiente apoyo del dinero del Estado. ¿Eso cambia algo para el día de mañana? No, son normas que establecen un horizonte de lo posible”, se explicó.
Opinó que “probablemente esas posibilidades [de privatización] no sean las políticas que se apliquen”, pero dijo que “hay una ambigüedad que tiene que ver con las propias ambigüedades de la coalición de gobierno y de los espacios técnicos donde se gestó este proyecto de reforma, donde hay actores que pueden ser más partidarios de este libreto liberal para la educación y otros con perspectivas más societaristas, que quieren cambios a la situación actual pero no necesariamente estos”. Concluyó que “el partido de la privatización de nuestra educación se va a jugar en la cancha. Está ambientado en esta norma, pero no está definido en absoluto”.
De parte de quienes seguían las exposiciones surgió la pregunta sobre el rol de Eduy21 en el proyecto. Bentancur opinó que los cambios en materia de gobernanza “están textualmente en el Libro Blanco de Eduy21”, mientras que Martinis consideró que la asociación civil, a su entender, “cumplió un ciclo: la relevancia de Eduy21 fue ser la plataforma para estos procesos, y ahora eso ya está: el cohete ya fue lanzado”.
Tanto Bentancur como Andrea Díaz Genis explicaron que se invitó al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, a exponer en la charla, a integrantes de la Asociación Uruguaya de Educación Católica y también de Eduy21, pero ninguno pudo asistir.
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