Enmarcado en el Plan de Política Educativa Nacional 2020-2025, se presentó el Protocolo de actuación para garantizar el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad, aprobado recientemente por el Poder Ejecutivo y elaborado por la Comisión de Continuidad Educativa y Socio Profesional para la Discapacidad del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
La comisión también está integrada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y también cuenta con la participación del Espacio CANDI del Ministerio del Interior, el Grupo de Estudios sobre Discapacidad de la Facultad de Ciencias Sociales y el Grupo de Trabajo sobre Educación Inclusiva de la sociedad civil.
El evento tuvo lugar en la Biblioteca Nacional y, entre otros jerarcas, contó con la presencia de Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP. “Asumimos el desafío de seguir trabajando y hacer efectiva una realidad de educación inclusiva en todos los niveles. Somos conscientes de que avanzamos muchísimo pero también de que tenemos nuestros desafíos”, manifestó Silva.
En ese contexto, destacó la articulación interinstitucional con el Mides y la sociedad civil para la elaboración del protocolo. Anunció que desde la ANEP están trabajando con el Mides para formar a los equipos docentes en la temática y que, de hecho, hoy en la educación media comienza un curso para una educación más inclusiva. “Ratificamos nuestro compromiso de seguir avanzando por el ejercicio del derecho a la educación de todas las personas, independientemente de la situación en la que estén”, esgrimió.
Carolina Sanguinetti, coordinadora del Programa Educación Inclusiva del MEC, explicó que el primer protocolo, en 2017, fue un “hito para la educación inclusiva” y “una referencia muy significativa para diferentes instituciones”, pero que “los avances normativos, la acumulación teórica y las experiencias de los colectivos de personas con discapacidad hicieron que tuviéramos que repensar este documento, en relación con los desafíos actuales que tiene la educación”.
Fue así que en 2020 la comisión comenzó a dialogar para la actualización, en 2021 se realizaron una serie de encuentros con actores de la educación y la sociedad civil y en 2022 se sistematizó la información recogida en los encuentros para luego iniciar el proceso de redacción del texto, el proceso de validación jurídica en las diferentes partes del Estado y, finalmente, la aprobación por parte del Poder Ejecutivo materializada en el decreto No 350/022.
Sanguinetti informó, además, que en 2023 la comisión proyecta realizar una gira de difusión del protocolo en todos los centros educativos del país, porque es “fundamental trabajarlo con las comunidades educativas y que se pueda transformar en una guía”. En relación a esto, el titular del Mides, Martín Lema, anunció que en 2023 se impulsará y en 2024 se profundizará “una línea nueva de cuidados” para la atención en los centros educativos de los niños con “algún tipo de dependencia”.
En concreto
“En particular, se trata de valorar la diversidad y promover la convivencia respetuosa, de modificar los entornos físicos, cognitivos y pedagógicos para asegurar la accesibilidad de la propuesta educativa, de favorecer la diversidad de formatos para contemplar múltiples formas de representación, expresión e implicación del estudiantado, y de disponer de los apoyos que se requieran para la participación y aprendizaje de todas las personas, reconociendo que existen diferentes estilos de aprendizaje y todos ellos son válidos”, establece el protocolo.
Afirma que se aplicará en “todas las instituciones, centros y ámbitos educativos públicos y privados, y sus instancias presenciales o virtuales, que integran el Sistema Nacional de Educación de acuerdo a la ley vigente”. Asimismo, regirá “a los centros de educación infantil privados, y a los centros de educación no formal habilitados por la Dirección Nacional de Educación” del MEC.
Entre otros aspectos, el protocolo plantea que los centros educativos deben adaptarse a las necesidades de los estudiantes, lo que implica generar condiciones locativas accesibles, materiales educativos en formatos pertinentes, adaptar modalidades de evaluación y generar acompañamientos.
Sobre los fundamentos y el impacto deseado, Lourdes Montes, integrante del Grupo de Trabajo en Educación Inclusiva y representante de la sociedad civil en la mesa, dijo que el protocolo pretende “orientar acciones para favorecer la convivencia, la celebración de la diversidad, la articulación de los esfuerzos y el abordaje del tema en las comunidades educativas”. Por otro lado, afirmó que contribuye a “transversalizar la perspectiva de la accesibilidad” y también a “desarticular los mitos y creencias y empoderar a los y las docentes para que elaboren nuevas teorías”. Por último, resaltó uno de los puntos principales esbozados en la presentación: el protocolo “garantiza los derechos educativos promoviendo un entorno sin barreras, que ofrece las condiciones para acceder, permanecer y progresar en la educación”.