Después de extender el plazo de su actuación, la Comisión Investigadora sobre “licencias irregulares” de integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) preveía retomar su actividad este lunes sin la presencia de los delegados de la oposición. Para ello, estaba citada la exministra de Educación y Cultura en el último gobierno nacional del Frente Amplio (FA), María Julia Muñoz. Si bien en un principio había confirmado su asistencia, minutos antes del inicio de la comisión, previsto para este lunes a las 14.30, Muñoz envió una nota dirigida a la comisión en la que señala que finalmente declinaría “amablemente la invitación”.
En la nota, a la que accedió la diaria, la exministra asegura que la Ley General de Educación de 2008 establece que los subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) tienen “autonomía en la gestión técnica y administrativa”. La nota afirma que, según el marco legal, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) “marca los lineamientos generales de la gestión” en acuerdo con el Poder Ejecutivo, pero “sin violar la autonomía de los consejos” de ANEP, convertidos en direcciones generales por la ley de urgente consideración (LUC).
La extitular del MEC afirma que los consejos son los que “aportan los conocimientos necesarios para cumplir con el programa establecido, escuchando a los propios educadores en sus Asambleas Técnico Docentes”. “Los docentes tienen además libertad de cátedra para encarar los programas en sus respectivas clases”, añade la misiva.
En ese sentido, Muñoz entiende que “el ministerio no puede ni debe interferir en los controles de asistencia de docentes y de personal a cargo de los consejos”, lo que se cumplió durante su gestión. Por lo tanto, considera que ello “vuelve innecesaria e irrelevante” su presencia en la comisión investigadora.
De todas formas, la exministra asegura que “es importante que los representantes gremiales tengan horas” para dedicarse a tareas de “representación de otros docentes”. “Del mismo modo que los legisladores cobran un sueldo para representar a sus votantes, ellos deben tener la libertad de trabajar por los derechos de todos los docentes, agremiados y no agremiados a Fenapes, sin ver resentidos sus ingresos”, fundamenta.
Muñoz admite que cometió “errores en la gestión del ministerio” y que “el principal fue la decisión de decretar la esencialidad de los servicios docentes, provocada por impericia o apuro para cumplir con el programa que nos habíamos trazado para la educación pública”. Más allá de esa situación, la exministra considera que mantuvo “una relación respetuosa” con Fenapes, en la que hubo “acuerdos y desacuerdos”. “Siempre valoré mucho los aportes del sindicato, de los profesores, y estoy profundamente convencida de que cualquier cambio real que se pretenda introducir en la enseñanza no puede realizarse sin la activa participación de los docentes”, concluye Muñoz.
Condiciones
Los legisladores de la coalición de gobierno se mostraron sorprendidos por la actitud de Muñoz, aunque consideraron que fue similar a la de otros exjerarcas de la educación que primero confirmaron asistencia y luego la cancelaron, como el expresidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Wilson Netto. El presidente de la comisión investigadora parlamentaria, el nacionalista Alfonso Lereté, consideró que se trató de “un nuevo desaire y boicot a la verdad” de autoridades del FA y lamentó que la comunicación de la exministra haya llegado dos minutos antes de que iniciara el trabajo de la comisión. Por su parte, el colorado Felipe Schipani publicó un video en el que consideró que “la actitud de Muñoz es una falta de respeto al Parlamento” y en especial “a todos los legisladores que preparamos preguntas para hacerle”.
Lilián Galán, diputada del FA integrante de la comisión, dijo a la prensa que, más allá de que su partido considera que la investigación parlamentaria no es adecuada porque los mismos hechos se están investigando en la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), su partido está dispuesto a volver a integrar la comisión “cuando estén dadas las condiciones”. Al respecto, aclaró que deben darse “las condiciones democráticas que se dan en todas las comisiones del Parlamento” y pidió que se consulte la agenda de trabajo con los integrantes del FA. Por ejemplo, señaló que la primera convocatoria del año se preveía para marzo, pero se realizó para este lunes sin consulta a ninguno de los integrantes de la oposición. También dijo que se enteraron de la citación de Muñoz a través de la prensa y que la exministra integraba el último lugar de una lista que se aprobó meses atrás en la comisión.
Según Galán, la investigación de la DGES está “pasada de tiempo”, ya que sus resultados debieron ser públicos en diciembre del año pasado y cuestionó que el Parlamento esté investigando un tema “que ya está saldado” en Secundaria. La diputada también dijo que la extensión del plazo de la comisión “tiene un fin político, que es seguir desprestigiando a los docentes y a la educación pública”, en el marco de la campaña en contra de la derogación de 135 artículos de la LUC.
Fenapes denuncia persecución
El secretario general de Fenapes, Emiliano Mandacen, denunció este mediodía que la DGES “persigue” a docentes diciéndoles que están citados a la comisión investigadora que indaga en las presuntas licencias irregulares de sindicalistas afiliados a esa gremial.
En conferencia de prensa, Mandacen consideró que la comisión “ha tomado un carácter judicial sin tener esa potestad”. En ese marco, denunció como “muy grave” que la comisión investigadora haya realizado a través de la DGES convocatorias “irregulares a aquellos funcionarios públicos que estén convocados”. Según informaron a la diaria, esa citación se dio a 15 profesores.
Para el sindicalista, esa “irregularidad” comprende dos elementos: por un lado, “inducir al error al funcionario” sobre la “obligatoriedad” de su presencia en la comisión en cuestión, ya que no es obligatorio asistir, y por otro, “hay un hostigamiento constante con llamados telefónicos que no corresponde hacer de la manera en que se hacen”.
En ese marco, dijo que van a dejar “claro” que la Fenapes no va a asistir a la comisión investigadora, pese a la invitación. Por ejemplo, la exsecretaria general del sindicato, Alejandra Vespa, fue citada para hoy, pero declinó ir luego de decidirlo en colectivo con el sindicato. “Lo que está ocurriendo ahora es un circo mediático para tratar de deslegitimar la actividad sindical, judicializarla en el propio Parlamento, cuestión que es de extrema gravedad”, expresó. Está previsto que en la respuesta a la Organización Internacional del Trabajo, que redactará el asesor jurídico de la Fenapes, Daniel Parrilla, esté contemplado este caso, dado que “carece de legitimidad total”.