La organización Familias Organizadas de la Escuela Pública (FOEP) llevó a cabo un conversatorio para “hacerle saber a la opinión pública el alcance e impacto que tiene la aplicación del artículo 127” de la ley de urgente consideración (LUC), que convocan a derogar en el referéndum del próximo domingo. Dicho artículo modifica un artículo de la Ley General de Educación de 2008 que establecía que “los padres, madres, o responsables legales de niños, niñas y adolescentes tienen la obligación de inscribirlos en un centro de enseñanza y observar su asistencia y aprendizaje”. En cambio, la LUC sostiene que estos adultos, al igual que los estudiantes mayores de edad, “tienen el deber de contribuir al cumplimiento” de la obligatoriedad.
Mariana Romanelli, integrante de FOEP, planteó que se trata de un “cambio sustancial” sobre el que ya se hizo un “ensayo” durante los dos años de pandemia, cuando en algunos momentos se definió la suspensión de la presencialidad y la decisión de enviar a los niños a la escuela quedó “bajo responsabilidad de las familias”. Romanelli se mostró preocupada por ese tipo de políticas, porque debe tenerse en cuenta que “niños y niñas tienen derechos por sí mismos”, más allá de las decisiones que tomen sus familias.
En ese sentido, la integrante del colectivo valoró que el artículo 127 de la LUC “afecta gravemente a la infancia”, ya que la escuela es un lugar “de protección” para los niños y niñas. Para Romanelli, no se trata de “un cambio casual” ni de “una mejora de redacción”, como se ha argumentado desde el gobierno, sino que la modificación impacta en “el espíritu” de la educación uruguaya. Por ejemplo, mencionó que la eliminación de la mención a la obligatoriedad de la inscripción de los niños en un centro educativo habilita la educación en casa, a la que se refirió como una “práctica elitista”.
Al respecto, el docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y coordinador del Observatorio del Derecho a la Educación, Pablo Martinis, cuestionó a quienes desde el gobierno han planteado que el cambio normativo sirve para cumplir con el artículo 68 de la Constitución de la República, que habla de la libertad de enseñanza y fue introducido en 1916. Para cuestionarlo, dijo que en su artículo 70 la carta magna también hace referencia a que la ley debe instruir vías para que la obligatoriedad de la educación se efectivice.
Además, dijo que ese argumento es “contradictorio” con el que han planteado otros integrantes del gobierno, como el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, respecto de que no se elimina la obligatoriedad de la inscripción porque sigue estando vigente en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Por lo tanto, Martinis se preguntó para qué modificar el texto de la Ley General de Educación si las autoridades están de acuerdo con dicha obligatoriedad.
He recibido decenas de mensajes de diferentes personas y en particular de padres preocupados por la afirmación pública de que la educación dejaría de ser obligatoria por lo que para no incurrir en omisión y por así corresponder, realizaré las siguientes aclaraciones (ABRO HILO)
— Robert Silva García (@RobertSilva1971) February 9, 2022
Efectos del homeschooling
Martinis señaló que poner en duda la obligatoriedad de la inscripción de los niños en centros educativos puede “producir una fragmentación del sistema educativo”, ya que se habilitaría la educación en los hogares. Según explicó, esa es una práctica muy extendida en varios países del mundo como Estados Unidos, donde dos millones y medio de familias acuden a esa forma de enseñanza para sus hijos. Sin embargo, planteó que en otros países, como Alemania, es una práctica que está explícitamente prohibida.
Según el docente, la educación es una práctica en la que debe estar presente el encuentro con los otros, por lo que con el homeschooling se podría afectar los derechos de los niños. En suma, dijo que, de esa forma, las infancias pierden un espacio de “contención” y prevención de situaciones de violencia y abuso, que muchas veces son detectadas en las escuelas y en su mayoría se producen en los hogares.
Martinis planteó que el artículo 127 de la LUC supone un “riesgo de privatización” en un doble sentido. Por un lado, porque se puede reducir un “aspecto público” como la educación al ámbito “privado e íntimo” del hogar. Por el otro, porque se posibilita la entrada de empresas que se han dedicado a trabajar en el área de la educación en casa y, por ejemplo, mencionó que una de ellas es Facebook, que ofrece sus plataformas para ese fin.
En otro plano, el académico planteó que la flexibilización en la obligatoriedad va a afectar el cumplimiento del derecho a la educación especialmente para la población más vulnerable, para la que muchas veces la concurrencia a los centros educativos no es una prioridad y se requiere de políticas públicas para que ello ocurra.
Construcción de ciudadanía
Por su parte, Mónica Suárez, de la Federación Uruguaya de Magisterio, dijo que “el concepto de otredad” y la ciudadanía se construyen en buena medida en la escuela y no solamente en el hogar. Sostuvo que es en los centros educativos donde muchos niños pueden “vivir su infancia” y defendió la dimensión de integralidad que es abordada en la escuela pública, donde se trabaja la educación física, artística y tecnológica, entre otras.
