Los dos primeros años de gestión de las autoridades educativas estuvieron marcados por la pandemia de covid-19, que implicó importantes desafíos para todos los actores del sistema. Sobre mediados de este año, cuando la situación sanitaria pasó a estar controlada, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) pisó el acelerador para poner en marcha su transformación educativa, que tiene como uno de sus ejes una reforma curricular. Ante la falta de instancias de diálogo con los sindicatos de la educación, se crispó aún más su vínculo con las autoridades, en un año que comenzó marcado por acusaciones de persecución sindical y la eliminación de los consejos desconcentrados de Primaria, Secundaria y UTU, y la respectiva participación docente en la toma de decisiones, a partir de lo dispuesto en la ley de urgente consideración (LUC).
En diálogo con la diaria, Camila Falkin, magíster en Educación e integrante del equipo coordinador del Observatorio del Derecho a la Educación, señaló que durante la pandemia el gobierno optó por “orientaciones muy generales” que cada actor desarrolló como pudo desde “condiciones desiguales”. En ese sentido, ejemplificó que en 2020 y 2021 las familias evaluaron si enviar o no a sus hijos al centro educativo puesto que no era obligatorio hacerlo. En el caso de la virtualidad, cada familia tuvo que adaptarse según sus condiciones socioeconómicas y equipamiento informático disponible. En cuanto a la presencialidad, mencionó que cada centro educativo tenía distintas condiciones de auxiliares de limpieza y de espacios disponibles para el cumplimiento de los protocolos sanitarios.
Según agregó, debido a que las definiciones gubernamentales se apoyaron en la idea de “libertad responsable”, que “cada uno implementó como pudo”, se generaron “condiciones desiguales” y no se garantizó que se contara con aquellas necesarias para “que se cumpliera el derecho a la educación en términos universales”. Asimismo, Falkin sostuvo que todo esto se dio en un contexto de “recorte” presupuestal de la ANEP, que incluyó distintos programas de inclusión educativa como el de maestros comunitarios en educación primaria.
Para Falkin, este año se vio un “gran debilitamiento” de la participación docente y una “hostilidad” por parte de las autoridades educativas hacia los colectivos docentes organizados. “Cuando se propuso una transformación educativa, que es básicamente una reforma curricular, se hizo prácticamente sin participación de los docentes”, expresó. En ese sentido, añadió que la participación de los actores fue principalmente consultiva y a título individual.
Para la investigadora, el gobierno selecciona con qué actores “va a dialogar”, pero no necesariamente para una participación en la toma de decisiones. En caso de que se deroguen los 135 artículos de la LUC, Falkin analizó que el cambio más importante para la educación será que las autoridades tendrán “la obligación de discutir” la transformación educativa con los colectivos docentes.
Diálogos y acuerdos
Además de tener abierto un frente de conflicto con los sindicatos, las autoridades de la educación tampoco tienen conformes a los referentes de la organización Eduy21, más allá de que algunos de sus fundadores están ocupando cargos en la ANEP y en el Ministerio de Educación y Cultura. La semana pasada Renato Opertti, integrante del colectivo, manifestó en El Espectador su disconformidad con la forma en que el gobierno está procesando los cambios. En particular, señaló que todo el sistema político, incluyendo al gobierno, “se olvidó de Eduy21”, que plantea transformaciones “más profundas” que las que está gestando la ANEP. Al respecto, criticó que el debate educativo en la actualidad está planteado en forma polarizada entre el gobierno y los sindicatos, y consideró que el mejor “regalo” que se podía haber hecho a estos últimos es haber dejado de lado a Eduy21 en la discusión.
Juan Pedro Mir, uno de los referentes de la organización, dijo a la diaria que Eduy21 ha aportado a la transformación educativa de la ANEP, pero consideró que se trata de “un proceso diseñado centralmente por los actores de la coalición” de gobierno, en el que “la conducción política es la conducción de los partidos políticos”.
Mir planteó que desde la organización entienden que los cambios en la educación “no empiezan ni terminan” con cambios de gobernanza, sino que deben gestarse acuerdos amplios a nivel político y social. Agregó que “esa es una tarea que el gobierno debe seguir tejiendo”, ya que no se pueden pensar transformaciones educativas que no sean políticas de Estado, para evitar que los lineamientos cambien cada cinco años. Además, planteó que los integrantes de Eduy21 entienden que los acuerdos deben procesarse “con especial protagonismo de los actores involucrados”, en particular de los docentes. Mir sostuvo que “Uruguay se juega una parada muy importante en que los sindicatos y el gobierno logren construir una agenda de trabajo conjunto” en la cual, por ejemplo, se acuerden aspectos de procedimiento. Además, planteó que “si no hay fuerte inversión en educación no va a haber posibilidad de transformación”.
