“Me sentiría realizada si reabren la escuela. Esto es una injusticia”. Ese es el deseo de Claudia Ferreira, madre de un estudiante con trastorno del espectro autista que iba a la escuela granja 52 de Durazno, donde funcionaba el programa Formación Profesional Básica (FPB) orientado a la granja. El centro, que cerró sus puertas el año pasado por disposición de la Dirección General de Educación Técnico Profesional, es centro de disputa entre las familias y las autoridades de la educación desde el momento en que se enteraron que se iba a bajar la cortina. Tanto es así que hicieron llegar una carta al presidente Luis Lacalle Pou, de la que aún no obtuvieron una respuesta.
La “experiencia” de la escuela 52 surgió en 2012 y consistía en una propuesta de FPB, que funcionaba como anexo de la escuela agraria de Durazno, explicaron las familias ante la Comisión de Educación y Cultura de la cámara baja el miércoles 1º, según consta en la versión taquigráfica a la que tuvo acceso la diaria. “Se trata de una comunidad educativa protagonista de una construcción colectiva e inclusiva, que enfrenta un desafío en el medio rural, a 30 kilómetros de la ciudad de Durazno”, explicó ante los legisladores Florencia Castells, madre de uno de los alumnos perjudicados por la disposición.
Desde 2017, la escuela granja tuvo una nueva dirección y coordinación y recibió el apoyo de la Comisión Departamental de Educación, que logró optimizar las instalaciones edilicias, mobiliario e importantes trabajos en la carpintería rural, que eran indispensables para el trabajo con ganado. “Hasta su traslado, cada uno de sus salones contaba con instalaciones para informática, equipos; tenía todo como para que los chicos recibieran una muy buena educación”, dijo la madre.
Distancias
Por su parte, Juan Pereyra, director de la UTU, señaló a la diaria que decidieron trasladar los cursos hacia la escuela agraria porque está más cerca de la capital duraznense y, además, por cuestiones de infraestructura. “Los cursos que se dictaban en esa escuela [la 52] eran un poco complicados por el tema de la distancia. Había que llevar a los alumnos todos los días, traerlos, y eso generalmente lo hacía la Intendencia [de Durazno] por un tema de costos, puesto que la UTU no podía asumirlos. En la propia escuela no hay infraestructura necesaria para realizar los cursos FPB granjeros. Teniendo la escuela agraria, trasladamos los cursos, ya que allí sí están dadas las condiciones y se están dictando de la mejor manera”, expresó.
Pereyra sostuvo que en la escuela 52 había profesionales que atendían a los estudiantes, quienes muchas veces no iban a causa de la distancia. “Fue un alumno sordo y el intérprete en lengua de señas, lógicamente, no iba a ir todo el día, por lo que no lo podía atender y el chico se tuvo que ir. Lo mismo pasó con psicólogos. No logramos que fueran; en cambio, en la escuela agraria tienen todas las condiciones en un 100%. Los alumnos están conformes y no hay ningún tipo de problema”, ejemplificó.
Si bien desde UTU trasladaron a los chicos que pasaban a segundo y tercero a la escuela agraria del departamento, no se abrió un primer año, denunció Castells. “Dijeron que la trasladaban, pero en realidad está cerrada. Lo que hicieron fue que segundo y tercer grado continuaran, pero no hubo opción para primer año. Eso fue el año pasado. Este año hubo menos opción de inscripción en este FPB granjero. Eso es cerrarla, porque no hay chances”, apuntó.
Foto: gentileza Claudia Ferreira
La madre perjudicada sostuvo que “hay deserción” de los adolescentes que iban a la escuela granja, que “era un lugar realmente inclusivo”. “Lo que hay en la escuela agraria es una estructura clásica de educación por la que los chicos tienen sus horarios de materias, pero para mi hijo, para los autistas, es complicado asistir”, agregó. En diálogo con la diaria, Ferreira sostuvo que, por diferentes motivos, están “yendo menos de la mitad de los que iban a la escuela 52”. Entre ellos, opinó la madre, está el hecho de que los estudiantes vienen de “familias de contexto crítico, muy humildes, que viven en diferentes lados, aislados de la ciudad, y que a veces no tienen cómo llegar”.
La escuela que cerró, según Ferreira, “valía la pena” porque “era inclusiva y contemplaba todas las realidades”. “Era una educación más individual para cada chico, venían enseñando acorde a lo que cada uno podía aprender”, lo que no ocurre ahora en la escuela agraria, que “es un programa para todos y que se aguanten como puedan”, criticó.
Para la otra madre, este era un FPB “especial” porque concurrían estudiantes con discapacidad, con dificultades familiares o de consumo problemático de sustancias, y para ellos esta escuela “era un refugio”. “A pesar de que eran chiquilines difíciles, había respeto, clima de familia y de fiesta”. “Seguimos luchando y luchando, pero es como nadar contra la corriente”, dijo entre lágrimas. El jueves las madres se reunirán con ediles departamentales, diputados y algunos senadores. La idea, comentó Ferreira, es poder tener “adhesión de alguna manera”. No obstante, lamenta que “no se pueda hacer mucho”.
Por esta línea
Sobre el funcionamiento del centro educativo agrario, el director general de UTU dijo que se está llevando con “normalidad” y que “está en las mejores condiciones”. “En la escuela 52 se hablaba de que eran cursos con determinadas problemáticas, y ese fue el proyecto inicial hace muchos años. Pero eso se desvirtuó y actualmente es una escuela exactamente igual que cualquier otra, que tiene el mismo porcentaje de alumnos con alguna problemática que el resto de los centros educativos. No tiene ningún sentido tener una escuela a 30 kilómetros que no tiene condiciones, cuando puedo ofrecer las mejores condiciones al lado de Durazno”, explicó, y apuntó: “Se planteaba que se desarraigaba a los chiquilines del medio rural porque los alumnos no podían venir y, sin embargo, cuando yo fui a visitarla, no quiero mentir, sería a dos alumnos a quienes se perjudicaba, pero se les ofreció llevarlos y traerlos todos los días”.
Consultado por la deserción, que según las familias es de la mitad de los estudiantes, Pereyra contestó que “están yendo todos” menos “estos dos”. “Se les da de comer, tienen las actividades, están totalmente integrados, están muy conformes, o sea que no hay nada de deserción”, expresó.
Castells dijo que el “discurso” de Pereyra “ya lo hemos escuchado en los medios y en todos lados” y que “tiene convencidos a todos de que funciona bien”. Al respecto, se mostró dolida y manifestó que “la educación tiene que ser inclusiva”. “Lo que está pasando ahora es que van los que pueden, los que tienen acceso. Se va para atrás el país si seguimos con estas líneas en la educación”, lamentó, y le pidió al director de UTU que visite el centro educativo de nuevo porque “no está todo bien”.