Para el exconsejero de Educación Inicial y Primaria de ANEP Héctor Florit, si el artículo 127 de la LUC “se aplica a fondo”, se terminará con la educación pública como se conoce tradicionalmente en Uruguay. Según explicó, la escolaridad requiere cuatro pilares: presencialidad, obligatoriedad, tiempo institucional e integralidad.
Florit se remontó a años atrás y recordó el caso de una colonia de rusos ortodoxos que se ubica a pocos kilómetros de San Javier, en el departamento de Río Negro, que había decidido dejar de mandar a los niños a la escuela. Según dijo, en ese momento el artículo 7 de la ley de Educación le permitió al entonces Consejo de Educación Inicial y Primaria hacer que los niños retornaran a estudiar al centro educativo.
En nombre de la comisión en favor del Sí, el dirigente de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay Fernando Gambera sostuvo que los 135 artículos que se pretende derogar tienen un “hilo”, del que no escapa el que refiere a la obligatoriedad en la educación. Según consideró, se trata de artículos que permiten que “ejerzan la libertad quienes puedan pagar” por ello. Por ejemplo, mencionó el caso de los cambios en la legítima defensa y el porte de armas, que apuntan a “retirar” la responsabilidad del Estado a defender a la ciudadanía.
Perspectiva de género
Margarita Percovich, integrante de la Red Pro Cuidados, señaló que los 135 artículos de la LUC que se intenta derogar quitan nociones técnicas sobre las políticas sociales, lo que es complementado por la Ley de Presupuesto y de Rendición de Cuentas del gobierno. Sobre los cambios que introduce el artículo 127, mencionó que el riesgo más importante recae sobre la idea de inclusión educativa. Explicó que las familias más educadas son conscientes de la importancia que tiene la concurrencia de los niños a la escuela, pero no ocurre lo mismo con quienes tienen más carencias socioeconómicas.
Además, cuestionó que se deposite la responsabilidad del cuidado de los niños en las familias y que el Estado pierda protagonismo en ese sentido, y agregó que cuando ello ocurre esa responsabilidad recae principalmente en las mujeres. “A las feministas nos preocupa mucho”, indicó.
En una línea similar, Cecilia Wernik, de la Red de Maestras Feministas, dijo que la pandemia ya “dejó la obligatoriedad en suspenso” cuando se trabajó únicamente a través de plataformas virtuales, ya que 5,6% de los niños no asistieron a dichas instancias en 2020, según citó a partir de datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Al igual que Percovich, planteó que las tareas de cuidados recaen mayormente en las mujeres y que, en ese sentido, cuando pueden dejar a sus hijos en un centro educativo es “tiempo ganado” para realizar otras actividades. Además, dijo que el hecho de que la madre trabaje también contribuye a que el padre se involucre más en las tareas de cuidados de sus hijos. En ese sentido, Wernik indicó que es necesario ver cómo “se interrelacionan” derechos y habló de la importancia de transitar hacia una mayor extensión del tiempo pedagógico en los centros educativos.
El “complejo de izquierda” y la educación
El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, habló de la importancia de debatir el tema que motivó el encuentro organizado este lunes. Afirmó que es un tema que no se ha podido colocar en el centro de la agenda pública principalmente porque la LUC contuvo más de 400 artículos de temas variados. En ese sentido, cuestionó que el gobierno haya apelado a una ley de urgencia para “cambiar una ley de educación” y que la discusión haya ocurrido durante una pandemia.
Según Pereira, “el complejo de izquierda” hizo que los militantes frenteamplistas “se dejen decir” que la educación empeoró en los últimos años. Al respecto, mencionó el aumento de salarios, la mejora de la cobertura en todos los niveles y en particular se refirió al indicador por el que más se critica a las gestiones del FA: la culminación de la educación media. Según sostuvo, en 15 años ese indicador pasó de 30% a 40%, por lo que se observa una mejoría. Si bien admitió que puede afirmarse que no mejoró todo lo deseable, ello no permite sostener que la educación empeoró cuando el FA estuvo en el gobierno nacional.
El presidente del partido de oposición dijo que el actual gobierno va en el camino de “quitarle protagonismo” a la escuela pública, que se ha venido “degradando”. En particular, lamentó que se esté “generando una brecha” entre los que más tienen y los más desfavorecidos. Sobre los referentes del oficialismo en el tema, Pereira dijo que en su mayoría “discuten de una escuela que no conocen”, porque “mandan a sus hijos a la educación privada”.
El presidente del FA planteó que hasta ahora la mejor defensa de la LUC ha sido no aplicarla y lamentó que los defensores del No “estén tan llenos de argumentos” que están suspendiendo los debates sobre el contenido de los 135 artículos.