Respecto de los contenidos de la reforma curricular que está elaborando la ANEP y de la que se conocerán los primeros borradores en febrero, el integrante de Eduy21 señaló que en la organización cuentan con la misma información que el resto de la sociedad y enfatizó en la necesidad de una mayor continuidad entre los distintos subsistemas educativos. En particular, recordó que el Libro Abierto de Eduy 21 plantea la creación de un marco curricular común desde los tres a los 15 años, seguido de “una educación de jóvenes con generalidad” en el tramo que hoy equivale al bachillerato. “Esa superación de los niveles no significa eliminar la riqueza de las tradiciones, porque en educación hay que atenderlas. No significa eliminar la educación inicial, primaria y secundaria. Las tradiciones educativas no se transforman por decreto”, concluyó.
Relaciones laborales
Para Hugo Barreto, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de la República (Udelar), sería deseable “un relacionamiento distinto” entre las autoridades y los sindicatos de la educación. En ese sentido, consideró que los hechos noticiosos de mayor relevancia en el plano educativo tienen que ver con conflictos con los gremios, y agregó que “hay algunos hechos que son especialmente indicativos”, como la creación de la comisión investigadora parlamentaria para indagar sobre el “tiempo libre para el ejercicio de la actividad sindical” de afiliados a la Federación Nacional de Profesores de Educación Pública. Precisamente, Barreto señaló que se suele usar erróneamente el término “licencia sindical”, que tiene un sesgo que se asocia con el tiempo de ocio, cuando las horas liberadas son para realizar actividad sindical.
Al respecto, opinó que es “desproporcionado” que se destine tiempo de trabajo parlamentario para investigar ese tipo de aspectos y agregó que hay otros episodios “complejos” que demuestran que las autoridades dedican “especial atención” a la actividad sindical. El catedrático analizó que es llamativa la utilización de estos mecanismos cuando “hay vías administrativas” para abordar ese tipo de situaciones, principalmente por las consecuencias que implican para los trabajadores y por una posible vulneración del derecho a la libertad sindical, ante una “concepción desmesurada de la laicidad en desmedro de la libertad de expresión del pensamiento”. “Hay una decisión de las autoridades de tratar las relaciones con el sindicato con especial severidad y no en clave de diálogo social; una concepción extremadamente verticalista”, resumió.
Además de que valoró que esos mecanismos “no son aptos”, indicó que “tampoco son corrientes”, y “en materia de relaciones laborales las costumbres tienen mucha importancia”. Según explicó, el sistema de relaciones laborales está compuesto por normas jurídicas que regulan el comportamiento de los actores y también por tradiciones que pautan “ciertos modos de ser de los vínculos”. En el caso de la educación, consideró que en estos dos años hubo “un cambio como no había visto”, para pasar a una “concepción vertical de esas relaciones”, que se expresa en los procedimientos que se emplean.
Barreto planteó que existen dos grandes tradiciones en el sindicalismo a nivel histórico. Por un lado, hay sindicatos que toman un modelo profesionalista por el que su actuación “se limita a la negociación colectiva, la mejora del salario y de las condiciones laborales y no tienen opinión ni punto de vista acerca de las otras circunstancias de la vida social”. En cambio, en la tradición sociopolítica, que es la que impera en Uruguay, las organizaciones sindicales sí expresan sus pareceres sobre otros temas de la coyuntura nacional e internacional, sin que ello implique la intención de sustituir a los gobernantes.
El docente de la Udelar se refirió al Informe sobre conflictividad laboral que elabora la Universidad Católica del Uruguay que reveló que el nivel de conflictividad en el transcurso de 2021 fue normal en comparación con otros años, y dijo que es incierto saber si 2022 será más o menos conflictivo. Según explicó, los mayores picos de conflicto suelen darse en los años en que hay negociación salarial o leyes de presupuesto, cuando están en juego distintos intereses y los actores apelan a las herramientas con las que cuentan para influir en las decisiones. Para Barreto, “en una sociedad democrática la conflictividad es admisible” y no es deseable que se diga que “el conflicto social ha sido perimido o que se debe a motivos políticos”.
“Al conflicto social hay que verlo como una cuestión natural en una sociedad plural y democrática como la uruguaya. En los períodos de autoritarismo no había conflicto social, pero no sé a quién se le puede ocurrir que eso es bueno. Lo que hay en esos casos es el sofocamiento del conflicto y de las libertades. Cualquier país que goza de libertades vive ciertas tensiones sociales que el propio sistema se encarga de procesar”, concluyó.