El rector de la Universidad de la República (Udelar), Rodrigo Arim, dijo en la Comisión de Educación y Cultura de la cámara baja que comprenden y comparten “la motivación” detrás de las propuestas de los diputados Felipe Schipani (Partido Colorado) y Jamil Murad (Cabildo Abierto), que busca regularizar la educación a distancia, pero que “no es pertinente avanzar” en la legislación sobre la virtualidad como mecanismo de formación.
Schipani busca que la Udelar pueda hacerlo para “descentralizar” la educación, basándose en la experiencia que se vivió -y se vive- en la pandemia. En tanto, Murad intenta con su proyecto de ley que ello ocurra en todos los subsistemas, tanto públicos como privados.
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Arim fundamentó su punto desde “tres perspectivas distintas”. Una primera perspectiva es la “sustantiva”, que tiene que ver con la “inconveniencia de que la obligatoriedad de la enseñanza virtual se regule por mecanismos legales con la rigidez que esto implica y sin que aún existan evaluaciones académicas convincentes en el mundo en general sobre su impacto”.
El rector indicó que en la propia ley orgánica de la Udelar, del año 1958, no se establece como obligatoria cierta modalidad de enseñanza: “De hecho, no se habla ni de presencialidad ni de virtualidad. Por tanto, la Udelar, en base a criterios académicos y técnicos está en condiciones de reconocer, y lo está haciendo, a pie de igualdad, cursos en algunos casos sostenidos en plataformas digitales, otros obtenidos exclusivamente en la presencialidad, y otros sostenidos en la complementariedad de ambos instrumentos”.
Por lo tanto, dijo, desde la perspectiva de la Udelar “no hay un vacío jurídico en esta materia”. “Esa es una potestad que de hecho hemos usado de forma intensiva -en particular en los últimos dos años, con pandemia de por medio- que ya tenía la institución, porque no hay nada en el marco normativo que nos impida avanzar en esta dirección”, indicó.
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Arim expresó que los proyectos de ley “contravienen” el principio de especialización de los entes autónomos y la autonomía de la Udelar, “porque prioriza una estrategia pedagógica”, lo que es responsabilidad de los propios entes a cargo de las políticas públicas educativas. “La incumbencia de los órganos especializados es bien clara, entre otras cosas porque son los que tienen capacidad de absorber la evidencia internacional y local y transformarla en procesos de cambios sostenidos que incorporen la virtualidad en los aspectos en donde esta sea viable”, consideró.
A su vez, señaló que las iniciativas tienen “un problema instrumental, que no es trivial”. Estableció que “hay cierta sensación” de que la virtualidad es “más barata”, cuando la evidencia demuestra que “tiene costos importantes”. “Es cierto que ahorra algunos recursos, en particular, edificios, espacios físicos, pero es absolutamente intensiva en otros recursos que son costosos, en particular la base tecnológica para asegurar” una enseñanza de calidad, sostuvo.
Para el rector, “si queremos asegurar democratización de conocimiento avanzado utilizando en forma adecuada plataformas digitales”, la obligación en su uso que plantean los proyectos de ley debe tener “un correlato en términos de costos asociados”. Según detalló, “lo que hizo la Udelar durante estos dos años lo hizo porque teníamos cerrados los edificios universitarios, porque ahorramos en luz, en transporte, en el mantenimiento de los edificios”. Arim señaló que hacer convivir propuestas presenciales y virtuales en todas las carreras, como interpretó la motivación de ambos proyectos de ley, “presupone también incorporar algunos costos adicionales”.
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El rector señaló que la Udelar no puede exigirle al cuerpo docente “que por exactamente la misma cantidad de horas pagas sostenga el canal virtual y el presencial”. “Lo que está sucediendo hoy es que están sosteniendo solamente el virtual o el presencial, pero si queremos tener enseñanza virtual y presencial como dos trayectorias posibles y diversificadas en aquellos ámbitos donde sea posible, esto va a requerir una inversión, no de la Udelar, sino de una apuesta de país en términos estratégicos que debemos pensar y desarrollar con esas características”, concluyó.
El Parlamento también tiene a estudio un proyecto de ley del nacionalista Diego Echeverría que busca flexibilizar las condiciones para que las universidades extranjeras se instalen en el país y, de esa forma “ampliar la oferta educativa”. En rueda de prensa, Arim dijo que “es buena cosa que existan muchas instituciones de investigación en Uruguay”, pero también que “tenemos que asegurar los estándares de calidad que el país requiere y merece al respecto”, en particular si se trata de instituciones de educación superior. Al respecto, agregó que “no podemos delegar a un tercer Estado los procesos de acreditación” de la oferta educativa universitaria. El rector dijo que el proyecto de ley de Echeverría está siendo estudiado por la Dirección General de Jurídica de la institución y que él está dispuesto a concurrir al Parlamento a dar opinión cuando finalice dicho análisis.