A partir del martes 4 los sindicatos de docentes de Educación Secundaria (ADES Montevideo) y de la Universidad de la República (ADUR) comienzan una huelga, que se extenderá mientras esté en discusión en el Senado el proyecto de Rendición De Cuentas, que ingresó al plenario este lunes.
Por un lado, el reclamo de secundaria es ponerle un freno al proceso de reforma educativa que impulsa la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), para lograr políticas más dialogadas, en las que los docentes y estudiantes tengan participación. Por su parte, los docentes de la Universidad de la República (Udelar) exigen más presupuesto para la institución, que obtuvo un aumento muy menor al solicitado, lo que no permite mejorar sustancialmente la relación de horas docentes por estudiante, ni apuntalar los sueldos docentes más bajos del sistema, ni consolidar la expansión de la Udelar en el interior.
Entre las críticas que llegaron por esta medida están las voces del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y su ministro de Educación, Pablo da Silveira. El mandatario dijo en rueda de prensa este domingo que con este tipo de medidas “siempre terminan castigando a los alumnos”, quienes, agregó, “vienen castigados hace mucho tiempo”.
“Por algo ha bajado el nivel educativo en nuestro país”, lanzó, y agregó: “Por eso estamos tan jugados a esta transformación educativa”, algo que afirmó “va a seguir adelante”. “El paro es para no hacer, para no avanzar. ¿Qué es? ¿Seguir en lo que estamos?”, se preguntó Lacalle Pou.
Por otra parte, Da Silveira sostuvo que llama la atención que se declare la huelga “hasta que pare la transformación educativa”. Para el ministro, los sindicatos “se arrogan el derecho de interrumpir esta reforma, que fue dos veces respaldada por la ciudadanía en las urnas, que está siendo impulsada por autoridades legítimas, que tiene como base una ley que fue aprobada por el parlamento legítimo de la República”.
En la misma línea que el presidente, Da Silveira entiende “muy preocupante” que los docentes se propongan “bloquear la educación secundaria” para frenar un proceso legítimo, por los “costos tremendos que eso tiene para los alumnos y para las familias, costos que se agregan a los que ya hubo durante los años de la pandemia”.