El Programa de Maestros Comunitarios (PMC) funciona en Primaria desde 2005. Quienes desempeñan esta función deben tener un cargo efectivo y cobran un extra por trabajar a contraturno, tanto dentro como fuera de la escuela. Año a año, los maestros interesados en desempeñar dicha función se postulan y los directores de cada centro educativo los seleccionan.
Cada cinco años, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) procesa datos provenientes de encuestas de ingresos de hogares para saber la situación de las zonas cercanas a sus centros educativos. El PMC funciona en aquellas escuelas que se ubican en los quintiles 1 y 2, es decir, las que cuentan con peores ingresos, y en algunas del quintil 3. En esos centros, las maestras comunitarias trabajan apuntalando a los niños que más dificultades tienen, tanto por su rendimiento escolar como para integrarse al grupo del que son parte.
Desde el inicio de su función hasta el 28 de febrero del año siguiente, las maestras comunitarias siempre percibieron un pago por desempeñar dicha función. Sin embargo, el año pasado las actuales autoridades de ANEP definieron que el pago sea hasta diciembre, lo que generó un primer cruce con la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) sobre el tema.
Este año, una disposición de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) volvió a generar preocupación en la FUM, ya que se redujo la cantidad de profesionales que desempeñan las tradicionales funciones de las maestras comunitarias. Hasta el año pasado, en total 533 maestras comunitarias trabajaban con las familias en alfabetización en hogares y trabajo específico con padres, y con los niños en su integración y aceleración escolar, explicó a la diaria la docente del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), Eloísa Bordoli.
Gabriela Arbeleche, dirigente de la FUM, dijo a la diaria que una resolución de la DGEIP del 9 de marzo estableció que el número de maestras para cubrir directamente las escuelas se redujera a 500 y que las 33 restantes pasarán a desempeñar un nuevo rol junto a 23 nuevas funciones. Arbeleche señaló que en una reunión bipartita las autoridades de Primaria explicaron que están elaborando un nuevo perfil de maestros comunitarios que dependerá directamente de las inspecciones departamentales y no de las escuelas. Si bien los documentos que definirán los perfiles de esas funciones están en elaboración, Arbeleche dijo que la idea de la DGEIP es que trabajen estrechamente con el Programa de Escuelas Disfrutables, por el que se realizan intervenciones interdisciplinarias en las escuelas.
Cobertura
En un comunicado, la DGEIP informó sobre las acciones que está desarrollando en relación al PMC. Según se asegura, se realizó un análisis de los cargos y su distribución en las escuelas para “conocer la situación” y “proyectar acciones” para “expandir” las funciones y así “llegar a otros niños y familias” que requieran acompañamientos. En ese sentido, la DGEIP afirma que con 500 funciones “se lograrían cubrir todas las escuelas” Aprender —de quintiles 1 y 2 de ingresos— y también a las 33 que este año salieron de esa categoría.
La DGEIP afirma que en total habrá 556 funciones de maestras comunitarias y que las 56 que trabajarán en el marco de las inspecciones departamentales apoyarán a centros educativos que “no cuenten con otros recursos”.
Al respecto, Arbeleche entiende que “es imposible” que el nuevo perfil sea cubierto con la figura del maestro comunitario. Para ello, fundamentó que uno de los fuertes de esa figura es el conocimiento de su centro educativo y el territorio en el que está inserto. Por lo tanto, si va a una escuela en la que no trabaja cotidianamente “no podría cumplir esa función”.
Arbeleche recordó que estas maestras cumplen sus funciones a contraturno, por lo que sólo podrían ocupar los nuevos perfiles quienes trabajen en escuelas cercanas a las sedes de cada inspección departamental. Para la sindicalista, los cambios de la DGEIP “no tienen lógica” y señaló que a la FUM le “preocupa” que se quiera “distorsionar” y “desarticular” el PMC por medio de un “debilitamiento”. Según los cálculos de la federación, las 33 funciones que se reorientarán equivalen a la atención de 1.200 niños menos.
La sindicalista sostuvo que se han realizado diversas evaluaciones del programa que arrojaron resultados positivos y que también es considerado de esa forma por las comunidades educativas. Además, sostuvo que “reducir la cantidad de maestros” que trabajan directamente en las escuelas es entendido por la FUM como “un recorte”. “Si la autoridad entiende que tiene que haber otras figuras, que se busquen otras formas de financiamiento y que no sea recortando un programa que para nosotros es sumamente valioso”, concluyó.
Horizontalidad
Bordoli, quien ha estudiado el programa desde la FHCE, señaló que la reducción progresiva de la cantidad de niños que atendía cada maestra comunitaria permitió un mejor seguimiento de estudiantes con extraedad y asistencia intermitente. La académica destacó la capacidad de articulación con otras instituciones y organizaciones a las que los maestros podían apelar gracias al PMC, lo que permitió diversas derivaciones para atender problemáticas de salud, entre otras.
Al igual que Arbeleche, Bordoli destacó el rol de estas profesionales durante el período de suspensión de la presencialidad de la educación, especialmente para ir a buscar a los niños que tenían mayores dificultades para conectarse. En ese sentido, consideró “una paradoja” que el año pasado la DGEIP haya dispuesto que las maestras comunitarias cobren dos meses de sueldo menos, lo que les generó un “malestar importante”.
Además, destacó el “carácter horizontal” del intercambio que se dio siempre entre las maestras, con figuras especialmente definidas para trasladar planteos a la coordinación del programa, sin que ello implique el desconocimiento de las inspecciones de Primaria. En ese sentido, destacó la creación de la figura de los asistentes territoriales que funcionaron entre 2011 y 2019 en convenio con la FHCE, que en 2020 se cortó porque ANEP “no cumplió con la partida presupuestal”, según Bordoli. Al respecto, la académica también lamentó que las actuales autoridades hayan cancelado una revista de reflexión pedagógica que se producía en el marco del PMC cuando su último número estaba pronto para enviar a imprenta.
Bordoli destacó que el diseño original y los cambios que se fueron haciendo al programa siempre se acordaron con la FUM, pero desde 2020 la relación del sindicato con las autoridades de ANEP se deterioró. Según dijo, esa situación política no sólo hace que los intentos de cambio sean observados con desconfianza, sino que ello también ocurre con algunas acciones que ya se venían realizando en el marco del PMC. Como ejemplo mencionó la selección de las maestras para desarrollar la función, que queda a cargo de la dirección y que, en momentos “en que los diálogos entre las autoridades y los sindicatos no son fluidos”, podría verse con cierta discrecionalidad”.